El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha vertido duras críticas al proceso judicial que lo sentó en el banquillo por el caso de los ERE, aunque finamente fue exculpado.
En una entrevista publicada en el diario ABC de Sevilla y firmada por Antonio R. Vega, Gómez también señala que todavía en la Junta “muchos funcionarios se tientan la ropa antes de firmar determinados informes”.
Preguntado sobre a quiénes guarda rencor, el exinterventor responde:
“A más personas de lo que puedo soportar. En primer lugar, a los responsables políticos del gobierno anterior y de IU, que me utilizaron como cabeza de turco y pusieron las bases para mi persecución judicial. Pero, fundamentalmente, a los jueces y fiscales que tomaron decisiones que me produjeron un dolor y un daño infinitos, además de gratuitos, como con extrema contundencia demuestra la sentencia”.
Aunque no cita sus nombres, Gómez se está refiriendo sobre todo a la juez Mercedes Alaya, aunque también a quien acabó la instrucción de la pieza política, Álvaro Martín. A ellos y a los fiscales les reprocha “el desconocimiento que tienen sobre la naturaleza y el alcance de las funciones de la Intervención”.
También los culpa de no hacer bien su trabajo: recuerda que la sentencia absolutoria se basa “en documentos que están en la causa desde 2011, más de dos años antes de ser imputado y más de cinco antes de ser procesado”.
Para Manuel Gómez, “no es que el tribunal haya interpretado tales documentos de forma distinta a los dos jueces de instrucción que me imputaron y procesaron, o a los fiscales que me acusaron. No. Es que el tribunal se los ha leído y aquéllos parece que no, porque si lo hubieran hecho los habrían debido citar en sus resoluciones y se habrían visto obligados a rebatirlos, algo que nunca hicieron”.
