Los sospechosos contratos de emergencia han logrado unir a los tres grupos políticos de la izquierda presentes en el Parlamento andaluz. Por encima de las diferencias habituales entre PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el asunto de las contrataciones sanitarias que investiga la justicia, aparenta ser de tal gravedad que han conseguido que los tres grupos presenten una iniciativa conjunta para reclamar formalmente la celebración de un debate general en el Pleno del Parlamento autonómico, con propuestas de resolución, sobre el sistema de contratación pública de Moreno Bonilla y su Gobierno en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024.
En esta iniciativa compartida y conjunta, los tres grupos de izquierda reclaman al Ejecutivo del PP “una explicación política” en sede parlamentaria por “el abuso” de las contrataciones sanitarias de emergencia sin la cobertura legal de la pandemia de Covid, investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la querella presentada por el PSOE-A.
PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han adjuntado en su solicitud los informes de la Intervención General de la Junta que manifiestan su “opinión desfavorable” al uso de la contratación de emergencia por parte de Moreno Bonilla y su Gobierno para adjudicar más de 240 millones de euros a centros sanitarios privados “al margen de los requisitos y procedimientos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público, eludiendo la concurrencia pública sin justificación alguna”.
Los grupos de izquierdas basan esta iniciática con el argumento de que “la gravedad de los hechos requiere una explicación política del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria”, más cuando están citados en calidad de querellados la actual gerente del SAS y sus dos antecesores desde 2020 y desde la Fiscalía y el Juzgado se ha solicitado a Moreno Bonilla y su Ejecutivo amplia documentación sobre los expedientes de contratación sanitaria sospechosos, así como acuerdos de Consejo de Gobierno e informes de la Intervención General, de la Junta Consultiva de Contratación, de la Intervención Central del SAS y de la Cámara autonómica.
Si en el pasado mes de octubre se conocía que los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) habían sentenciado que la Junta de Andalucía llevó a cabo en el ejercicio de 2021 una contratación de emergencia a dedo abusiva, contraria a la ley y “sin justificación alguna”, recientemente hemos conocido que más del 92% de los contratos menores llevados a cabo por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla tienen “irregularidades e incumplimientos”.
El informe llevado a cabo por la Intervención de la Administración autonómica, que depende de la Consejería de Hacienda, recoge que de los 1.223 millones de euros destinados por la Junta de Andalucía a través de las ocho centrales provinciales de contratación en contratos menores, el 92,13% cuenta con “irregularidades e incumplimientos” en los procedimientos de adjudicación a dedo.
