Juan Manuel Moreno Bonilla no presume públicamente, como Mariano Rajoy, de destinar "cero euros" a cumplir la Ley de Memoria, pero parece compartir con él la estrategia conservadora de sabotearla deliberadamente, con el aplauso de Vox. El Gobierno andaluz de PP y Cs no dejó en cero las partidas para memoria, pero sí ha tenido buen cuidado de no ejecutarlas.
El balance de las políticas de memoria del Gobierno andaluz en 2021 es desolador para las familias que quieren recuperar los restos de los asesinados. A 1 de diciembre, la ejecución del presupuesto de 2021 ha sido del 15%, dos puntos menos el año pasado año, que fue del 17; en exhumaciones solo se ha ejecutado un pírrico 4,48%; la ejecución del presupuesto para investigación apenas ha sido del 0,60%; y de 49 intervenciones en fosas que se están llevando a cabo actualmente en Andalucía, solo en una participa la Junta con financiación, la de Pico Reja, "y porque estaba comprometida por convenio desde 2017".
Son algunos de los datos aportados ayer por el portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Antonio Manuel Mateos, durante la presentación del balance de gestión de políticas de Memoria en Andalucía en 2021, que confirma "el desmantelamiento de estas políticas por parte del Gobierno andaluz, máximo órgano competente en la materia".
Mateos instó a la Junta a cumplir la Ley, “le guste o no”, porque si no lo hace está “incumpliendo derechos humanos por omisión” como apunta el relator de la ONU, Fabián Salvioli.
Las 49 intervenciones en las que se está trabajando están sufragadas por el Gobierno de España y por diputaciones y ayuntamientos. “Por cada 100 euros que destinaba a Memoria el anterior Gobierno socialista, el Gobierno de las derechas destina 8”, apuntó Mateos.
El portavoz memorialista señaló que el Gobierno de España está financiando las actuaciones a través de una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que en 2020 tuvo una dotación económica de 462.000 euros, más 265.000 euros que el Gobierno de España está aportando a Pico Reja.
Entre 2020 y 2021, el Gobierno central "ha transferido a Andalucía para exhumaciones un 35% más (2.074.000 euros a fecha noviembre) que lo que ha presupuestado -que no ejecutado- el Gobierno de la Junta para exhumaciones en toda la legislatura (1.533.000 euros)”, señaló.
Tres de los proyectos nominativos de los PGE son andaluces: La Salud, San Rafael (Ayuntamiento de Córdoba), la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio (Ayuntamiento de Jaén) y la fosa del cementerio de La Soledad (Ayuntamiento de Huelva).
“Reclamamos al Gobierno de las derechas que no paralice la investigación, porque lo hace para demorar al máximo las futuras exhumaciones que tienen que comenzar por esa investigación e indagación”, dijo Mateos, que apremió a Moreno Bonilla a que responda al “grito de la gente en la calle por la Memoria Democrática para que cumpla con la ley y con los derechos humanos”.
La Coordinadora también denuncia la política de brazos caídos de la Junta en simbología, con “consecuencias sociales”, como los conflictos entre vecinos y vecinas como los ocurridos con la retirada de la cruz de homenaje en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la reversión en la nomenclatura de calles en Córdoba a nombres de dirigentes franquistas, como el espacio dedicado a Pemán en El Puerto, y por supuesto abordar la retirada del genocida franquista de su actual enterramiento con exposición pública en la Basílica de la Macarena”.
