Se lo dijo a principios de diciembre y ha vuelto a decírselo ahora: la Fiscalía Anticorrupción vuelve a acusar al PP de no jugar limpio en la batalla judicial de los cursos de formación de la Junta.
Ya en el escrito de diciembre el Ministerio Público, a propósito de otro recurso, acusaba al PP de "volver a enmarañar" la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía "con la petición de un nuevo plazo para recurrir" el auto de archivo dictado el pasado 11 de octubre, a petición de la Fiscalía, por la juez María Núñez Bolaños, "y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones" celebradas en esta causa.
El archivo afectaba a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el que luego fuera consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas. 16 de esas 24 personas fueron detenidas –con 'pena de telediario' incluida– por la anterior titular del juzgado e instructora del caso, Mercedes Alaya.
Hechos falsos
Aun así, el PP ha vuelto a intentarlo de nuevo. La Fiscalía Anticorrupción pide que se rechace su nuevo recurso contra el archivo judicial de la pieza política de los cursos de formación y reprocha a la formación conservadora su intento de falsear los hechos: “Es falso y contrario a la realidad” decir que el PP ha recusado a la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y que por tanto deba abstenerse en la causa”, y “es falso que hayan aparecido nuevos datos”. En opinión de la Fiscalía, el PP ha recurrido “sin entrar al fondo del asunto” y “aduciendo motivos de naturaleza meramente formal”.
La secretaria general del PP-A, Loles López, defendió ayer que "en otras ocasiones la Fiscalía también se ha opuesto a recursos del PP-A, pero finalmente la Audiencia nos ha dado la razón" y, como si el auto de archivo nunca hubiera existido, volvió a decir que "a nadie se le escapa que cien mil millones de euros acabaron en empresas de amiguetes y familiares del PSOE".
En cambio, para el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, "ha quedado muy claro que el caso de los cursos de formación es una gran farsa alimentada en gran parte por el PP".
Un castillo de naipes
El PP, que ejerce la acusación particular, nunca encajó de buen grado un archivo judicial que hacía desmoronarse el castillo de naipes que había levantado sobre el caso y cuyas primeras cartas le fueron facilitadas por la tesis de la juez Mercedes Alaya, que fue la primera instructora y que, al igual que en el caso de los ERE, vio en las irregularidades de la formación una oscura y gigantesca trama de clientelismo político.
La acusación que ejerce el partido ha recurrido la decisión de la juez al entender que se trata de una decisión "absolutamente incongruente", basada en "interpretaciones falsas, o al menos incorrectas", ya que "no se ha agotado la instrucción", y adoptada por una magistrada cuya "parcialidad" ha quedado "evidenciada" en la causa.
En el recurso ahora rechazado por la Fiscalía, el PP insiste en que no se ha resuelto el incidente de recusación planteado contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y solicita al juez que "legalmente sustituya" a la magistrada "recusada" que declare la nulidad del auto de archivo.
