El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán podría eludir la prisión, en la que tendría que ingresar en el plazo máximo de 10 días, si la Audiencia de Sevilla estima el recurso que presentará hoy su abogado alegando que su defendido padece un cáncer de próstata de alto riesgo cuya metástasis, en principio, solo cabría evitar mediante un tratamiento hospitalario.

En su recurso contra el ingreso en prisión en cumplimiento de la condena a seis años de cárcel por malversación en el caso de la pieza política de los ERE, el expresidente no incluyó la referencia a su estado de salud porque en ese momento desconocía la enfermedad, que le fue diagnosticada hace solo ocho días.

Al respecto, el artículo 80.4 del Código Penal dice textualmente lo que sigue: “Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”.

La noticia de la enfermedad del expresidente la avanzaba anoche El Periódico de España en una información firmada por su redactora Isabel Morillo. El expresidente de la Junta de Andalucía dijo al rotativo de Prensa Ibérica que "la mejor noticia que he recibido en diez años la tuve ayer con la confirmación de que no tengo metástasis".

Griñán, que siempre ha defendido su inocencia, fue condenado por los delitos y prevaricación y malversación continuadas por haber mantenido deliberadamente el sistema creado por la Junta a principios de la década de 2000 para otorgar ayudas exprés a empresas en crisis, “evitando el control administrativo y disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda la legalidad”, según recoge la sentencia.  

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ayer dictó un auto desestimando los recursos de súplica presentados por ocho de los condenados a cárcel por el caso ERE, fijó para siete de ellos ese plazo de diez días naturales para que ingresen voluntariamente en un centro penitenciario.

Sí aceptó, en cambio, la Audiencia suspender provisionalmente la entrada en prisión del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá hasta que un informe forense confirme si, efectivamente y como alegó su defensa, padece una enfermedad muy grave que no puede ser debidamente tratada en la cárcel.

De no prosperar su alegación, Griñán verá entre rejas la entrada de 2023, al igual que lo harán la exconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.

A las condenas de prisión de Griñán, Aguayo, Vallejo, Román y Aguilar por el Tribunal Supremo se opusieron con un contundente voto particular dos magistradas, que veían en su condena "un salto en el vacío" porque no había pruebas concluyentes para enviarlos a la cárcel, ya que por sus manos nunca pasaron las partidas para trabajadores y empresas en crisis otorgadas indebidamente. Los condenados Fernández y viera sí estaban adscritos a la Consejería de Empleo, que concedió los 680 millones de euros malversados.

Al igual que el resto de condenados a penas de prisión, Griñán ha solicitado su indulto parcial al Gobierno de España, además de tener presentado un recurso al Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales. Iguallmente, más de 4.000 personas, muchas de ellas de relevancia en el mundo acaddémico y judicial, firmaron el pasado mes de septiembre un escrito solicitando el indulto del expresidente.