Moreno Bonilla se declara dispuesto a escuchar para mejorar la Proposición de Ley para la legalización de regadíos en la corona Norte de Doñana, pero el trámite legal continua adelante por la vía de urgencia con la que fue planteado por PP y Vox. El 22 de junio termina el plazo de alegaciones, hasta ahora, solo el entorno ambientalista ha movido ficha presentando enmiendas.

A pesar del foco mediático que atrajo la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía para la tramitación de la ley de regadíos de Doñana, los efectos de la sonada cita son nulos. Las posturas prácticamente no han cambiado y la Ley sigue adelante, obviando la disparidad de criterios y la falta de consenso que evidenció la cita parlamentaria.

El enconamiento político se evidencia en la sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía. Partidos como Adelante o Por Andalucía reclaman la ausencia de poso científico en la Proposición de Ley (PL), también señalaron que la comisión reflejó el claro funcionamiento de una red clientelar a favor de la Junta de Andalucía, en alusión a los comparecientes alineados con la PL.

Por su parte, desde el PSOE–A, Juan Espadas acusó a Moreno Bonilla de estar confundiendo tener la “mayoría absoluta con la verdad absoluta” y de no tener más proyecto político que alimentar el “mantra del antisanchismo pepero”, pidiendo al presidente andaluz que se centrara en los problemas meramente andaluces.

Moreno Bonilla recuperó el tono moderado para presumir del respaldo con votos que obtienen sus políticas, entre ellas, la de Doñana. Pero saliéndose del mapa, volvía a poner sobre la mesa cuestiones como el “Falcon”, tachó además a todos los partidos a la izquierda del PSOE de “partidos progubernamentales (a favor del gobierno central)” y volvió a polemizar con la existencia de Bildu y su rol en la política nacional. Para poner en el menú algo más ligado a Andalucía, la bancada popular acabó comiendo, eso sí, fresas de Huelva.

Pero, sobre todo, Moreno Bonilla pidió al resto de agrupaciones políticas enmiendas y aportaciones para el PL de regadíos de Doñana. Sin embargo, todo apunta a que en nada mejorará el proyecto legislativo en el Parlamento andaluz. Y es que, la resaca política que deja la comisión del martes 13 es enorme y se sigue removiendo el mapa político andaluz.

La comisión de la bronca, pero no de las enmiendas

La izquierda señala que el peso de los comparecientes de la comisión estaba escorado hacia la tesis de PP y Vox, obviando los argumentos científicos. La última y más esperada intervención, la del biólogo Miguel Delibes y presidente del Consejo de Participación de Doñana, incidió en que no se podía gestionar el espacio “de espaldas a la ciencia”, y pidió a los responsables políticos alcanzar un diálogo para frenar una Ley que había llegado ya “demasiado lejos”, aumentando el riesgo de desaparición de nuestra mayor joya ambiental.

Delibes acaparó los focos ya que su intervención había sido escamoteada por PP y Vox. Los populares acusan a Delibes de hablar en base a criterios políticos más que científicos, y de erigirse en portavoz del Consejo de Participación, función que Delibes dejó claro que no ejercía, ya que intervino a título individual.

La comisión reflejó que hay una enorme disparidad de casos. Los casos de algunos agricultores particulares se presentaron como generales. Pero lo evidente es que la realidad que el PP quiere solucionar no es monocolor y, por lo tanto, no existe consenso. Ni los alcaldes de las cinco localidades afectadas, ni siquiera las organizaciones agrarias o sindicales están al unísono.

Propuestas concretas

Desde el entorno ambientalista, WWF avanza algunas enmiendas con las que pretende mejorar el proyecto. La entidad, que fue la única voz ecologista en la comisión, insta a retirar gran parte del articulado del PL. “Proponemos aprobar esta Ley con aquellos artículos a los que nadie puso objeción, que son los de creación de la oficina técnica y el de valoración de los proyectos de restauración en interés de la comunidad”, explica Juanjo Carmona. En realidad, los ambientalistas pretenden bajar el volumen del fragor político para crear un debate a largo plazo, “a día de hoy no hay recurso disponible –en referencia al agua– y, por tanto, no existe una urgencia en llevar la Ley a término”.

WWF señala que este PL equiparará a los productores de fresa ilegales con los legales, lo que supone un duro golpe y una competencia desleal. Pero, sobre todo, advierten que esta Ley perjudicará la conservación de Doñana, como ya ha alertado “ la comunidad científica repetidas veces, aunque no se haya invitado a expresarlas una vez más, en la Comisión el pasado 13 de junio de 2023”.

Regantes dispuestos a llegar hasta el final

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado es la entidad que impulsa la PL con sus reclamaciones. Formada por agricultores de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte defiende la legalización de regadíos como “la mejor herramienta para reparar la injusticia” que supuso el conocido como Plan de la Fresa (2014).

El Plan de la Fresa es el mayor consenso alcanzado en torno la distribución del territorio, normalizó 9 mil de un total de 11 mil hectáreas y fue respaldado por las distintas administraciones. Sin embargo, la realidad es que nunca se ha ejecutado ni controlado. Incluí también la realización de infraestructuras hídricas que son ahora el principal caballo de batalla entre la Junta de Andalucía y el gobierno central.

“Sin infraestructuras condenan a Doñana a que se seque”, explica a ElPlural.com Julio Díaz, exdiputado de Ciudadanos y actual portavoz de la Plataforma. Reseña la necesidad de hacer obras históricas que regenerarían en al acuífero y asegurarían la actividad agraria. Para Díaz, “Huelva tiene agua suficiente”, según los cálculos de la Plataforma, los cultivos que se pretenden legalizar precisarían de 3,5 hectáreas de agua superficiales, mientras que las depuradoras onubenses están liberando 12 hectómetros cúbicos a la ría y al mar.

Díaz se muestra combativo con el entramado asociativo e institucional que hay entorno a Doñana. Denuncia que el Consejo de Participación no pretende estimular “la participación en el espacio natural, solo controlar la gestión” y que la gestión que se ha venido haciendo del Parque pretende expulsar del mismo “a todos aquellos que ejercen la conservación natural con su propia función, como pastores o agricultores”. También señala a la comunidad científica, “en la que algunos científicos acaban hablando como políticos”, en alusión a Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. Mientras, lejos del mundanal ruido, las nubes siguen pasando de largo sobre Doñana sin dejar caer una gota de agua.