No habrá, obviamente, choque de trenes entre Andalucía y Madrid, ambas gobernadas por el PP, a propósito del futuro modelo de financiación autonómica todavía por negociar, pero al presidente andaluz le será muy difícil conseguir que su homóloga madrileña Isabel Díaz Ayuso comparta un documento como el suscrito esta semana con Ximo Puig y en el que Andalucía y Valencia han fijado sus posiciones sobre esta materia.

Para ambas, el criterio básico del futuro modelo debe ser la población ajustada, que en realidad ninguna comunidad rechaza… siempre que no se entre en detalles. Los detalles son, por ejemplo, la tasa de edad, los desempleados, el índice de envejecimiento, el grado de dispersión geográfica…

Ricos y pobres, llenos y vacíos

Precisamente en función del énfasis que cada comunidad pone en un aspecto u otro, cabe agruparlas en bloques diferenciados: Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Extremadura y las dos Castillas quieren que se pondere adecuadamente la dispersión, el envejecimiento y la despoblación, mientras que Andalucía, Valencia y Murcia ponen el foco en el volumen de población, principalmente para corregir la infrafinanciación que padecen.

Habría un tercer grupo conformado por los territorios con un elevado nivel de renta y que son contribuyentes netos al sistema: Madrid, Cataluña y Baleares, defensoras del principio de ordinalidad según el cual, aunque las tres aporten más al conjunto, no deberían perder posiciones en el ranking general. Su divisa, no siempre explicitada, es: 'el territorio que pague más debe recibir más'. A lo que las comunidades perceptoras suelen replicar: 'los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios'.

Según el informe de Fedea, publicado en agosto pasado, sobre ‘La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común’ y del que es autor Ángel de la Fuente, el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra por encima de sus ingresos tributarios de unos 19.000 millones de euros. De ellos, el Estado aporta unos 10.300 millones de euros y las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares alrededor de 8.500 millones.

“¿Cuál va a ser la posición del PP?”

Sobre estas cuestiones reflexionó ayer en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recordó que Madrid  y Andalucía “defienden modelos radicalmente diferentes” y se preguntó si Pablo Casado será capaz de conciliar ambas posiciones, de forma que el PP defienda en la negociación parlamentaria un documento de síntesis que recoja las distintas sensibilidades de los barones del partido.

“¿Cuál va a ser la posición del PP?”, se preguntó Montero: “Quizá la señora Díaz Ayuso -añadió- esté más alineada con los partidos catalanes que con Andalucía y Galicia, y lo mismo podría suceder en mi propio partido”.

También subrayó Montero que Madrid (y otras comunidades que no citó) se opuso en su día a la petición de Andalucía y la Comunitat Valenciana de crear un fondo compensatorio para las regiones infrafinanciadas.

Por lo demás, en su ofensiva por una financiación autonómica justa y suficiente, Moreno se maneja con una cierta doblez: su discurso ante el socialista Ximo Puig pone el énfasis en el interés nacional y en la cohesión territorial, pero su discurso en el Parlamento autonómico y ante su propio partido se recrea en el supuesto trato de privilegio a Cataluña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora, en Génova tiene mucho más peso la pulsión anticatalanista que la voluntad de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible.