Acorralados por la justicia, injuriados por los opositores y crucificados por la prensa, los cuatro ex dirigentes socialistas aforados ante el Tribunal Supremo en la causa de los ERE revisan su munición. No es mucha, sus cargadores están vacíos y su armas, exhaustas. Son Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Cuatro hombres y un destino. Aunque en verdad no son solo cuatro. Del desenlace de su causa ante el Tribunal Supremo pende a su vez el destino judicial de varias decenas de altos cargos de la Junta de Andalucía cuya imputación está exclusivamente vinculada al procedimiento presuntamente ilegal de concesión y pago de las ayudas sociolaborales. El jueves pasado recibían la peor noticia que podían esperar. La que no habían imaginado en sus peores pesadillas procesales: el instructor del Supremo no solo no archivaba la causa, sino que asumía las devastadoras tesis de la jueza Mercedes Alaya y lo hacía además en unos términos singularmente duros. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]SOSTIENE BARREIRO[/cita] En opinión de Alberto Jorge Barreiro –un juez particularmente severo a la hora de enjuiciar los indicios de prevaricación, como demostró en su voto particular contra la sentencia del caso Matas– los imputados urdieron, consintieron y hasta ‘cebaron’ un procedimiento administrativo y presupuestario mediante el cual intentaban eludir la fiscalización previa de la Intervención propia de unas subvenciones cuya concesión pretendían encubrir y gestionar con total discrecionalidad. La exposición razonada de Barreiro ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fue un auténtico mazazo para los imputados, pero también para el propio Partido Socialista en Andalucía. Para la dirección federal lo fue pero en bastante menor grado: la percepción que se tiene en la calle Ferraz sobre el escándalo de los ERE es mucho menos indulgente que en la calle San Vicente. No obstante, también aquí, en la dirección regional del partido, esa percepción se ha ido endureciendo con el paso del tiempo, en consonancia por lo demás con lo ocurrido en la propia sociedad española, donde el sistema de pesas y medidas para evaluar el mal uso del dinero público está hoy mucho más afinado que en el pasado reciente. Aun así, en San Vicente la propuesta de procesamiento de los expresidentes ha sido vivida con mucho dolor y más de una lágrima. Admiten que se vigiló mal o incluso que se dieron ayudas que no debieron darse, pero están absolutamente seguros de la honestidad de los imputados. Están seguros y lo dicen, en público y en privado. En Ferraz puede que también estén seguros y puede que también lo digan, pero algo menos. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LO QUE PIENSA LA GENTE[/cita] Lo cierto es que hoy esa honestidad, que ayer defendía con voz quebrada el número dos del partido Juan Cornejo, está puesta en cuestión. Mucha, muchísima gente al norte del Despeñaperros cree que Chaves y Griñán se han llevado dinero: ven los telediarios, oyen sus nombres, oyen a continuación la palabra malversación, luego la palabra fraude, después la cifra de 800 millones de euros y, sencillamente, llegan a la conclusión de que robaron. Y aunque no robaran, que desde luego no robaron, las apariencias operan contra ellos. Las apariencias, y el ambiente. Y la justicia, por supuesto, que puede que se equivoque, pero puede que no. El problema con la justicia, cuando se trata de personajes públicos, es que sus errores son irreparables. Chaves, Griñán y Zarrías son hoy tres cadáveres políticos. Su resurrección política es imposible, si bien no así su rehabilitación personal. Pero para que eso llegue, si es que llega, habrá que esperar aún mucho tiempo. O no tanto: todo depende de la eficacia de ese último cartucho que queda en el arsenal de los imputados y que es el recurso ante la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que rechace el suplicatorio solicitado por el juez Barreiro. En realidad, a estas alturas no confían demasiado en la puntería de sus carísimos abogados para acertar en un blanco que parece estar a demasiada distancia de la línea de disparo. No se hacen muchas ilusiones porque ya se hicieron demasiadas en el pasado. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UN PRECEDENTE ESPERANZADOR[/cita] Aun así, todos tienen en mente el caso Campeón, donde estuvo involucrado el ministro socialista José Blanco, cuyo calvario mediático y judicial acabó con un rotundo archivo que difícilmente pudo, sin embargo, compensar la interminable relación de estaciones de penitencia que el ministro tuvo que recorrer antes del feliz desenlace. El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz lo tuvo muy claro desde el principio, y por eso pidió al magistrado instructor del caso Campeón, José Ramón Soriano, que tramitara al Congreso el suplicatorio necesario para proceder contra el ex ministro de Fomento y ex vicesecretario general del PSOE. En un demoledor escrito de 28 folios, el Ministerio Público acusaba a Blanco de un posible delito de tráfico de influencias por  haber intervenido ante el Ayuntamiento de Sant Boi para que concedieran a la empresa Azkar la licencia necesaria para construir una nave de transportes próxima al aeropuerto de El Prat. Según el fiscal, lo que hizo Blanco fue "conseguir una resolución favorable a los intereses particulares de su amigo José Antonio Orozco", que era vicepresidente de Azkar e íntimo del ex ministro desde la infancia. Y el juez estuvo de acuerdo en que los indicios contra Blanco eran lo suficientemente sólidos como para sentarlo en el banquillo. Sin embargo, el ministro recurrió y la Sala de lo Penal le dio la razón: "Practicadas todas las diligencias necesarias y no existiendo indicio alguno de haberse cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación imputados al diputado José Blanco López, procede acordar el sobreseimiento y archivo, dejando sin efecto las imputaciones", decía el auto del Supremo, infinitamente menos comentado en las insaciables tertulias que las sucesivas estaciones de penitencia recorridas por el ministro, achicharrado ya políticamente a esas alturas de la investigación. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]HUMANO, DEMASIADO HUMANO[/cita] En un desenlace así piensan los imputados de los ERE. Si ese cartucho les falla o no da en el blanco, su última esperanza será salir absueltos en el juicio oral que les será abierto si la Sala de lo Penal está de acuerdo con el instructor Barreiro. Pero para entonces, aun con absolución, será demasiado tarde. De hecho, incluso ahora mismo es ya demasiado tarde. Todo lo que les dio la política se lo está arrebatando la justicia. ¿O es en realidad la política quien se lo está arrebatando? Es difícil creer tal cosa. En principio y salvo que se demuestre lo contrario, los jueces, los fiscales y los policías son tipos normales que intentan hacer bien su trabajo. Otra cosa es que se dejen influir por el ambiente, lo que sin duda ocurre. O que se equivoquen, lo que sin duda también ocurre, sobre todo cuando se trata de casos en los que, durante el curso de las investigaciones, el hilo del delito se hace muchas veces invisible y quienes lo siguen acaban perdiéndole la pista. Ese momento de invisibilidad del delito es crucial para cualquier profesional de la policía o la justicia: cuando uno ha dedicado cientos de horas a esclarecer lo que desde el principio siempre pareció un crimen, no desea por nada del mundo haber perdido el tiempo, haberse equivocado o –lo peor de todo– hacer el ridículo. La justicia siempre intenta ser justa, pero nunca puede dejar de ser humana. En ocasiones, demasiado humana.