La llegada de la ultraderecha a los gobiernos autonómicos está suponiendo, principalmente, situar en la agenda mediática los principales campos de batalla ideológicos que defiende la formación que comanda con 'mano de hierro' Santiago Abascal. Entre estos temas está la negación al término violencia machista. Aunque es cierto que Vox ha ido 'relajando' su confrontación directa contra este término, desde la más absoluta negación -en Andalucía consiguieron implantar el término violencia intrafamiliar en el primer Gobierno de Moreno- hasta situar en el punto de mira de las agresiones a las mujeres a la "inmigración ilegal". Sea como fuere, la realidad es que la obcecación de los de Abascal es dilapidar cualquier legado del Gobierno central de Pedro Sánchez que haya supuesto avances -técnicos, legales o culturales- en la lucha contra la violencia de género, siendo Andalucía, por cierto, la comunidad más golpeada.
En este sentido, la llegada de Gavira a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y la asunción de la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, ha llegado con una cesión de Moreno Bonilla a la ultraderecha: la de incluir en las competencias de Justicia las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).
Dentro del organigrama autonómico, estas unidades se incorporan dentro de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, dependiendo operativamente de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) implantados en las ocho provincias andaluzas. Compuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, su cometido central es la elaboración de informes psicosociales y dictámenes periciales sobre la situación de las víctimas de malos tratos, la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas y la afectación en los menores. Dichos informes resultan determinantes para que los jueces adopten órdenes de protección, acuerden medidas sobre custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio o concedan ayudas públicas autonómicas, según se recoge de diferentes normativas estatales y autonómicas.
La asignación de estos servicios al departamento de Vox encendieron todas las alarmas en el arco parlamentario de la izquierda, especialmente tras los antecedentes de la formación de ultraderecha, que en 2019 ya reclamó listas de los empleados públicos de estas áreas aduciendo un supuesto "sesgo ideológico". La reestructuración llega, además, en un contexto especialmente sensible: Andalucía cerró el año 2025 como la comunidad autónoma con mayor número de mujeres asesinadas por violencia machista en España, con 14 víctimas mortales. Es decir, ahora Vox tiene las competencias de unos servicios que en 2019, en plenas negociaciones para facilitar el primer Gobierno de Moreno, pugnó para debilitarlo.
Desde el PP aseguran que el margen de acción de Vox en este tema es escaso. El departamento autonómico es el encargado de gestionar medios materiales, dotación de personal y contratación de refuerzos externos, pero no podría inferir o dirigir ningún tipo de decisión, ya que las competencias están atribuidas al Estado y al Consejo General del Poder Judicial.
La petición al Ministerio
El pasado 9 de agosto Gavira dirigía una solicitud de información al Ministerio de Justicia que preside Félix Bolaños para que se entreguen al departamento que dirige la ultraderecha en Andalucía los datos desglosados de los agresores sexuales que se "hayan visto beneficiados en Andalucía" por la ley del 'sí es sí'. En su escrito, el consejero argumenta la necesidad de disponer de estos datos para "poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía".
Gavira también pretende conocer cuántos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, se encuentran cumpliendo condena en Andalucía. Al tiempo, también ha requerido que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada". Por último, el dirigente de Vox razona su petición en una finalidad "exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres".
"Repunte alarmante de la violencia machista"
Apenas cuatro días después de elevar dicha solicitud al Ministerio, desde el sindicato CCOO de Andalucía solicitaban una reunión de "urgencia" con la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosalía de los Ángeles Espinosa, por el "repunte de manifestaciones misóginas, conductas machistas y la negación explícita de la violencia de género por parte de sectores del propio Gobierno andaluz".
La central sindical ha calificado la actual coyuntura de "alarmante", tras confirmarse que el número de mujeres asesinadas en lo que va de año ya supera los registros contabilizados en el mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando, además, de manera prematura la cifra total registrada en el conjunto de todo el año 2024. En este trágico balance, CCOO ha puesto el foco de manera muy especial en la provincia de Málaga, donde "en solo 8 meses" al menos seis mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, igualando por completo el total del año 2025 y marcando "la cifra más alta en la provincia desde que existen registros oficiales".
Durante la exposición de estas demandas, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha denunciado públicamente las consecuencias institucionales y de amparo que conlleva dejar instrumentos técnicos tan sensibles como la Unidad Integral de Valoración de la Violencia de Género "en manos de quien la niega", en clara alusión a las cesiones políticas frente a Vox. Para el sindicato, este contexto erosiona los mecanismos públicos de protección y desprotege a las víctimas en los momentos de mayor vulnerabilidad personal y social.
Ante este panorama, la organización sindical ha insistido en la necesidad imperiosa de dotar a la comunidad de un IAM "reforzado que sirva como espacio de participación" ciudadana e institucional. Desde CCOO recalcan que en el escenario político actual "necesitamos un IAM reforzado que sea referente de igualdad y espacio de participación de las mujeres", exigiendo al Ejecutivo autonómico que devuelva a la entidad el protagonismo y la solvencia técnica frente a cualquier intento de merma, desvirtuación o instrumentalización partidista.
Asimismo, hay que recordar que el Ministerio de Igualdad que encabeza Ana Redondo comunicó el pasado 11 de agosto su intención de trasladar a Andalucía el próximo comité de crisis, previsto para el próximo septiembre, tras constatar que la comunidad encabeza los registros por violencia de género a nivel nacional, con el especial repunte experimentado el pasado 2025, y con las trágicas estadísticas del presente curso. Además, los datos históricos de Andalucía desde que existen registros, 2003, evidencian que Andalucía es la comunidad más castigada por esta lacra, con más de 290 víctimas mortales asesinadas por sus parejas o exparejas.
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