El modelo acusatorio aplicado por la Fiscalía en la pieza política de los ERE se repite una vez más, ahora en el caso de Delphi, donde el Ministerio Público pide ocho años de cárcel para dos exconsejeros de Empleo de la Junta por malversar más de 33 millones de euros otorgados “arbitrariamente” para financiar cursos de formación y contratos laborales a extrabajadores de la multinacional de automoción afincada en la Bahía de Cádiz.

Aunque los beneficiarios directos de dichos fondos fueron dichos trabajadores y aunque solo muy pocos "prestaron servicios laborales efectivos”, no están incluidos en la causa. Su exclusión contrasta con el hecho de que a Recio y Fernández, además de cárcel, la Fiscalía les reclame en total el pago indemnizaciones por un montante de más de 21 millones de euros.

El juicio y la sentencia de los ERE, saldado con fuertes condenas de cárcel a varios expolíticos de la Junta, ya legitimaron esa misma paradoja procesal de considerar malversación los casi 700 millones de euros destinados a ayudas sociolaborales, pero no reclamar ni un céntimo a los más de 6.000 beneficiarios a título lucrativo de las mismas. Como se sabe, en el caso de los ERE apenas un 2 por ciento de los perceptores de las ayudas eran intrusos sin derecho a percibir las ayudas y serán procesados por ello.

La “monstruos incongruencia” la explicaba así el interventor general de la Junta Manuel Gómez, absuelto en el juicio de los ERE, en su libro ‘8 años, 8 meses y 8 días’: “A los responsables de la Administración a los que se les considera responsables del delito de malversación se les exige judicialmente la responsabilidad civil por el 100 por 100 de las ayudas concedidas, aunque, a todos los efectos, el 98% aproximadamente no se les reclama a sus perceptores.”

En el caso de Delphi, según recoge el auto del juez José Ignacio Vilaplana que ordenaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas, sí sería muy elevado el porcentaje de trabajadores que no habrían asistido a los cursos de formación o prestado sus servicios en las empresas donde fueron contratados. “Excepcionalmente -afirma el auto- un número proporcionalmente reducido de extrabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace".

Según adelanta hoy el redactor de tribunales Jorge Muñoz en Diario de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio por las subvenciones de 33.309.789,16 euros concedidas “arbitrariamente” al entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño –precisa el rotativo–  pide también cinco años de cárcel para los otros seis acusados, entre ellos un hijo de Ángel Ojeda, y solicita a Antonio Fernández que satisfaga una indemnización de 14.633.011,92 euros por los gastos de contratación, lo sueldos y gastos de Seguridad Social pagados a los ex trabajadores en los años 2009 y 2010. A Manuel Recio le reclama 4.164.242,40 euros por los sueldos y gastos de Seguridad Social del ejercicio.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado fue dictado por el juez Vilaplana la semana pasada. El escrito, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, indica que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. 

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz. 

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad", para lo cual "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo".

El juez asevera que "el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada", todo ello "sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos".