La situación de 150 andaluzas, a escasos días de la navidad, es propia de un cuento de Dickens. Son limpiadoras de la administración andaluza, pero están subcontratadas a través de empresas privadas. Básicamente, malviven en un sistema de explotación y degradación laboral que no encuentra respuesta ni alivio.
Desde hace años padecen abusos laborales y un trato vejatorio. Recientemente, se dieron cuenta que sus historias no eran casos aislados. Se fueron conociendo unas a otras a través de WhatsApp, no solo están en Andalucía, “en España podemos ser unas mil las que estamos en estas situaciones”.
Estamos en diciembre, cuando la mayoría disfruta de la paga extra, cenas de empresa y cesta navideña. Es ahora cuando su precarización es más evidente, ”nosotras enfrentamos 7 meses de impagos, la cesta de la compra más cara y sin saber lo que serviremos en nuestras mesas para nuestras familias”, cuentan a ElPlural.com las limpiadoras andaluzas.
En Andalucía hay 250 Centros Andaluces de Emprendimiento, los CADEs, cuya gestión está en entredicho por la Junta de Andalucía. La dejadez de este servicio tiene su eslabón más débil e invisible en las limpiadoras. “Llevamos años denunciando, pero nadie nos hace caso, los medios dependen del dinero de la Junta”, lamenta Carmen Martínez, denunciante y limpiadora del CADE de El Ejido.
Hasta ahora, las limpiadoras han acudido varias veces a la Consejería de Universidades, que es la responsable de Andalucía Emprenda, la licitadora de los contratos de mantenimiento y limpieza. El 11 de octubre, las limpiadoras intervinieron en el Parlamento de Andalucía para exponer su situación, pero a pesar de las “promesas que nos hizo el consejero”, el popular José Carlos Gómez Villamandos, no ha habido cambios.
Desde la Consejería aclaran a este medio que las limpiadoras no son trabajadoras de Andalucía Emprende, por lo que la Junta no tiene responsabilidad jurídica, como ya ha acreditado una sentencia judicial. “Por lo tanto, las denuncias de incumplimiento de convenios y de contratos de las limpiadoras deberán resolverlas con la empresa“.
Ahora, las limpiadoras anuncian que acudirán al Parlamento Europeo. “No estamos dispuestas a rendirnos, estamos sembrando la semilla de la esperanza y nuestro deseo de Navidad es que las compañeras que vienen detrás tengan mejores condiciones laborales”, explican, es lo que María Ángeles Márquez Naranjo, limpiadora de Granada a punto de jubilarse llama “el derecho a la pataleta, eso no me lo pueden robar”.
Un rosario de abusos e incumplimientos
El día a día de estas limpiadoras es difícil de asimilar. Su vida laboral en los últimos años contiene impago de nóminas, continuos atrasos e ingresos inferiores a los acordados, incumplimiento del periodo vacacional, no reconocimiento de la subida del 3,5% salarial respecto al IPC o ignorar el convenio colectivo…
Además, son varios los casos en los que las empresas adjudicatarias de contratos de limpieza, con los mismos administradores, dejaron de pagar a las profesionales. Por ley, las limpiadoras son personal fijo del CADE. Las empresas que ganan los contratos de limpieza tienen la obligación de subrogar a las trabajadoras, manteniendo horarios, salarios o antigüedad. Nada de eso se ha cumplido a lo largo del cambio de unas empresas a otras.
Entre un contrato y otro, las empresas degradan las condiciones de trabajo bajando horas y salario cuando aumentan las exigencias de limpieza en metros cuadrados o puestos de trabajo. Además, en la transición se dejan de pagar vacaciones o dejan semanas sin retribuir, cuando no meses.
“Yo protesté, y ahora pago las consecuencias”, nos explica María Ángeles Márquez. La nueva empresa adjudicataria del contrato de limpieza le envió por WhatsApp un documento que ella debía firmar, asumiendo que la nueva compañía no tenía ningún incumplimiento y que ella estaba al corriente de todos los pagos. Márquez venía de estar trabajando 19 días en un limbo administrativo entre una y otra contratación. Pero la nueva empresa no quería pagarle esos 19 días. No aceptó y no firmó el documento. La empresa la amenazó con no dejarla entrar en su trabajo, haciéndole creer incluso que era una condición de la propia Junta de Andalucía.
