Todo su entorno y la gente que conoce bien a Antonio Lozano alaba su labor en las distintas etapas que ha cubierto. Es más, se sienten extrañadísimos  e indignados de la imputación del Viceconsejero de la Presidencia. Lo cierto es que el clamor de indignación lo tienen por la totalidad de cargos y ex cargos públicos socialistas, entre ellos Magdalena Álvarez, que han sido imputados sin saber además las posibles causas indiciarias que han llevado a  la juez Alaya ha hacerlo.

Conciencia tranquila
En declaraciones, Lozano, que ha declinado sus  funciones como secretario de actas del Consejo de Gobierno, ha  querido dejar claro que tiene la "conciencia muy tranquila" porque su  trabajo en la administración siempre se ha regido por un principio:  "el de ser un servidor público y velar por que la gestión de las  políticas y, en consecuencia, el gasto de cada euro de dinero público  fuese destinado al fin que legalmente le corresponde".

Una débil argumentación jurídica
El exdirector general de Presupuestos mantiene que mientras  ostentó este cargo desarrolló el ejercicio de sus competencias con  estricta sujeción a la legalidad vigente, incluida la Ley de  Presupuestos, aprobada por el Parlamento andaluz. En base a ello, Lozano aprecia "una débil argumentación jurídica  en el nuevo auto", puesto que la jueza "no encuentra ningún reproche  de naturaleza penal" y, por lo tanto, no acusa de delito alguno más  allá de, en su caso, "haber ejercido las competencias que entonces  tenía encomendadas, como el propio auto reconoce".

No tengo vinculado acusación de delito concreto
"Que mi nombre, y el de otros muchos compañeros, aparezca en el  auto sólo responde a una premisa, haber cumplido la ley, como ha sido  participar en la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos  de los años que están siendo investigados por la Justicia", ha  agregado Lozano. En este sentido, el exdirector general de Presupuestos ha estimado  que, si bien la imputación en causas judiciales es una garantía  procesal de cara al ciudadano, en este caso "no conduce a ningún  lugar porque no tiene vinculado acusación de delito concreto, como  exige la Constitución".

Un daño irreparable en la esfera personal y política
Así, Lozano ha aseverado que "además de generar un clima de  indefensión jurídica en cargos que actualmente trabajan en la  administración lleva a causar un daño irreparable en la esfera  personal y política en profesionales de la administración que ejercen  cada día como servidores públicos, entre los que me incluyo".

Por todo ello, Antonio Lozano ejercerá su derecho a recurrir el último auto de la jueza Mercedes Alaya, auto que fue hecho público  ayer, si bien aún no le ha sido notificado formalmente.