La aprobación de los decretos de estructura del nuevo Gobierno autonómico ha desatado una tormenta política en Andalucía. La decisión del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, de situar bajo el control de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, dirigida por el vicepresidente y portavoz de Vox, Manuel Gavira, la gestión de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, ha provocado que el portavoz de la ultraderecha también pase a gestionar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).
Estas unidades, compuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de las ocho provincias andaluzas, desempeñan una labor crucial. Su cometido central es la elaboración de los informes psicosociales y dictámenes periciales que determinan la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas de las agredidas y la situación de los menores, siendo elementos clave para que las autoridades judiciales decreten órdenes de protección o resuelvan sobre custodias y regímenes de visitas.
La asignación de estos servicios al departamento de Vox ha encendido todas las alarmas en el arco parlamentario de la izquierda, especialmente tras los antecedentes de la formación de ultraderecha, que en 2019 ya reclamó listas de los empleados públicos de estas áreas aduciendo un supuesto "sesgo ideológico". La reestructuración llega, además, en un contexto especialmente sensible: Andalucía cerró el año 2025 como la comunidad autónoma con mayor número de mujeres asesinadas por violencia machista en España, con 14 víctimas mortales.
Las reacciones de los grupos de la oposición no se han hecho esperar, sucediéndose en bloque contra lo que consideran un retroceso inasumible.
"Es intolerable e indecente"
La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la Cámara autonómica, Ángeles Férriz, ha manifestado una rotunda condena al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal: "En 2019 las mujeres andaluzas vimos saltar nuestros derechos por los aires porque Moreno Bonilla quiso ser presidente habiendo perdido las elecciones. En 2026 PP y Vox vuelven a pactar y ya tenemos aquí las consecuencias", ha advertido Férriz. Según la socialista, la cesión de las políticas de violencia de género es "intolerable e indecente", porque la "protección y la atención a las víctimas de violencia machista" se han dejado "en manos de Vox, un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea".
En ese sentido, Férriz ha instado al jefe del Ejecutivo andaluz a una "rectificación inmediata", recordando la trágica incidencia de la violencia machista en la comunidad: "Por respeto a las mujeres que han sido asesinadas, a sus familias y a todas las mujeres que están en peligro, el señor Moreno Bonilla no puede dejar en manos de la ultraderecha la protección de las víctimas, por muy grandes que sean sus tragaderas y por muchas ganas que tenga de seguir ocupando el sillón de presidente", ha asegurado.
"Fiscalizaremos al dedillo cada movimiento"
Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado la cesión competencial de "auténtico peligro y una irresponsabilidad" por parte de Moreno Bonilla que "demuestra muy poco cuidado y muy poca preocupación por la lucha contra la violencia de género y por la protección de las mujeres andaluzas".
Ante ello, García ha anunciado una oposición de marcaje estrecho desde todos los frentes posibles: "Desde Adelante Andalucía vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas", ha agregado el andalucista. Según García, la actitud de Adelante será la de "fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas" ante lo que no va a "permitir ningún retroceso; lo vamos a hacer en el Parlamento, lo vamos a hacer con movilizaciones en las calles y, si hace falta, también lo haremos en los tribunales", ha sentenciado.
"Traspasa una línea roja inaceptable"
Finalmente, la parlamentaria de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha advertido de que la situación de la comunidad, a la cabeza en número de mujeres asesinadas, exige actuar desde las instituciones "con la máxima firmeza, rigor y responsabilidad". Por ello, Rodríguez ha censurado la decisión del Gobierno autonómico de ceder a las presiones de la extrema derecha para fiscalizar a las unidades de valoración.
"Hablamos de médicos, médicas, psicólogos, psicólogas y trabajadores y trabajadoras sociales, cuya principal e importantísima función es evaluar objetivamente el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres amenazadas. En la comunidad con más mujeres asesinadas, ceder ante el negacionismo es jugar con la vida de las víctimas", ha aseverado.
La diputada ha remarcado que cuestionar el criterio técnico de los profesionales sanitarios y sociales, como hizo Vox en 2019, "pone en la diana" al personal cualificado y "erosiona la confianza en el sistema". A su juicio, la maniobra supone un coste inaceptable: "Acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable. Cuestionar a los expertos y expertas para complacer a Vox es una irresponsabilidad política que compromete la seguridad de las mujeres andaluzas".
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