Buena noticia para la patronal del juego, pero mala para las familias donde alguno de sus miembros es víctima de la ludopatía. Con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox, el Parlamento andaluz rechazó ayer tomar en consideración la proposición de ley presentada por el PSOE para modificar la normativa andaluza sobre el juego y las apuestas y que incluía restricciones como la prohibición de abrir casas de juego a menos de 500 metros de centros escolares, universidades, parques infantiles o estadios deportivos.
La iniciativa del Grupo Socialista se hacía eco de la preocupación cada vez más extendida sobre los riesgos de la liberalidad jurídica y administrativa con el sector del juego, que prácticamente no tiene cortapisas ni a la hora de instalar nuevas salas ni a la hora de publicitarse en los medios de comunicación en horarios infantiles.
Medidas restrictivas
La proposición sugería incluir en la ley una mención expresa al juego patológico que comprometa a la Junta a “promover la sensibilización, información y difusión a través de campañas que adviertan del potencial adictivo de los juegos de azar, y garantizar la asistencia y el apoyo psicológico y social de los afectados, además de colaborar y financiar a las asociaciones de personas afectadas y facilitar la formación específica del voluntariado”.
La propuesta del PSOE, que sí apoyó Adelante Andalucía, también restringía más severamente el acceso de menores o a discapacitados a las salas de juego, incluso yendo acompañados por un adulto.
Para los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox las restricciones que pretenden los socialistas impedirían la apertura de cualquier nuevo local de juego y, además, están fuera de lugar, ya sea porque el juego está suficientemente regulado (Pablo Venzal, del PP), porque las competencias legislativas sobre el mismo son del Estado y no de las autonomías (Ramón Semper, de Ciudadanos) o, finalmente, porque la ludopatía es porcentualmente insignificante en España (María José Piñero, de Vox).
Alarma bien fundada
El desahogo con que la portavoz de Vox manejaba los porcentajes de ludópatas contrasta con los últimos datos que maneja la Junta de Andalucía y que difundía el pasado fin de semana la agencia EFE.
Según estadísticas oficiales referidas a 2018, las admisiones a tratamiento por juego patológico en centros públicos de Andalucía ha alcanzado su número más alto desde que empezaron a notificarse en 2003, con 1.083, de los que el 95 por ciento son hombres con una media de edad de 37 años y un 1,5 por ciento son menores de edad.
El récord de atención por juego patológico es una tendencia que este año se puede superar porque la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ASEJER) tiene registradas, hasta septiembre pasado, 272 usuarios (179 afectados y 93 familiares), mientras que en todo 2018 fueron 354 usuarios (241 afectados y 113 familiares).
Del total de personas admitidas a tratamiento por juego patológico, que tienen entre 13 y 84 años y son casi un 27 por ciento más que el año anterior, la mayoría (89,2 %) indica que los principales tipos de juego que motivan el tratamiento son los de azar (hasta el 96,3 % en el caso de las mujeres).
Entre las personas admitidas por juegos de azar, el 55,7 % demanda tratamiento por jugar a máquinas recreativas, mientras que el 22 % lo hace por jugar en casinos, el 14,2 % a apuestas deportivas, el 4,1 % al bingo y el 3,9 % por jugar a loterías. De los problemas derivados de la adicción al juego, el más frecuente son los conflictos familiares (84,9 %), seguidos por los problemas económicos (81 %).
Una droga para los pobres
Considerado por muchos expertos como “la droga del siglo XXI”, con un volumen de negocio que se ha visto multiplicado exponencialmente gracias a la digitalización de las apuestas, la presencia de salas de juego ha aumentado significativamente en los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades.
La prensa nacional recogía en 2018 distintos informes que certificaban que, en Madrid, las salas de juego habían crecido sobre todo en barrios como Aluche o Puente de Vallecas.
Según un informe de El Confidencial.com, a cierre de 2017, “si nos atenemos a los distritos de la capital donde más de la mitad de las rentas no superan los 25.000 euros anuales, los locales de juegos de azar han pasado de 55 a 133 en tres años, un aumento del 141%”.
