La Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD) ha remitido esta semana una carta a los representantes de Partido Popular y Ciudadanos que participan en las negociaciones para formar el nuevo Gobierno andaluz, así como a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en la que pide "protección a las organizaciones y colectivos sociales atacados en las propuestas de Vox para dar apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía".
Desde la CAONGD recuerdan a PP y Ciudadanos que las ONGD andaluzas, como parte del tejido asociativo de la región, “son organizaciones legalmente constituidas, que esta constitución deja al margen cuestiones ideológicas y que las actividades de su labor que están financiadas por fondos públicos ya son sometidas a exhaustivas auditorías externas”.
Contra los bulos
Para la CAONGD, en estas negociaciones debe “primar hasta el último momento el respeto a los derechos humanos y la justicia social, desde una óptica de sensatez que no dé respaldo a los bulos y ataques que promueven el odio hacia diferentes sectores de la sociedad incluidos” en el documento del partido de extrema derecha inicialmente planteado al PP, aunque luego rebajado en el acuerdo final suscrito por ambos.
Aun así, distintos medios informativos y organizaciones sociales han advertido de que las rebajas en el acuerdo de 37 puntos suscrito entre PP y Vox son más formales que de fondo. El editorial de este viernes del diario El País lo expresaba así: “El documento suscrito con Vox no deja de lado los requerimientos más conflictivos del programa de una fuerza de ultraderecha, sino que los formula a través de circunloquios y eufemismos dirigidos a ocultar su implícita aceptación por parte del Partido Popular”.
Para la CAONGD “esta persecución ideológica acerca peligrosamente el discurso del debate político en Andalucía a la primeras declaraciones de intención del recién proclamado presidente Bolsonaro en Brasil, o a la deriva represora del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, con consecuencias nefastas tanto en su expresión más grave, las personas fallecidas en ataques de las fuerzas de seguridad públicas, como en el desmantelamiento de los derechos y las políticas sociales y la eliminación de toda actividad ciudadana organizada”.
