Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Cs, hace dos meses y seis días: “No va a haber adelanto en Andalucía, las elecciones serán cuando tocan. Nadie entendería que fuéramos tan idiotas como para convocar elecciones en estos momentos".
Ayer en Barcelona, el mismo Juan Marín repitió que si no hay acuerdo sobre el presupuesto para el año que viene “se prorrogará el actual” y que, ciertamente, el presidente y él se comprometieron “a agotar la legislatura y convocar las elecciones en noviembre de 2022", pero, añadió novedosamente, “si Vox y Sánchez quieren forzar el adelanto electoral, en ningún caso vamos a poner en riesgo el interés de los andaluces, me da igual la calculadora de escaños que tenga cada uno”.
Aunque tanto el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como prácticamente todos los observadores coinciden en vincular un virtual rechazo de la Cámara al Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía 2022 con el adelanto de las elecciones, Marín insiste en todo lo contrario: “Aprobar o no el presupuesto –dijo en Barcelona– no tiene relación con adelantar o no las elecciones; para nada, es una cuestión diferente”.
Marín puso el foco de las culpas más en “el PSOE de Sánchez” que en Vox. De hecho, desde primera hora el vicepresidente desconfió de las verdaderas intenciones socialistas: así lo explicitó ya en septiembre cuando el nuevo secretario general Juan Espadas ofreció su “mano tendida” a Moreno.
La exclusión de Cs y Marín de los contactos con el Gobierno andaluz, que el PSOE se cuidó de concentrar en el presidente Moreno y en su consejero de Hacienda, debió ser interpretada por los naranjas como un ninguneo deliberado por parte del PSOE andaluz, al que Marín –ninguneo por ninguneo– considera supeditado a las directrices que tenga a bien marcar Ferraz.
Como viene siendo costumbre últimamente en todos los gobiernos, sean del color que sean, el andaluz también repite machaconamente que su presupuesto de 2022 es “el más social de la historia”. Imposible entender que un buen socialista se niegue a votarlos, sostiene Marín: “¿Qué socialista se puede negar? El señor Espadas parece que sí porque así se lo ha dicho el señor Sánchez”.
La nueva estrategia de San Telmo de incorporar al bombo de las opciones la bolita del adelanto electoral la dejaba entrever públicamente Moreno este domingo en una entrevista en el diario El Mundo: “A partir del mes de febrero de 2022, con la reanudación de la actividad parlamentaria, se podrá constatar –dijo el presidente– si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno andaluz, en cuyo caso no nos quedará más remedio que disolver porque el Parlamento me obligará a convocar elecciones”.
Todas las señales emitidas tanto desde Vox como desde el PSOE, los dos únicos grupos que pueden facilitar la aprobación de las cuentas, sugieren que ya han tomado su decisión. La formación ultra esgrime que la Junta viene incumpliendo importantes puntos de los acuerdos firmados y que mientras no dé muestras de lo contrario, Vox no dará su voto a unos cuartos presupuestos. “Están haciendo las mismas políticas que el PSOE”, se quejan los de Abascal.
Por su parte, el PSOE, que esta semana se declaraba explícitamente “en modo electoral”, argumenta que su intención de pactar las cuentas siempre fue sincera pero que, más allá de las buenas palabras de Moreno, ni el PP ni el Gobierno andaluz se han mostrado receptivos a sus propuestas.
"No ha habido negociación, ni el mas mínimo gesto", se lamentaba ayer Espadas, que aun así se comprometía a estudiar en detalle cada iniciativa del Ejecutivo antes de apoyarla o no: "El PSOE-A jamás va a bloquear la acción de gobierno en el Parlamento, como en cambio sí hizo el PP en el Parlamento en 1994", recordó el líder socialista.
De todas formas, a los recelos históricos entre ambos partidos se sumaba en octubre un imprevisto que a la postre ha recortado drásticamente las posibilidades de acuerdo: el despido por la Junta de 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados con fondos del Gobierno de España para reforzar el dispositivo contra el Covid.
La Junta se defiende arguyendo que el Gobierno central ya no transferirá en 2022 los fondos Covid con que era contratado ese personal. El argumento de San Telmo tendría hoy más recorrido y credibilidad si, cuando fueron contratados esos 20.000 sanitarios, la Junta hubiera admitido con deportividad que los pagaba el Estado y no Andalucía. El ventajismo de entonces se revuelve ahora quien lo practicó.
