La hasta ahora inextricable maraña judicial de El Algarrobico empieza poco a poco a clarificarse. Los avances son lentos, pero van todos en la misma dirección: certificar judicialmente la ilegalidad de la construcción, derribarla y restituir los terrenos protegidos a su estado original. Aun así, el caminos que queda por recorrer todavía es largo. La Junta pide ahora a la justicia permiso para entrar y tenerlo todo a punto para cuando pueda hacer efectivo el derribo. La empresa promotora del hotel defiende sus intereses y se agarra al clavo ardiente –o no tan ardiente– de que hizo la obra porque tenía todos los parabienes administrativos del Ayuntamiento de Carboneras y de la propia Junta de Andalucía. La Junta ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una "autorización de entrada" en los terrenos donde se levanta el hotel de Azata el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para "tomar posesión de la finca" y "dar, así, cumplimiento" al protocolo firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente que contempla la demolición del inmueble y la recuperación de la playa. No obstante, la demolición no va a ser, ni mucho menos, inmediata. El abogado de Ecologistas en Acción José Ignacio Domínguez lo ve "problemático" ya que aún hay que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo que se pronunciará sobre si los terrenos son o no urbanizables. "Si el Supremo dice que los terrenos no son urbanizables, el hotel ya no tiene solución, porque la sentencia donde se dice que la licencia de construcción del hotel es legal sería anulada, puesto que no habría más remedio que anularla. No puede ser legal un edificio construido en terreno no urbanizable", ha apostillado. AUXILIO JUDICIAL En el escrito de la Junta, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide "auxilio judicial" al Alto Tribunal para hacer efectivo el derecho de retracto que se ejerció sobre los sectores ST-1 y ST-2 ante la "actitud de las entidades Azata del Sol y Azata Patrimonio SL" que, según remarca, ha "impedido la entrega voluntaria" de la finca adquirida por la administración autonómica por 2,3 millones de euros. El Gobierno andaluz solicita, asimismo, al TSJA que "requiera judicialmente" a la empresa promotora del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones para que designe una cuenta bancaria "en la que hacer efectivo el pago del precio del retracto" validado en una sentencia firme o que el propio tribunal señale una cuenta "en la que llevar a cabo la consignación judicial" de esta cuantía. Ambas peticiones dan respuesta a la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 3 de marzo en la que interpelaba a la Junta andaluza para que "concretase qué medidas de ejecución" solicitaba que fuesen "adoptadas" por el tribunal en el marco del incidente de ejecución forzosa de la sentencia que avaló en 2013 el derecho de retracto ejercido en 2006 para "preservar los valores medioambientales" del paraje. El escrito acompaña copia de la publicación en BOE el 6 de diciembre de 2011 del protocolo firmado por Junta y Ministerio de Medio Ambiente en el que ambas administraciones se comprometen a, "tan pronto como sea posible y al amparo de los que resuelvan los órganos jurísdiccionales correspondientes, a contribuir a la inmediata demolición del hotel y la posterior restauración del espacio sin perjuicio, todo ello, de la posible responsabilidad de terceros". RESISTENCIA DE LAS EMPRESAS En concreto, la Junta indica que, a pesar de las "facultades de autotutela" con las que cuenta la administración, la "actitud" de las entidades Azata del Sol y Azata Patrimonio SL le "lleva a solicitar auxilio judicial" ya que han sido "diversos" los "intentos infructuosos" de citarlas para "el pago y ocupación" de la finca. Señala que, ante la "inicial negativa" de Azata del Sol a recibir el precio del retracto, el 9 de noviembre de 2006, "se depositó" este montante económico de 2,3 millones de euros "en la cuenta de depósito de la Consejería de Economía y Hacienda a favor" de la mercantil y añade que "no ha sido posible" que compareciera para hacerle entrega de la cantidad ya consignada. En el escrito, explica también al TSJA que la administración autonómica "necesita entrar a tomar posesión de los bienes retraídos a fin de ejecutar el retracto y dar, así, cumplimiento al Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico, suscrito el 15 de noviembre de 2011 y publicado en BOE el 6 de diciembre de 2011". Insiste, en este punto, en que la "actitud" de Azata del Sol y Azata Patrimonio SL "han impedido la entrega voluntaria y toma de posesión de la finca", por lo que, según remarca, "resulta preciso solicitar de esta sala, como órgano competente para la ejecución, la correspondiente autorización judicial de entrada". "En este contexto, y entendiendo que, en este caso, concurre la obligación de la administración de obtener el consentimiento del particular o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial para acceder a la finca, solicitamos autorización puesto que el particular no ha otorgado el consentimiento, y dado que tal finca pudiera ostentar la consideración de domicilio", traslada para concluir solicitando "cuantos medios sean necesarios para hacer efectivas las medidas señaladas". LOS ECOLOGISTAS APLAUDEN LA INICIATIVA Las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran un paso "inteligente" y "positiva" la petición de la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia. Así, el abogado de Ecologistas en Acción José Ignacio Domínguez, ha explicado a Europa Press que le parece un "paso muy positivo" porque con ello se observa que la Junta de Andalucía "ha cambiado" su política, ya que "hasta ahora decía una cosa y en los tribunales hacía otra". "Parece que ahora ha cambiado y está actuando de una forma más coherente con lo que dice", ha apostillado. Aun así, la demolición tendrá que esperar. En este contexto, ha recordado que el Supremo ha emitido ya cuatro sentencias contrarias al Algarrobico. De estas, según ha precisado, tres afirman que la edificación invade la servidumbre de protección y hay otra cautelar que dice que los terrenos están protegidos de modo que no pudieron continuar las obras. "El Supremo se ha manifestado ya cuatro veces y esta que queda sería la definitiva", ha apuntado. MANIOBRA INTELIGENTE EN LA MARAÑA Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha calificado la solicitud de "inteligente maniobra política" de la Junta de Andalucía que recuerda así que una sentencia les ha otorgado el derecho de retracto sobre los terrenos. Marcos ha enmarcado la petición en la "maraña judicial creada" en el asunto de El Algarrobico después de que los tribunales se contradijeran. De este modo, ha recordado que primero dijeron que no eran urbanizables los terrenos, luego que la licencia de construcción sí lo era, y ahora se está "a la espera" de que el Supremo resuelva si los terrenos son urbanizables de acuerdo con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata (Almería). "Mediante esta inteligente maniobra obligan al TSJA a que se defina", ha insistido, aunque ha reconocido que, de momento, no se puede hacer nada para iniciar el derribo. A su juicio, lo seguro es que la Junta puede ejercer su derecho de retracto y con este paso está reclamando al TSJA que defina "de qué lado está". "Esperamos que el Tribunal Supremo resuelva y avale que El Algarrobico es ilegal. Esta sentencia se espera para el mes de mayo aproximadamente", ha confiado Marcos que ha subrayado que "tiene su valor que la Junta siga dando pasos".