Miguel Vázquez, quien hasta mediados de noviembre era concejal en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Coín por el Partido Popular, figura entre los detenidos en la operación policial denominada Gargamel. La investigación, desarrollada por la Policía Nacional, apunta a la existencia de una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en locales de Málaga capital y en la localidad de Cártama. Tras prestar declaración, el exedil quedó en libertad con medidas condicionadas y permanece pendiente de la evolución del procedimiento judicial.
Vázquez, gestor de profesión, había dado el salto a la política municipal tras las elecciones de mayo de 2023, asumiendo las delegaciones de Industria, Patrimonio y Desarrollo Empresarial. Renunció a su cargo de edil en un pleno ordinario reciente, aduciendo razones personales y sin mencionar vínculo alguno con la causa. Según la versión del consistorio, en ese momento la corporación no había recibido comunicación oficial sobre el operativo policial.
Desde el Partido Popular insisten en que la investigación afecta exclusivamente al ámbito profesional del exedil y no a su trabajo en el Ayuntamiento.
Líderes y testaferros
Las pesquisas policiales describen una estructura encabezada por un líder y apoyada en varios testaferros utilizados para ocultar bienes y movimientos bancarios. La primera fase de la operación se remonta a noviembre de 2024, cuando los agentes liberaron a 42 mujeres sometidas a explotación sexual y localizadas en distintos prostíbulos. Aquella intervención concluyó con 19 arrestos, el cierre judicial de dos establecimientos, la incautación de 47.000 euros en efectivo y la inmovilización de bienes y cuentas valorados en 9,5 millones de euros.
La actuación policial ha logrado desactivar un entramado concebido para maquillar como operaciones legítimas los ingresos generados por la explotación sexual de mujeres. La red operaba con tal sofisticación que cuarenta mujeres pudieron ser finalmente sacadas de ese circuito. En esta fase de la operación, además del exedil y un asesor fiscal, fueron arrestados una notaria, el responsable de una entidad financiera y una abogada, todos ellos señalados como presuntos colaboradores en el tramo final del proceso de lavado del capital obtenido por la organización.
Profesionales implicados en el blanqueo
El cometido de estos “profesionales” consistía en aportar el armazón formal que permitiera mover los fondos sin sobresaltos. Su intervención incluía la gestión de operaciones inmobiliarias, la apertura de cuentas bancarias, la provisión de terminales de cobro, el diseño de estructuras fiscales y la producción de documentación societaria.
La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) verificó que, tras los prostíbulos de Málaga capital y Cártama, se escondía una actividad altamente lucrativa y perfectamente organizada.
Los investigadores calculan que la organización amasó en torno a 3,5 millones de euros en patrimonio ilícito durante los últimos cuatro años.
Sin vínculo con la actividad municipal
El Ayuntamiento de Coín ha reiterado que no existe conexión entre la causa judicial y la actividad municipal, remarcando que ningún expediente o decisión pública estaría vinculada a los hechos investigados.
