En el día de ayer el PP andaluz sufrió un doble revés. En primer lugar, este miércoles se conoció que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba abrió una investigación el 11 de enero por apreciar posibles delitos de prevarización administrativa, falsedad documental y fraude contra la Administración en más de 150 contratos públicos adjudicados durante la pandemia por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. Esta plataforma, en aquellos años (2020-2021) dirigida por la actual gerente del SAS, Valle García, era el órgano encargado de gestionar las compras y suministros sanitarios de la provincia.
Por otro lado, en el día de ayer también se conoció que el juez que investiga la causa de la trama corrupta del PP almeriense había ampliado su listado de investigados después de concluir que, la anteriormente conocida como Trama Mascarillas, "no fue un hecho aislado", sino un "presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos" a través de varias empresas con una actividad "ficticia y simulada".
Respecto a la trama sanitaria cordobesa, que se une a otras dos causas que tienen 'enmendada' la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, el juez centrará su investigación en una doble vía: investigar tanto los contratos menores que la Plataforma cerró con distintas empresas privadas así como la contratación de emergencia, esa fórmula que permitió a los gobiernos contratar sin publicidad y a dedo en el marco de la situación de emergencia de la pandemia y que la Junta de Andalucía estuvo prorrogando durante tres años más, pese a que el marco legal había sido derogado.
Según el auto del juez, en Córdoba también se repite este patrón, y la actual gerente del SAS y entonces encargada de la Plataforma y también al frente del Hospital Universitario Reina Sofía, "concatenó" contratos de emergencias de "forma reiterada". La mayoría de estos contratos corresponderían a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario, aunque el juez también investigará aquellos que se corresponden con adjudicaciones para servicios de mantenimiento y otros suministros. El magistrado apunta a la posibilidad de que estos mecanismos excepcionales se hayan utilizado de manera “aparentemente generalizada” para eludir los procedimientos ordinarios de contratación y la competencia pública.
El origen del procedimiento está en la querella presentada en octubre por el PSOE, que denunciaba presuntas irregularidades en hasta 573 expedientes de contratación y solicitaba que Valle García fuera llamada a declarar en calidad de investigada. No obstante, el magistrado ha acotado por el momento el alcance de la causa y ha descartado otros delitos incluidos en la denuncia, como la malversación de caudales públicos o la pertenencia a organización criminal, al considerar que no están suficientemente justificados en esta fase inicial.
La querella socialista se apoyaba en dos informes de la Intervención Provincial del SAS, elaborados en 2022 y 2024, que analizaban los procedimientos de contratación utilizados por la plataforma logística durante los años más críticos de la pandemia. A partir de esa documentación, el juez ha realizado una primera selección de expedientes que ahora serán objeto de análisis judicial.
Esta causa se suma a las otras dos causas sanitarias a las que el Gobierno de Moreno Bonilla está haciendo frente, donde incluso han declarado en calidad de testigos altos cargos de su Ejecutivo y están investigados sus tres gerentes del SAS. Una de ellas investiga la presunta malversación en la concesión de 235 millones de euros en contratos menores fraccionados en la provincia de Cádiz en 2021 y, por otro lado, un juzgado de Sevilla investiga supuesta prevaricazión del SAS por el abuso de la contratación de emergencia entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal de la pandemia, derogado por el Gobierno central en 2021.
Almería
Por otro lado, y al mismo tiempo, saltaba otra alarma en el PP andaluz: el juez que investiga la trama del PP almeriense ampliaba su listado de investigado sy apuntaba al expresidente de la Diputación, Javier Aureliano, como presunto "eje central" de la trama. Concretamente, el auto recoge que "la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos público". Así, el juez sitúa como "eje central" la Diputación de Almería con el "pleno conocimiento, aquiescencia y participación" de García.
La investigación describe una maquinaria engrasada donde la adjudicación del contrato de material sanitario fue simplemente una oportunidad más generada en el seno de este sistema ilícito de adjudicaciones, el cual ignoraba los principios rectores de la contratación pública para favorecer intereses personales y económicos, según desprende el propio magistrado.
Y, aunque es cierto, que Moreno Bonilla ha tratado de mantener distancias desde que saltara a la prensa las primeras detenciones, es innegable lo que el juez acredita, y es que esta trama se remonta incluso a años previos a la pandemia, lo que dificulta que el conocimiento del PP andaluz en este entramado sea tan escaso como aseguran sus propios dirigentes.
De hecho, la imagen de Moreno también quedó en entredicho cuando aseguró haberse enterado de esta polémica por un teletipo, al igual que aseguró con Landaluce o los cribados. La realidad es que en el Parlamento andaluz llevan denunciando los hechos desde 2021, cuando se produjeron las primeras detenciones por la UCO, de Óscar Liria, diputado del PP andaluz en la Diputación y de Kilian López, el empresario al frente de Azor Corporate, una de las empresas implicadas en esta trama.
El PSOE andaluz ya denunció que dentro de la trama corrupta también existían empresas que estaban vinculadas a altos cargos del PP almeriense, como OYC Servicios Urbanos SL, Hijos de David Martínez SL y Tagilis SRL, que habrían facturado, al menos, hasta 301.873,37 euros a través de distintos contratos con la Diputación almeriense. Ahora, el juez ha ampliado la lista de empresas que, presuntamente, participaron en esta corrupta trama: OYC Servicios Urbanos S.L. (OYC); Albaida Infraestructuras S.A.; Talleres y Grúas González S.L.; Construcciones Nila S.L.; Mayfra Obras y Servicios S.L.; García Construcción Sostenible S.L. y Pulconal S.L.
Ahora, al PP andaluz le quedan unos meses en el horizonte, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, con una ramificación judicial que se suma a la crisis sanitaria ocasionada por el modelo popular, con la crisis de los cribados como epítome de una sanidad que se ha colocado como el principal problema de los andaluces y andaluzas.
