Consenso poco menos que excepcional el de ayer en el Parlamento de Andalucía, cuya Diputación Permanente convalidó sin ningún voto en contra de la oposición de izquierdas los tres decretos aprobados recientemente por el Gobierno autonómico para paliar efectos sociales, económicos y fiscales derivados de la pandemia del coronavirus.
Eso no significa que no hubiera reproches al Ejecutivo de Moreno Bonilla por parte de los portavoces del Partido Socialista y de Adelante Andalucía. Los hubo y de no poco calibre dialéctico, pero a la hora de votar primó el 'sentido de país' por encima de las discrepancias ideológicas.
El Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de los tres decretos ley del Gobierno andaluz, por “responsabilidad y lealtad”, pese a que se trata de “medidas poco ambiciosas y sin presupuesto extraordinario, mientras siguen escondidos y parapetados en la propaganda”.
Uno de los textos convalidados fue el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de marzo y que pretende acelerar la renta mínima y las ayudas al alquiler.
La convalidación contó, como era previsible, con el voto favorable de PP, Ciudadanos y Vox, pero también con el sí mucho menos previsible del PSOE y la también poco común abstención de Adelante.
Pero donde se produjo la unanimidad de la izquierda y la derecha fue en el decreto concebido para garantizar el empleo en las empresas auxiliares de la Junta que, debido al coronavirus, se han visto obligadas a dejar de prestar sus servicios a la Administración autonómica.
El tercero de los decretos era relativo a ayudas económicas a los pequeños municipios para combatir los efectos del coronavirus. La diputada socialista Verónica Pérez achacó al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que el decreto fuera “insuficiente y ridículo, ya que destina solo 4 millones de euros a los ayuntamientos andaluces, cuando se ha gastado el doble en una campaña de propaganda. Además, añadió Pérez, “excluye a más del 60% de los ayuntamientos, por lo que no es más que un lavado de cara del gobierno andaluz al municipalismo”.
Sobre el decreto de medidas en el ámbito social y económico, la diputada socialista y vicepresidenta primera de la Mesa, Teresa Jiménez, censuró que “no van acompañadas de presupuesto, solo el dinero del Gobierno de España es el único extraordinario”. Jiménez indicó que se trata de un decreto “poco ambicioso y farragoso”, proponiendo medidas parciales que no acaban de resolver, lo que denota la incapacidad del Gobierno andaluz para gestionar esta crisis económica, social y sanitaria.
Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, dijo sobre este decreto que la Junta sólo trae "paños calientes" para hacer frente a la situación crítica que padece la comunidad. Insistió en que el decreto "no es ambicioso" y sólo se aportan los recursos "escasos" que ya se habían incluido en el presupuesto de la comunidad o adelantan de los que tiene que llegar del Gobierno central.
Para Adelante, la Junta insiste en aplicar "recetas antiguas" para una situación nueva. En opinión de Aguilera hay que destinar muchos más recursos económicos para la renta mínima y para el programa de refuerzo de alimentación infantil.
En lo que respecta al decreto que modifica las medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Juan Pablo Durán afeó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que no reconociera su equivocación sobre la suspensión de contratos, que está produciendo “graves consecuencias por ejemplo en las empresas que contratan con la administración en el ámbito educativo”.
