La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para emprender acciones judiciales contra la Administración General del Estado en relación con la adecuación de sus inversiones a la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía. El titular de la consejería, Antonio Ávila, ha informado al Consejo de Gobierno sobre esta decisión, que se adopta ante el incumplimiento del Ministerio de Hacienda de su obligación de informar sobre la inversión totalmente ejecutada en los ejercicios 2010 y 2011.

Documento metodológico
De acuerdo con la DAT, el gasto inversor del Estado con destino a Andalucía debe garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, como marca el artículo 138.1 y 2 de la Constitución Española, y tiene que ser equivalente al peso poblacional de la comunidad autónoma en el conjunto del Estado a lo largo de un periodo de siete años. Para desarrollar esta exigencia estatutaria, la Comisión Bilateral de Colaboración Junta de Andalucía-Estado aprobó en octubre de 2009 un documento metodológico sobre criterios y procedimientos de aplicación e información.

Decisión
La decisión de emprender acciones judiciales viene precedida del requerimiento enviado el pasado 31 de mayo por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para que diese cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con la DAT, en particular la de aportar información en un plazo máximo de 15 días sobre las inversiones efectivamente ejecutadas en Andalucía durante los ejercicios de 2010 y 2011.

El Ministerio de Hacienda niega competencias sobre el DAT
En esta carta, el consejero también recordaba al Gobierno de España su obligación de suministrar información sobre la inversión de 2012 antes del 30 de junio. Asimismo, formulaba un requerimiento previo a la interposición de recurso por la inactividad de la Administración General del Estado y su negativa a convocar la Comisión Bilateral para abordar el asunto. El pasado 20 de junio, el Gobierno andaluz recibió la respuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En ella, este centro directivo del Ministerio de Hacienda niega competencias sobre la DAT a la Comisión Bilateral Junta-Gobierno. Del mismo modo, el Gobierno de España rechaza que esta disposición del Estatuto de Autonomía pueda condicionar las inversiones del Estado y, para cumplir con el deber de informar a la Junta, remite a datos incompletos procedentes del Informe de Distribución Territorial de la Inversión del Estado y sus organismos autónomos. Esta información es incompleta porque no tiene en cuenta al sector público empresarial, que ejecuta más de la mitad de las inversiones estatales.

Inversiones reconocidas
En relación con la DAT, el Gobierno central y la Junta de Andalucía ya alcanzaron en octubre de 2011 un acuerdo que fija en 1.504,4 millones de euros las inversiones estatales no ejecutadas en 2008 y 2009. Acerca de los ejercicios de 2010 y 2011, los Presupuestos Generales del Estado sí se ajustaban al criterio de adecuación al peso poblacional pero la Junta desconoce si hubo o no desviación en la inversión realmente ejecutada prevista, ya que el Gobierno de España no ha facilitado esa información.

Debería haber sido del 17,8% frente al 14,6% presupuestado
En cuanto a 2012 y 2013, los Presupuestos Generales del Estado no han respetado la DAT ni en su contenido (requisito de población) ni en la metodología acordada por ambas administraciones. Para 2012, el peso de la inversión del Estado en Andalucía debería haber sido del 17,8% del conjunto nacional, frente al 14,6% presupuestado. En 2013 la inversión asignada es del 15,3%, por debajo del 17,9% que exige el Estatuto de Autonomía.