En estos últimos días, el debate sobre la dimensión pública de la sanidad y la educación es constante. De hecho, las redes sociales y medios de comunicación se refieren constantemente a la universalidad, la calidad del servicio o los presupuestos que destinamos. Es lógico. Por las mañanas los padres complementamos la labor de los docentes y por las tardes aplaudimos la de los sanitarios.

Ahora bien, en este debate se omite la reflexión sobre otro servicio público esencial: la justicia. No es lo más inmediato pero su necesidad en toda sociedad es incuestionable. Y es otro de los pilares del Estado social y democrático de derecho. Aunque eso sí, a casi nadie se le ocurre ir a buscar justicia a un juzgado.

Pues bien, en pleno estado de alarma el Consejo General del Poder Judicial nos ha obsequiado con un documento de propuestas para reformas urgentes de 436 páginas. La situación es insostenible, y a la demora y problemas preexistentes se estima que se sumaran los que deriven de la crisis: más demandas, mayor litigiosidad y menos recursos materiales y humanos. En definitiva, mayor necesidad social y menor capacidad de respuesta.

Las propuestas del CGPJ no pueden ir encaminadas en peor dirección. En lugar de abordar las necesidades y proponer medidas concretas que puedan dar resultado, contienen un lote de recetas que solo conseguirán empeorar la ya crítica situación de una justicia muy tocada, desprestigiada y sin capacidad de respuesta para la ciudadanía.

En primer lugar, se opta por la deriva privatizadora y así se quieren introducir alternativas de mediación o arbitraje. Esto que a priori pudiera sonar bien, es un disparate. Se trata de una privatización encubierta. En el ámbito público no existe, de hecho, ningún sistema alternativo para la resolución de conflictos. Y es que la justicia como servicio público es insustituible. El sucedáneo que pretende activar el CGPJ inyecta los ojos de sangre de los mercaderes que ya avistan nuevas oportunidades de negocio motivadas por la degradación de lo público.

En segundo lugar, quieren restringir el derecho de defensa. Y así nos topamos con propuestas tales como reducir el número de palabras en los recursos (literal), el número de jueces que integren un tribunal –que quieren reducir a solo uno-,  incrementar las cuantías a quienes quieran presentar un recurso o impedir que se puedan recurrir las sentencias que se dicten en primera instancia en asuntos tales como los ERTEs. La capacidad de argumentación técnico-jurídica o las garantías deben ceder ante el empuje de la falta de capacidad de respuesta por parte de la Justicia.

Y en tercer lugar, observamos ideas estúpidas de quienes diseñan desde un escritorio las medidas destinadas a los operadores jurídicos. Por ello, pretenden habilitar las tardes o el mes de agosto para señalar vistas judiciales. Eso sí, sin destinar ni un céntimo de euro más a las evidentes necesidades de personal, que no piensan incrementar. En la justicia laboral sevillana ya tuvimos ocasión de probar con los juicios de tarde. Y el resultado fue devastador: nadie que lo haya conocido, plantea esa opción como viable. Solo sirve para generar mayores incidencias que solo congestionan aún más un ya de por sí bloqueado servicio.

Así las cosas, el documento no contempla destinar más recursos presupuestarios o mejorar la planta judicial –esto es crear más juzgados donde sea necesario-, reforzar con más personal –funcionarios, letrados de la administración, jueces y magistrados, forenses, informáticos, personal de apoyo, etc.- Tampoco se plantea adaptar el funcionamiento a la realidad comunicativa y así los Juzgados seguirán sin apenas utilizar la mensajería instantánea, el correo electrónico o las aplicaciones informáticas. Las montañas de papel se siguen amontonando en los Juzgados, y simbolizan a la perfección el olvido programado de la clase dominante. Jamás ha interesado al poder una justicia de verdad funcione.

Quienes idean estas propuestas, sueñan con una justicia de salón que cumpla con los presupuestos que su impunidad requiere a la vez que se doblegue ante el poder. Para ello, con sus medidas garantizan que el Estado de Derecho no se pueda desarrollar. Y por eso, nos condenan a los retrasos de años, la escasez de recursos y las situaciones propias de siglos pretéritos. Los compiladores de la antología del disparate judicial, eso sí, estarán de enhorabuena.

(*) Luis Ocaña Escolar es abogado y profesor asociado de la Universidad de Sevilla.