Lo que comenzó siendo una investigación centrada en un supuesto "pelotazo" sanitario durante los meses más duros de la pandemia ha terminado por destapar una estructura de corrupción mucho más profunda y arraigada. Las últimas pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirman que el escándalo de las mascarillas vinculado al Partido Popular de Almería era solo la "punta del iceberg". Según se desprende del auto judicial fechado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso la Cadena SER, existía una presunta organización criminal que operaba mucho antes de la llegada del Covid-19, orquestando amaños de contratos públicos no como hechos aislados, sino como parte de una dinámica sistémica.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería es contundente en sus conclusiones preliminares, señalando directamente a la cúpula política de la provincia. El juez sitúa al entonces presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, como el "eje central" de esta trama. El magistrado apunta que la red actuaba con el "pleno conocimiento, aquiescencia y participación" del presidente, aprovechando la institución para generar oportunidades de negocio ilícito. La investigación describe una maquinaria engrasada donde la adjudicación del contrato de material sanitario fue simplemente una oportunidad más generada en el seno de este sistema ilícito de adjudicaciones, el cual ignoraba los principios rectores de la contratación pública para favorecer intereses personales y económicos, según desprende el propio magistrado.

El auto judicial dibuja la estructura de esta presunta organización criminal en un doble plano perfectamente coordinado. Por un lado, se encontraba el nivel político, constituido por una serie de cargos públicos que presuntamente no solo posibilitaban y propiciaban las irregularidades, sino que se beneficiaban de ellas a nivel personal. Por otro lado, operaba el brazo empresarial, formado por una red de sociedades y empresarios que participaban en el esquema, bien recibiendo los contratos directamente o facilitando que otras empresas lo hicieran, siempre bajo la estricta dirección de los responsables públicos, según el juez. En este sentido, el juzgado ha ampliado la lista de investigados sumando a seis nuevos empresarios y señalando a siete sociedades concretas —entre las que figuran OYC Servicios Urbanos, Albaida Infraestructuras o Construcciones Nila— que habrían sido utilizadas para canalizar una treintena de contratos a cambio de mordidas.

Uno de los aspectos más reveladores y surrealistas de la investigación es el lenguaje en clave que utilizaban los implicados para comunicarse. La UCO ha analizado exhaustivamente el chat de WhatsApp denominado 'Naranjito', compartido por Javier Aureliano García, el exvicepresidente Óscar Liria y el diputado Fernando Giménez. Los investigadores descubrieron que los políticos empleaban una jerga relacionada con la odontología de forma "absurda, abusiva y un número de veces inexplicable" para camuflar sus conversaciones sobre licitaciones y cobros ilegales. Frases como "te vas a poder cambiar la piñata entera", "tengo las muelas picadas por tu culpa" o "necesito empastarme dos o tres muelas" eran, según la Guardia Civil, referencias veladas al cobro de comisiones y al reparto de beneficios ilícitos.

El juez destaca un momento clave que considera un indicio "muy claro y muy sólido" de la participación de la cúpula en la trama. El 8 de abril de 2020, apenas tres minutos después de la firma del decreto de adjudicación del polémico contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, Javier Aureliano García envió al grupo de chat un único emoticono: una muela. Este mensaje, aparentemente inocuo, cobra un sentido incriminatorio al contrastarse con los tiempos de la adjudicación y el resto de conversaciones intervenidas, donde el nerviosismo de los implicados era patente. El propio presidente llegó a escribir mensajes impacientes preguntando "¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo", a lo que Óscar Liria respondió con una frase lapidaria que resume la gravedad del asunto para los investigados: "Esto es salvar nuestra vida".

Más allá de los mensajes en clave, la investigación ha logrado rastrear el flujo físico del dinero, ofreciendo escenas propias de una novela negra. La UCO detectó entregas de efectivo a Óscar Liria, quien actuaba como "intermediario" para distribuir las supuestas mordidas entre cargos de la Diputación. Durante los registros domiciliarios, los agentes encontraron 26.000 euros en efectivo repartidos en sobres en la vivienda de Liria, un hallazgo que el juez calificó de "inusual" ante la falta de justificación documental. Sin embargo, el episodio más rocambolesco lo protagonizó el alcalde de Fines y tío de Liria, Rodrigo Sánchez, que fue interceptado por los agentes cuando intentaba sacar 119.950 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada, dinero que pretendía ocultar en el maletero de un coche dentro de una caja de cartón.

El origen de toda esta macrocausa, el contrato de las mascarillas adjudicado a Azor Corporate Ibérica S.L., se cerró por más de dos millones de euros con un sobrecoste del 42,27% y estuvo plagado de irregularidades: se realizó sin publicidad, a una empresa sin experiencia sanitaria y con vínculos familiares directos con Óscar Liria. Ahora, con la autorización judicial para clonar los teléfonos de los nuevos empresarios investigados, la UCO busca cerrar el cerco sobre los delitos de "cohecho, blanqueo de capitales y malversación" que pesan sobre la antigua cúpula del PP en Almería.