El verbo 'barrar' solo existe para la Real Academia de la Lengua en España como el significado de "embarrar". No obstante, el verbo sí que ha sido muy escuchado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación que la pasada semana culminó con la detención de 13 exaltos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta en las ocho provincias de Andalucía. Los agentes escucharon en multitud de ocasiones que tal o cual presupuesto había sido "barrado" en el caso de los cursos de formación. Para una persona ajena al mundo de la contabilidad, este tecnicismo se convertía en ininteligible. Poco a poco, y sobre todo tras hablar con los ocho interventores generales de la Junta en las ocho provincias andaluzas los guardias civiles entendieron qué significaba el verbo 'barrar' en la contabilidad. Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el 'barrado' de un presupuesto es una técnica contable "muy antigua" en las cuentas públicas. Así, sostienen que 'barrar' algo significa que cuando, por ejemplo, un presupuesto no se ha agotado la cantidad sobrante se arrastra al siguiente. Es decir, si había diez para gastar y solo se produjo un gasto efectivo de ocho los dos sobrantes pasan al presupuesto siguiente. Las fuentes precisan que la técnica contable consistía en que se 'barraba' un presupuesto para el año siguiente sin que el gasto estuviese justificado. Es decir, los beneficiarios de subvenciones públicas para dar cursos de formación no justificaban al detalle que se habían gastado todo el dinero. Como apenas había tiempo entre convocatoria y convocatoria para comprobarlo, los responsables de las distintas consejerías de Empleo daban la orden de "exonerar" la justificación del gasto y estas empresas podían presentarse otra vez a la siguiente convocatoria. En eso consistía el 'barrado' contable y por eso este operativo ha sido bautizado con ese extraño y al principio incompresible nombre. Los agentes detuvieron en el marco de la operación Barrado a 13 altos cargos de la Consejería de Empleo durante esos años, aunque todos ellos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar ante la juez Alaya. Cuatro eran exdirectores generales de Formación y nueve exdelegados provinciales de Empleo (en la provincia de Cádiz hay dos, uno para el Campo de Gibraltar). Dos de estos últimos, el de Huelva, Eduardo Muñoz García, y la de Sevilla, Aurora Cosano, seguían actualmente ocupando estos puestos. Entre los arrestados también se encontraba la que fuera máxima responsable de Formación Profesional, Teresa Florido, cuñada del que fuera consejero de la Junta Ángel Ojeda Aviles, arrestado en agosto por la Policía en la ‘Operación Óscar’, por embolsarse de modo supuestamente irregular 48 millones de euros de los cursos para parados. Junto a ella estaban los también ex directores generales María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez, y los ex delegados provinciales Antonio Rivas, también imputado en el caso de los ERE; Juan Carlos Lomeña, salpicado en la primera fase de la ‘Operación Edu’ desarrollada en Málaga; Antonio Fernández Ramírez, Juan Manuel Bouza, Francisca Pérez, eIrene Sabalate. También se detuvo a otras tres personas en Mijas, por la escuela de formación de hostelería, pero en el marco de una operación distinta. La Guardia Civil acusa a estos altos cargos del Gobierno andaluz de varios delitos, pero principalmente de los de prevaricación y los de falsedad documental. Según ha podido saber este periódico, los agentes han podido comprobar tras un registro en la sede de la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía que muchos de los expedientes con los que se certificaba el pago de estos cursos de formación estaban casi totalmente incompletos.