La crisis que han provocado los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía siguen cada vez está más cerca de judicializarse después de que este lunes la Fiscalía abriera diligencias de investigación ante la denuncia del Defensor del Paciente y tras las demás denuncias que se han ido anunciando en las últimas horas. Es así como después de que la asociación Amama haya anunciado una denuncia colectiva con las mujeres afectadas, Izquierda Unida y Adelante Andalucía han interpuesto ante la Fiscalía sendas denuncias por la gestión del cribado del cáncer en Andalucía.

Para Izquierda Unida, que ha enviado su escrito a la Fiscalía General del Estado, considera que se han producido “errores graves” en los que “implica” a la actual consejera de Salud, Rocío Hernández, y a sus antecesores, Catalina García y Jesús Aguirre.

De la misma forma, la denuncia de Adelante Andalucía se dirige contra los tres consejeros, así como contra la viceconsejera de Salud, Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García. Además, habla de los presuntos delitos de “homicidio por imprudencia grave”, de “lesiones por imprudencia” y de “dejación de funciones del servicio público”, además del delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios. 

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha acusado a Moreno Bonilla de estar “más preocupado de salvarse él” que de salvar a las mujeres con cáncer de mama tras los fallos en la gestión del cribado y ha criticado que “se vaya a Almería a hacerse fotos con niños con cáncer para limpiar su imagen”.

Cronología de la crisis sanitaria en Andalucía

El escándalo se inició después de que la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama (Amama) denunciara públicamente las graves deficiencias en el programa de detención precoz. Y es que numerosas pacientes con resultados dudosos o que requerían seguimiento adicional no fueron convocadas para las revisiones necesarias, quedando sin control médico durante periodos prolongados, muchas de ellas padeciendo el tumor sin saberlo.

El protocolo estándar establece que, ante un resultado dudoso o que requiera seguimiento, las pacientes deben ser citadas para pruebas complementarias en un plazo máximo recomendado. El incumplimiento de estos plazos o la ausencia de seguimiento pueden comprometer gravemente la efectividad del programa y la salud de las afectadas.

No obstante, las irregularidades denunciadas suponen un importante retroceso en la calidad asistencial y en la confianza de la población en este servicio esencial. Y es que miles de mujeres han estado en vilo con la incertidumbre de no saber si padecían cáncer de mama o no. Incluso la no citación para una segunda pruebo llevó a muchas mujeres a pensar que todo estaba correcto, para luego darse cuenta de que en realidad sufrían un tumor.

El escrito presentado por IU ante la Fiscalía General del Estado apunta a tres posibles delitos de especial gravedad: homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión de prestar servicios sanitarios. Para exponer estos delitos, se basan en que la falta de seguimiento adecuado habría impedido diagnosticar a tiempo casos de cáncer, derivando en tratamientos más agresivos o incluso en fallecimientos que podrían haberse evitado.

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