Marbella es hoy un agujero negro en la resplandeciente galaxia de poder institucional del PP en una de las pocas provincias andaluzas donde es claramente hegemónico, con el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la mayor parte de la próspera franja costera en manos populares desde años. En las autonómicas de junio, el PP logró en la provincia un 47 por ciento de los votos y 304.500 papeletas, mientras que el PSOE no llegó al 21 por ciento y apenas sumó 134.000.

El procesamiento de su marido y uno de sus hijastros por blanqueo de capitales y narcotráfico, los contratos a una empresa vinculada con la trama criminal en la que están involucrados sus familiares y el cambio de titularidad de propiedades que compartía con su cónyuge cuando ya la justicia le pisaba los talones salpican a Ángeles Muñoz, cuya fortuna personal supera los 12 millones de euros aunque su única ocupación desde hace más de un cuarto de siglo es la política. 

El más que saneado patrimonio de Muñoz solía vincularse con la fortuna millonaria de su marido Lars Gunnar Broberg, aunque, por una parte, están casados en régimen de separación de bienes y, por otra, las pesquisas judiciales están poniendo en entredicho el verdadero origen de las propiedades y cuentas bancarias del cónyuge, de nacionalidad sueca.

Cosas que no puedes no pensar

En política hay cosas que es del todo imposible no pensar pero completamente inconveniente mencionar. Como les ocurriría a los de cualquier otro partido en su lugar, a los dirigentes del PP de Andalucía, con el presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza, les es imposible no albergar alguna sospecha sobre la fortuna de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pero al mismo tiempo son muy conscientes de que verbalizar sus recelos sería letal, primero porque no saben a ciencia cierta cuánto fundamento tienen realmente y segundo porque mancharían la 'marca PP-A' y pondrìan a su compañera de partido a los pies de los caballos.

“Seguro que está en condiciones de demostrar que su patrimonio tiene un origen perfectamente legal”, decía días atrás en una entrevista en Onda Cero el coordinador general del PP, Elías Bendodo, muy vinculado a Marbella, que reiteró que Muñoz no está investigada, aunque midió con cautela las palabras de respaldo explícito a la regidora.

Matas, Zaplana, Gil 

En el imaginario colectivo del PP siguen muy presentes casos de dirigentes como los exministros y expresidentes autonómicos Jaume Matas o Eduardo Zaplana, ninguno de los cuales ha podido explicar convincentemente el origen de sus fortunas. El primero ya ha pasado por la cárcel, mientras que el segundo tiene difícil escapar a ella. 

Matas fue durante la mayor parte de su larga carrera institucional un político libre de toda sospecha. Sus compañeros de partido confiaban en su inocencia hasta que la justicia hizo mella en aquella confianza, compartida por el propio presidente José María Aznar, que lo hizo ministro.

A su vez, en el imaginario político andaluz no está menos presente la era de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella, cuyas arcas fueron primero colmadas por los colosales beneficios derivados de un urbanismo salvaje y a renglón seguido saqueadas sistemáticamente durante años por sus gobernantes.

La sombra huidiza de Jaume Matas y el seboso espectro de Jesús Gil planean hoy sobre la Marbella aparentemente inmaculada de Ángeles Muñoz. Retratarse hoy con la alcaldesa no es una buena idea. El presidente Moreno lo hizo por última vez durante la campaña electoral, en junio pasado. Hoy no repetiría aquella imagen. Ningún presidente en su lugar lo haría. Ciertamente, sus compañeros de partido y del Gobierno andaluz la defienden, pero lo hacen con tan escasa contundencia y con pronunciamientos tan tibios, cautelosos y escuetos que se ve a la legua que no están dispuestos a poner la mano en el fuego por ella.

Sospechar no es demostrar

Para la justicia no siempre es fácil demostrar lo que todo el mundo cree saber. El lujoso palacete adquirido por Matas en pleno centro de Mallorca –por 980.000 euros aunque estaba tasado en 2,4 millones– evidenció que había habido "un incremento no justificado del patrimonio" del president del Govern de les Illes Balears, pero lo cierto es que el juez José Castro acabó archivando la causa al pedir la Fiscalía su sobreseimiento: no pudo demostrarse un origen ilícito de los fondos, y ello a pesar de haberse producido "un uso reiterado de dinero opaco para la adquisición de bienes muebles y contratación de diferentes servicios".

Ángeles Muñoz compró en 2003 al 50 por ciento con su marido la mansión familiar tasada en unos 12 millones de euros y enclavada en el término municipal de Benahavís, colindante con el de Marbella. La propiedad del inmueble la ostentaba hasta esa fecha la sociedad Crasel Panoramica SL, radicada en la colonia fiscalmente paradisíaca de Gibraltar.

Nadie en el PP va a citar discretamente a Muñoz en una sede del partido para pedirle explicaciones ni reclamarle papeles. El mero hecho de proponerlo ya sería una acusación. Los partidos no hacen esas cosas con uno de los suyos; y menos con uno que gana elecciones. Al PP solo le cabe fiarse de su palabra y de la propia justicia, que nunca ha examinado a fondo ni visto nada sospechoso en el patrimonio de Muñoz. La alcaldesa puede ser perfectamente inocente de cuantas acusaciones viene lanzando la oposición, pero precedentes tan enojosos como los de Jesús Gil, Jaume Matas o Eduardo Zaplana operan políticamente en su contra. 

Una candidatura en el aire  

En todo caso, parece incontestable que las opciones de Muñoz de repetir como candidata a la Alcaldía de Marbella en las elecciones del año que viene han mermado de modo significativo desde que trascendieron algunos embarazosos detalles de la investigación judicial que se sigue contra Lars Broberg y su hijo Joakim, como el relativo a la concesión de contratos de obra pública por casi 650.000 euros a una empresa vinculada con sus familiares directos y en cuya tramitación participó Lars enviando a la alcaldesa un email que ella reenvió al concejal de Obras.

A ello hay que sumar datos patrimoniales de la declaración de la propia Ángeles Muñoz que seguramente habrán hecho saltar las alarmas en el palacio de San Telmo. En la actualización de su renta y patrimonio, que como senadora hizo efectiva la semana pasada, la regidora ha pasado de tener el 50% de tres sociedades compartidas con su marido a ser propietaria del 100% de las mismas, al igual que en el caso de una vivienda adquirida en Suecia en 2005.

La posición oficial del PP andaluz es que, salvo renuncia expresa, quienes son alcaldes se convierten automáticamente en candidatos. El PP gobierna Marbella con mayoría absoluta: en 2019 consiguió 14 de los 27 escaños en juego, pero el apoyo popular podría menguar significativamente de persistir el ruido político hasta la celebración del juicio. 

Si, de puertas adentro, no le pidieran o no lograra dar explicaciones convincentes sobre su patrimonio, la mejor salida en el caso de Muñoz sería que ella misma renunciara a presentarse; en tal caso podría conservar durante unos meses el acta de senadora que le garantiza su aforamiento, pero sería poco probable que pudiera acceder a un nuevo mandato.

En todo caso, ¿podría ocurrir que todo el escándalo quedara finalmente en nada? Podría. No sería la primera vez: bien la por la imposibilidad de demostrar nada delictivo, bien porque en realidad no hubiera nada delictivo que demostrar. Pero, mientras llega ese momento, en San Telmo se extiende una inquietud inspirada en esta pregunta: ¿pueden fiarse de Muñoz?