Cada vez que regresa a la actualidad el embarazoso contrato de Navantia con Arabia Saudí para construir cinco corbetas que darán empleo a 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz, el alcalde de la ciudad sabe que tiene un problema.

El perfil calculadamente bajo de José María González ‘Kichi’ y de su pareja y líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en esta controversia se ha visto de nuevo puesto en cuestión por la actitud mucho más beligerante del líder nacional de su partido, Pablo Iglesias, así como de su socio electoral y coordinador de IU, Alberto Garzón.

Golpes de pecho y silencio

Ambos son muy críticos no ya con la venta de armas a la “teocracia asesina” de Arabia Saudí, sino también con el contrato firmado por España con la plutocracia del desierto para servirle las cinco corbetas por un importe de 1.800 millones de euros y cuya construcción en los astilleros gaditanos será un salvavidas para la comarca que lidera las tasas de paro de todo el país.

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, terciaba este martes en la polémica recordando ante los micrófonos de Onda Cero que la ONU "no ha determinado que no se puedan vender portaaviones, corbetas o armas a Arabia y el Gobierno defiende lo mismo". Díaz le ha reprochado a Iglesias que se dé "golpes de pecho" pidiendo la suspensión del contrato de Navantia mientras el alcalde de Cádiz "guarda silencio".

Una entrevista incómoda

Con ocasión del debate suscitado semanas atrás sobre la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que el Ministerio de Defensa amagó con suspender, el alcalde de Cádiz ya tuvo problemas para nadar y guardar la ropa. Preguntado por el periodista Jordi Évole en el programa Salvados, de La Sexta, ‘Kichi’no tuvo más remedio que reconocer que “el contrato entre Navantia y Arabia Saudí es necesario porque significa trabajo para la ciudad.

¿Pero esa posición no es incoherente con sus postulados ideológicos?, insistía Évole. “Tenemos contradicciones porque tenemos conciencia, pero no puede recaer la paz mundial sobre las espaldas de los trabajadores de Cádiz”, respondía el alcalde.

Todos contra Arabia

La Comisión de Defensa del Congreso debate precisamente este martes varias propuestas de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromis reclamando la suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí y todos los países implicados en conflictos armados o que vulneren los derechos humanos.

La sesión coincide con la difusión de nuevos indicios sobre el asesinato y descuartizamiento del periodista saudí Yamal Jashogi en el consulado del país en Estambul a manos de agentes a las órdenes de Riad.

Ética y empleos

Tal vez pensando precisamente en los problemas de coherencia que todo ello le ocasiona al alcalde de Cádiz, Unidos Podemos no ha llegado tan lejos como los partidos soberanistas ERC y PDeCAT, que también exigen prohibir todos los contratos con la monarquía del Golfo Pérsico y revocar los ya existentes.

Unidos Podemos pide suspender las autorizaciones para la exportación de armas que puedan ser utilizadas en la guerra de Yemen u otros actores. Que no haya astilleros en Cataluña seguramente no es una circunstancia ajena a la determinación ética de las formaciones independentistas.

Imitar a Alemania

El asunto seguirá el miércoles en la agenda del Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá explicar la postura de España ante el caso Jashogi. Varios grupos quieren que Madrid imite a Berlín, que ha anunciado la paralización de las exportaciones a la monarquía saudita.

Aunque Iglesias y Garzón se oponen al contrato de las corbetas, tampoco se sienten cómodos en un debate donde la coherencia de Unidos Podemos se tambalea peligrosamente, pues las exigencias de la ética se contraponen de modo descarnado a las exigencias económicas.

¿Hay alternativas?

Ambos dirigentes insistían ayer y hoy en declaraciones públicas en que hay alternativas viables a la fabricación de buques de guerra promoviendo la construcción de equipamiento civil, pero tampoco acaban de entrar en el detalle de cómo se compensaría exactamente la suspensión de un contrato que garantiza tal carga de trabajo durante varios años. En una entrevista esta mañana en la cadena SER, Garzón admitía que sería necesaria financiación pública para replantear con éxito el actual modelo comercial de Navantia.

Mientras, los trabajadores de Navantia no están dispuestos a permitir que el Gobierno se desdiga de su compromiso contractual: “Los trabajadores responderán de inmediato porque hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz”, declaraba el portavoz del comité de empresa.