El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a demostrar este domingo en Málaga lo que significa gobernar para la mayoría social. Ante un mitin abarrotado con más de 5.000 personas, el líder socialista puso el foco en el problema que más preocupa hoy a los españoles: el acceso a una vivienda digna. Anunció medidas concretas y valientes, como la retirada inmediata de 53.000 pisos turísticos irregulares que deberán pasar al mercado de alquiler permanente para jóvenes y familias. “Eso es gobernar”.
Sánchez lo resumió en una frase que resonó con fuerza en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga: “Estamos desarrollando una nueva política de vivienda frente a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de viviendas en los últimos 40 años de democracia”. Y lo cierto es que los hechos acompañan: primera Ley de Vivienda de la democracia, multiplicación por ocho del presupuesto en esta materia, limitación de precios en zonas tensionadas y un golpe sin precedentes al fraude de los alquileres turísticos.
El anuncio estrella del mitin refleja la magnitud del problema: miles de viviendas que deberían estar disponibles para alquiler de larga duración se encuentran atrapadas en un mercado paralelo de alquileres turísticos, encareciendo los precios y expulsando a los vecinos de sus barrios. Solo en Andalucía se eliminarán más de 16.700 anuncios ilegales, con especial incidencia en Málaga, Sevilla, Cádiz y Marbella, donde la burbuja turística amenaza con convertir las ciudades en parques temáticos para visitantes, mientras los jóvenes no encuentran ni un piso asequible.
España se convierte así en el primer país europeo en implementar un Registro Único de Arrendamientos que cruza datos con plataformas como Airbnb o Booking. El resultado es demoledor: más de 53.000 solicitudes revocadas por incumplir la normativa. En otras palabras, decenas de miles de pisos que hasta ahora operaban en la sombra quedarán fuera del mercado especulativo y tendrán que destinarse al alquiler residencial.
Málaga, uno de los lugares más tensionados de España
El anuncio no fue casual. Málaga es uno de los epicentros del problema: los precios del alquiler se han disparado un 45% en los últimos cinco años, según el INE, y más de 44.000 viviendas se usan con fines turísticos. Por eso Sánchez visitó, acompañado por María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible en Teatinos que se entregarán a finales de año gracias a la cofinanciación del Gobierno con fondos europeos.
La imagen contrasta con la inacción de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla presume de proyectos financiados con dinero del Estado mientras sigue sin poner en marcha una política propia de vivienda pública. La apuesta es clara: mientras el PP reduce impuestos a las rentas más altas y deja el mercado inmobiliario en manos de la especulación, el Gobierno central refuerza el parque público, apoya a los jóvenes con bonos de alquiler, impulsa avales del ICO para la compra y elimina privilegios como la “Golden Visa”. La elección en Andalucía es evidente: o más privatización y sálvese quien pueda, o un proyecto que entiende la vivienda como un derecho y no como un lujo.
España partía de una situación muy atrasada respecto a Europa. Durante cuatro décadas, la política de vivienda se redujo a fomentar la compra privada y a desmantelar progresivamente el parque público. Hoy solo un 2 % de las viviendas en alquiler pertenecen al sector público, frente al 30 % de países como Austria o Países Bajos. En este escenario, el Gobierno de Sánchez ha invertido 15.300 millones de euros del PRTR en rehabilitación urbana, ha impulsado más de 80.000 viviendas de alquiler asequible y ha elevado un 62 % la vivienda protegida en solo un año.
El esfuerzo también se nota en Andalucía: más de 11.000 viviendas nuevas, 33.000 rehabilitadas y 1.270 millones de euros transferidos a la comunidad desde 2018. El contraste es rotundo. Mientras el Ejecutivo central refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, Moreno Bonilla se limita a colgarse medidas de proyectos financiados por Europa y por el Estado. Para la juventud, estas políticas no son un debate ideológico: son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o verse condenado a la precariedad permanente. Y ahí es donde se juega la legitimidad de la política. No es casualidad que Sánchez repita con insistencia: “Esto es gobernar”.
El mitin de Málaga no fue solo un acto sobre vivienda. También fue un repaso de la acción de Gobierno: la defensa de la sanidad pública, el impulso a las pymes, el aumento de becas, la reducción de la jornada laboral, el impuesto a la banca o el compromiso con el clima. Frente a una oposición instalada en el insulto, Sánchez puso en valor una idea simple pero poderosa: gobernar significa hacer, transformar, poner la política al servicio de la gente.
Por eso no sorprende que el presidente se mostrara convencido de que la legislatura llegará hasta 2027. Y por eso tampoco sorprende que situara a María Jesús Montero como la alternativa real a Moreno Bonilla en Andalucía. Porque la ecuación, como él mismo dijo, es sencilla: o el modelo del PP y Vox, basado en privilegios y privatización, o el modelo del PSOE, basado en derechos y servicios públicos. La contraposición entre Montero y Moreno es mucho más que un duelo político: es la encrucijada que define el futuro de Andalucía. Moreno aparece desganado, sin proyectos y sin horizonte, siempre mirando hacia la derecha cuando se trata de rebajar impuestos a los ricos o de privatizar sanidad y educación. Montero, en cambio, representa el compromiso, la cercanía y el trabajo de quien cree que Andalucía merece más y puede más. Y esa elección tiene un nombre concreto: vivienda. Porque sin vivienda no hay igualdad, no hay emancipación, no hay futuro para la juventud andaluza ni para la clase trabajadora.
El mitin de Málaga ha dejado un mensaje que trasciende la coyuntura electoral: España está cambiando su modelo de vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido poner orden en un desorden que llevaba décadas enquistado, golpeando a los especuladores y apostando por un parque público robusto. No será fácil ni rápido, pero es el único camino para que el derecho a la vivienda deje de ser una aspiración frustrada y se convierta en una realidad cotidiana.
El aplauso unánime de las más de 5.000 personas presentes no fue un gesto de entusiasmo pasajero. Fue el reflejo de una esperanza compartida: que gobernar de verdad consiste en mirar a la mayoría, no a las élites. Y esa es la gran diferencia entre Pedro Sánchez y la derecha: unos construyen soluciones, otros solo levantan muros.
