Como el libro de arena de Borges, internet es infinito. No lo es para las matemáticas, pero sí para los humanos; incluso para los humanos que son periodistas. Tal infinitud de hecho hace imposible no ya prestar atención, sino simplemente conocer todas las informaciones relevantes sobre un hecho determinado y prolongado en el tiempo.

Ha sucedido muchas veces en el pasado y está sucediendo en el presente con la instrucción judicial que dirige la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la denuncia por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido la manifestación feminista del 8-M en la capital de España.

Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid atienda el recurso de la Abogacía del Estado y pinche la causa diciendo que no hay tal, el caso 8-M puede prolongarse durante meses hasta convertirse en una gigantesca burbuja judicial que, como sucede con todas las burbujas, nadie se atreverá a pinchar.

Todo queda en casa

Una de esas informaciones relevantes sobre el caso que ha pasado desapercibida fue la decisión de la jueza de no enviar copia de las diligencias contra Franco a los juzgados de las restantes comunidades autónomas competentes para investigar a sus delegados del Gobierno, pues todos hicieron lo mismo que el de Madrid: permitir las manifestaciones feministas que la derecha considera como el Big Bang de la pandemia.

De haber alertado a sus colegas, se habría activado la maquinaria judicial en los demás territorios, si bien con el riesgo de que no pocos jueces instructores inadmitieran la denuncia al no apreciar los indicios delictivos que sí se apresuró a apreciar Rodríguez-Medel, hasta el punto de que, en plena pandemia y con los juzgados bajo mínimos, puso el turbo sobre el caso ordenando con inusitada celeridad la incoación de diligencias, como si se tratara de una cuestión de vida o muerte cuyo esclarecimiento no podía esperar.

Y todo ello sin hacer previamente la mera comprobación de si había algún documento oficial advirtiendo del riesgo para la salud que supondrían las manifestaciones del 8-M, pues en caso de haberlo Franco sí habría podido cometer prevaricación al desoír la alerta oficial de peligro de contagio; a su vez, de no haber existido dicho documento no habría habido caso.

Rodríguez-Medel también podría haber remitido la causa a la Audiencia Nacional, dado que los indicios de criminalidad no serían atribuibles únicamente a Franco, sino a todos los delegados del Gobierno en cuyas comunidades hubiera habido el 8-M manifestaciones autorizadas con pareja prevaricación y similar alevosía.

El caso que no pudo ser

Las precauciones procesales de Rodríguez-Medel para acaparar el caso 8-M, no dando facilidades para que otros juzgados investigaran lo mismo, recuerdan a las adoptadas más de un lustro atrás por la jueza Mercedes Alaya para que el caso de los cursos de formación no fuera investigado por otros juzgados, que podrían no haber compartido su tesis de que existía una red clientelar de amigos del PSOE, de los sindicatos y de la Junta de Andalucía a los que esta habría regado generosamente de subvenciones sirviéndose de un esquema delictivo poco menos que calcado del que propició el escándalo de los ERE.

Alaya no pudo, sin embargo, evitar que juzgados de otras provincias andaluzas investigaran las denuncias de irregularidades en la gestión del dinero de la formación: de hecho, todos acabaron archivando las diligencias porque ninguno de ellos apreció los indicios de delito que para Alaya eran flagrantes y que, de haber instruido ella el caso en solitario, habrían desembocado en un nuevo caso ERE.

En una entrevista, en mayo de 2018, al diario ABC de Sevilla que hizo mucho ruido aunque reportó pocas nueces, Alaya acusó al PP y al PSOE de haberla apartado de esta y del resto de las macrocausas que juzgaba por "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación, porque había visto ya cosas asombrosas".

Ni quito ni pongo rey…

La jueza María Núñez no consiguió ver "las cosas asombrosas" vistas por su predecesora y archivó en octubre de 2016 la pieza política del caso de la formación, lo que a su vez la colocó en el punto de mira del Partido Popular y de los medios derechistas andaluces, que desde entonces no han cesado de acosar a la magistrada que había tenido el descaro de arrebatarles el juguete de "miles-de-millones-defraudados-como-en-los-ERE" que Alaya les había regalado.

Se diría que, ante casos de naturaleza política, la justicia española ni quita ni pone rey, pero sirve a su señora… la derecha. Baste recordar que si esa justicia hubiera aplicado al caso Gürtel el mismo formato de instrucción, tipo causa general, que Alaya aplicó en el caso ERE, habrían acabado en el banquillo Aznar, Rajoy, Arenas, Cascos, Cospedal y hasta el mismísimo Manuel Fraga que en paz descanse.

Los sucesivos instructores de las fabulosas mordidas del PP que periodísticamente hemos venido a denominar ‘caso Gürtel’, han sido, sin embargo, mucho más benévolos de lo que lo fue Alaya con los socialistas andaluces, inflando mes a mes, año a año y auto a auto una burbuja judicial que la Audiencia de Sevilla nunca se ha atrevido a pinchar y que tal vez los jueces del Supremo tengan el coraje si no de pinchar, sí al menos de dimensionar debidamente, limpiando así el honor de quienes pudieron equivocarse, pero no robar ni permitir deliberadamente que otros lo hicieran.

Si los magistrados del Supremo así lo hacen, que vayan, por cierto, preparándose para ser objeto de algunas de las persecuciones, insidias y calumnias que tanto daño han infligido a la juez María Núñez.

Por lo demás, conviene finalmente recordar este sugestivo dato: el nombramiento de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías o los de las Audiencias Provinciales tiene carácter discrecional y corresponde al Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de un año porque el PP se niega a una renovación que le arrebataría su actual mayoría: una mayoría conservadora cuya provisionalidad no ha impedido, sin embargo, que el Consejo haya asignado alrededor de 60 plazas de jueces de alto nivel…