Más de 150 contratos públicos adjudicados durante la pandemia por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba están siendo investigados por un juzgado, que aprecia indicios de irregularidades en la forma de contratación bajo la dirección de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las diligencias se centran en adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2021, cuando Valle García dirigía tanto el Hospital Universitario Reina Sofía como la propia plataforma logística, órgano encargado de gestionar compras y suministros sanitarios en la provincia.
La investigación ha sido abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, cuyo titular, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude contra la administración. En el auto, fechado el pasado 11 de enero, el juez ordena que se dé traslado de las actuaciones tanto a la actual gerente del SAS como al propio servicio sanitario andaluz.
El origen del procedimiento está en la querella presentada en octubre por el PSOE, que denunciaba presuntas irregularidades en hasta 573 expedientes de contratación y solicitaba que Valle García fuera llamada a declarar en calidad de investigada. No obstante, el magistrado ha acotado por el momento el alcance de la causa y ha descartado otros delitos incluidos en la denuncia, como la malversación de caudales públicos o la pertenencia a organización criminal, al considerar que no están suficientemente justificados en esta fase inicial.
La querella socialista se apoyaba en dos informes de la Intervención Provincial del SAS, elaborados en 2022 y 2024, que analizaban los procedimientos de contratación utilizados por la plataforma logística durante los años más críticos de la pandemia. A partir de esa documentación, el juez ha realizado una primera selección de expedientes que ahora serán objeto de análisis judicial.
En concreto, la investigación se centrará en contratos menores y contratos de emergencia que, según el auto, aparecen concatenados de forma reiterada. La mayoría de ellos corresponden a la compra de productos farmacéuticos y material sanitario, aunque también figuran adjudicaciones para servicios de mantenimiento y otros suministros. El magistrado apunta a la posibilidad de que estos mecanismos excepcionales se hayan utilizado de manera “aparentemente generalizada” para eludir los procedimientos ordinarios de contratación y la competencia pública.
El juez reconoce, no obstante, la singularidad del contexto en el que se produjeron estas adjudicaciones, en un momento marcado por la necesidad de atender “las necesidades esenciales de la población” durante la crisis sanitaria. Esa circunstancia, subraya, será tenida en cuenta a lo largo de la investigación, aunque no excluye la obligación de analizar si se respetaron los principios de legalidad y control del gasto público.
Como primeras diligencias, el juzgado ha solicitado al servicio jurídico del SAS que requiera a la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba–Hospital Reina Sofía el envío de copias íntegras de todos los expedientes investigados, así como de los informes de la Intervención Provincial. También se pedirán informes sobre la normativa de contratación aplicada, el personal encargado de tramitar los expedientes, los criterios de fiscalización utilizados y la relación con los licitadores.
Además, el magistrado ha exigido al PSOE el depósito de una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento. El auto será igualmente comunicado al Ministerio Fiscal, cuyo informe será determinante para decidir si la investigación se sustancia en una única causa o se divide en piezas separadas en función de la naturaleza de los contratos analizados.
Un gigante sanitario bajo presión
El caso se enmarca en un contexto de creciente polémica en torno al Servicio Andaluz de Salud (SAS), el organismo público responsable de la sanidad en Andalucía y uno de los mayores gestores de recursos públicos de la comunidad autónoma. Con un presupuesto anual de varios miles de millones de euros y competencias directas sobre hospitales, centros de salud, distritos sanitarios y plataformas logísticas, el SAS desempeña un papel clave en la prestación de servicios esenciales a más de ocho millones de ciudadanos. Precisamente por ese peso estructural, su modelo de gestión ha sido objeto de un creciente escrutinio político y social en los últimos años, especialmente desde la llegada del actual Gobierno andaluz del Partido Popular.
Durante la pandemia de la COVID-19, el SAS recurrió de forma masiva a contratos de emergencia, adjudicaciones directas y contratos menores para responder a la escasez de material sanitario, el colapso asistencial y la urgencia de reforzar hospitales y centros de salud. Estos mecanismos excepcionales estaban amparados por la legislación en un contexto de crisis sin precedentes, pero su utilización intensiva y prolongada en el tiempo ha sido cuestionada posteriormente por informes de fiscalización y por la oposición política. Las críticas se han centrado en la posible falta de planificación, la fragmentación de contratos y la insuficiencia de controles una vez superada la fase más aguda de la emergencia sanitaria.
A este debate sobre la contratación se han ido sumando en los últimos años otras controversias que han tensionado la gestión del sistema sanitario andaluz. El incremento de las listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas; la externalización de servicios a empresas privadas; la precariedad laboral y la falta de profesionales en atención primaria; así como los fallos detectados en programas de prevención y detección precoz, han alimentado un clima de malestar entre usuarios y profesionales. Todo ello ha consolidado una percepción de deterioro del servicio público y ha situado de forma recurrente al SAS en el centro del debate político andaluz.