María Ángeles Márquez no se amilanó y, de nuevo, no firmó. Le tocó denunciar a la inspección e ir a juicio. Fue dos años después, justo antes del juicio, cuando la empresa accedió y le pago su salario y la cotización de seguridad social. Todo esto sucedió “bajo el nombre y el membrete” de la Junta de Andalucía, por lo que Márquez cuestiona al consejero de Universidades –de quien dependen los CADEs– “con los 425€ que cobro no puedo costearme emprender más trámites judiciales … ¿Considera que hay derecho?”.
Trato vejatorio y globalizado
Si te preguntas qué empresas se permiten esta ingeniería vejatoria con limpiadoras que apenas cobran unos cientos de euros dentro de la administración pública, éstas tienen nombres y apellidos: y son recurrentes, media docena de familiares se reparte estos contratos por toda España.
Su modus operandi es el mismo. Cuando se acerca el fin del contrato empiezan a dejar de ingresar nóminas. Después entran en liquidación y se declaran insolventes. Después cambian domicilio fiscal, razón social y el nombre y, después, se presentan a otra licitación.
Este sistema se da no solo en los CADEs de Andalucía Emprende, también en instituciones estatales como las oficinas de la Seguridad Social, en centros penitenciarios o el SEPE. Y las empresas son las mismas. “Fun Fair SL, Do Not Look Back SL, Cúcuta Gestión SL y Yaunde son empresas relacionadas con el apellido Bargueiras”, relata la documentación de los servicios en Andalucía que preparan las limpiadoras.
El funcionamiento es casi de trama: “llevan años recibiendo adjudicaciones de diversas administraciones públicas por toda la geografía española a pesar de ir dejando nóminas impagadas”, detallan las afectadas. Este sistema abusivo se fragua gracias a la externalización. Las limpiadoras acuden a una oficina, pero su empresa contratante no está en esa oficina, sino una empresa con la que “solo hemos tenido contacto por WhatsApp o mail”,
“Cuando de repente supimos que nos había contratado Yaunde nos llegó un mensaje en el que se presentaban como J y Laura”, relata Carmen Martínez. Nunca los han visto, nunca los han oído, de hecho, las limpiadoras creen que deben estar en el extranjero por los horarios, “te escriben de tarde y te dicen buenos días”.
La gerencia asume pocas responsabilidades. No han proporcionado a las limpiadoras uniformes, guantes, EPIS durante la pandemia, ni siquiera productos de limpieza, “nos dicen que los compremos nosotras y que luego nos lo incluirán en la nómina, no lo hemos hecho, yo no soy una empresa sino una trabajadora”. Las limpiadoras han sido acusadas de ser “poco ahorrativas” y también se les ha dado instrucción de que limpien con agua, lo que denuncian, implica un incumplimiento del contrato.
Sin reacción desde la Junta de Andalucía
La Ley de Contratos implica que la Junta debería ser árbitro del cumplimiento de los contratos, por lo que las limpiadoras recalcan las evidencias de mal servicio que –a su pesar– se ven obligadas a proporcionar a la administración.
Desde entonces, Andalucía Emprende “en ningún momento se dirige a nosotras para explicarnos la resolución que van a adoptar, ni siquiera para escucharnos”, dice Márquez. El único cambio que conocen las trabajadoras es que aquellas que protestaron por las condiciones laborales y tenían poca antigüedad no han vuelto a sus puestos de trabajo. Las que sí tienen más antigüedad continúan trabajando, pero han visto reducidas sus horas de trabajo o salario o incrementadas sus exigencias.
El sector de la limpieza en España emplea a casi medio millón de personas, lo que representa el 1.05% del PIB. El informe sectorial muestra un crecimiento constante del 5,5% en el último año, sin embargo, las trabajadoras de los CADE ven estas cifras como una broma mientras denunciar quedar fuera de la legalidad.
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