Son tres las causas que se encuentran abiertas en los tribunales contra el Servicio Andaluz de Salud por posibles irregularidades que se habrían dado a la hora de formalizar contratos con la sanidad privada. Concretamente, las denuncias se habrían efectuado en base a presuntos delitos, como podría ser el de prevaricación, que se habrían cometido haciendo uso de la contratación de emergencia durante la pandemia, es decir, entre 2021 y 2024. Estos procedimientos se venían mirando con lupa en tribunales de Sevilla, Córdoba y Cádiz, si bien, el juez de instrucción encargado de investigar en la capital andaluza a los tres gerentes del SAS denunciados, Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, ha considerado que no hay indicios de culpabilidad en ellos.
Tanto la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud como sus dos predecesores venían siendo investigados tras las querellas presentadas por PSOE y Podemos. Estas denuncias fueron presentadas en septiembre de 2024 y, tras algo más de un año de instrucción, el magistrado encargado ha considerado que se debe proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa, considerando que no hay "elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”.
Llega a su fin, por el momento, esta pieza de la presunta contratación irregular que habría llevado a cabo el SAS durante la pandemia. Concretamente, las denuncias presentadas por PSOE y Podemos cifraban en 243 millones de euros el valor total de los contratos que están siendo analizados. Mientras tanto, siguen adelante las investigaciones que se llevan a cabo en los tribunales de Córdoba y Cádiz.
Entre los motivos para archivar esta causa, el juez de Instrucción ha expuesto en su auto que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no solo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento”.
La causa contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, se da por concluida por parte del juez escasos días después de que la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex consejera y ex viconsejera de Salud, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, fueran citados a declarar en calidad de testigos. Ambos cruzaron acusaciones en sus testimonios, en los cuales apuntaron también al personal técnico.
¿Por qué se presentó la denuncia contra el SAS?
A pesar del sobreseimiento provisional de esta pieza, sigue habiendo dudas que cuestionan si el Servicio Andaluz de Salud cometió irregularidades o no en sus contrataciones haciendo uso de la vía de emergencia que se puede argumentar acontecimientos catastróficos e imprevisibles. Es decir, la normativa estatal permite formalizar contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva cuando se da una situación que requiere una actuación rápida, como sucedió durante la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, la desconfianza manifestada contra la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Moreno Bonilla ha surgido en los denunciantes al entender que la contratación a dedo que se estaba llevando a cabo en el 2024 carecía de justificación, al haberse superado ya la mencionada pandemia.
En sus declaraciones ante el juez, estos tres gerentes del SAS que han sido investigados hasta el archivo de la causa han argumentado que mantener activa la contratación de emergencia se justificaba en el deber de seguir atendiendo las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y han restado relevancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno. Esto último también está siendo investigado.
Los altos cargos de Moreno Bonilla se culpan los unos a los otros
La pasada semana pasaban por los tribunales la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que entonces era la interventora general de la Junta; la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, que ostentara el puesto de viceconsejera de Salud durante los años de contratación de emergencia; el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa; y el que fuera responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda.
Sus declaraciones fueron solicitadas para seguir avanzando en la investigación que hallar a la persona que ordenó retirar la fiscalización previa de los contratos sanitarios para sustituirla por auditorías que se llevaran a cabo posteriormente. Se trata este de un aspecto que adquiere gran relevancia, ya que el juez instructor del caso busca esclarecer si haber neutralizado los controles previos que llevaban a cabo los interventores de la Junta de Andalucía pudo jugar un papel en las irregularidades que se habrían dado en los contratos concedidos, presuntamente, a dedo por parte del SAS a la sanidad privada.
Las dudas mostradas por los interventores gozarían de una base sólida basada en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 6 de octubre de 2020, en el que figuran las firmas tanto del que fuera por aquel entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, y del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. En dicho acuerdo, se decidió eliminar los controles previos de la Intervención sobre esos contratos de emergencia del SAS.
No obstante, las declaraciones que dejaron Amelia Martínez, Roberto Ochoa, José Antonio Miranda y Catalina García no permitieron sacar grandes conclusiones, ya que hubo un cruce de acusaciones entre ellos. Si bien, sí hubo algo en lo que coincidieron, siendo en asegurar que el sistema de control permanente, que es el que se lleva a cabo tras conformarse los contratos, es más ágil y eficaz que la fiscalización previa, algo que subrayaban era especialmente necesario durante la pandemia ante la gran cantidad de conciertos que debía realizar el SAS.
De esta manera, los cuatro testigos subrayaron que era mejor establecer el control posterior de la Intervención, si bien ninguno de ellos se atribuyó el mérito de tomar esa decisión que habría mejorado el sistema.
