Adrián Manuel Moreno, el joven sevillano condenado a seis meses de cárcel por un delito de hurto tras robar una bicicleta de 'Sevici' en el mes de junio del año 2008, ha reclamado al Ministerio de Justicia que responda ya a su petición de indulto, pues, cabe recordarlo, la juez ha fijado para el próximo día 15 de junio su ingreso voluntario en prisión. En declaraciones a Europa Press, el abogado de Adrián, Ángel Bordas, ha trasladado la preocupación del condenado y de toda su familia "ante la falta de noticias sobre su indulto", pues el departamento que dirige Rafael Catalá "no ha dado ninguna respuesta" tras "varios meses de espera" y a pesar de que cuenta con "todos los informes necesarios para dar esta medida de gracia". En este sentido, el letrado ha puesto de manifiesto que si en la reunión del Consejo de Ministros de este próximo viernes "no dan respuesta, Adrián entrará en prisión el próximo 15 de junio y perderá su trabajo y con ello el sustento de toda una familia", por lo que ha reclamado a Justicia "máxima diligencia y no demorar más la intranquilidad de una familia entera". "Conocemos por el asunto de María Salmerón --doblemente indultada-- que los indultos se pueden aprobar de manera urgente", ha aseverado el abogado, que por ello ha pedido al Gobierno central "que tenga en cuenta las circunstancias de Adrián, trabajador y padre de familia", punto en el que ha recordado además que "todos los grupos políticos y el propio Ayuntamiento de Sevilla han mostrado su petición de indulto de manera unánime". De su lado, fuentes del Ministerio de Justicia han informado a Europa Press de que "siguen estudiando" los informes preceptivos para el indulto solicitado por el condenado, al que cabe recordar que se opuso la Fiscalía de Sevilla. "PELIGROSIDAD DELICTIVA" El pasado mes de marzo, la juez de lo Penal número 13 de Sevilla pospuso al 15 de junio el ingreso voluntario en prisión de Adrián Manuel Moreno pero rechazó suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve su petición de indulto dada la "peligrosidad delictiva" del acusado. En el auto donde pospuso su ingreso en prisión, que inicialmente había sido fijado para el 15 de marzo, la juez resalta que fue el 25 de junio de 2010 cuando dictó la sentencia condenatoria por el robo de la bici --confirmada por la Audiencia Provincial el 5 de junio de 2014--, mostrando el acusado "un nulo arrepentimiento de los hechos" e "imputando la infracción penal a un menor de edad". La magistrada señala que al acusado le consta un antecedente vigente en el momento de los hechos por un delito de allanamiento de morada del domicilio de su expareja sentimental, no obstante lo cual el Juzgado de lo Penal número 13 le concedió la suspensión de la pena privativa de libertad por un plazo de tres años. No obstante, y según explica la juez, al joven le constan, junto a la condena por el delito de hurto de la bici, otras dos condenas posteriores por hechos acaecidos el 23 de febrero de 2014 y el 6 de diciembre de 2014. "CARECIÓ DE EFECTOS REHABILITADORES" "Es por ello que la suspensión de la pena concedida por este Juzgado careció de efectos rehabilitadores, al delinquir dos meses más tarde de finalizar el plazo de suspensión. Y al hecho de que otras penas como los trabajos en beneficio de la comunidad han carecido de efectividad alguna", asevera la juez en su auto. De igual modo, resalta que la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de indulto planteada por el abogado del condenado, Ángel Bordas, "al valorar también la existencia" de cinco detenciones por hurto, y delitos contra la seguridad vial de 2 de octubre de 2011, de 26 de septiembre de 2013, de 7 de octubre de 2014 y de 6 de diciembre de 2014, así como una imputación de otro delito contra la seguridad vial ya sentenciado. Al hilo de ello, la juez reitera los argumentos dados por la Audiencia Provincial de Sevilla en su resolución de 10 de febrero de 2016, en la que literalmente expone que "se evidencia el escaso efecto intimidatorio y rehabilitador de las anteriores condenas, como sucede en el caso de autos, donde, no obstante habérsele otorgado la suspensión de la pena impuesta en otra ejecutoria, volvió a delinquir a escasos meses después de la remisión definitiva de dicha condena, reincidiendo en otro delito cometido meses antes". Además, la Audiencia puso de manifiesto que "el hecho de haber sido condenado en cuatro ocasiones, dos de ellas por hechos de 2014, pone de manifiesto la peligrosidad delictiva del mismo". La juez considera que, en el presente caso, "no existen paralizaciones injustificadas del curso del procedimiento", lo que, unido a la hoja histórico penal del condenado, "permite en todo caso concretar la peligrosidad delictiva del reo, tal y como establece la Audiencia Provincial en la resolución antes citada". "IMPRORROGABLE" Por todo ello, la magistrada rechazó la suspensión de la pena solicitada por el letrado del condenado y fijó para el 15 de junio su ingreso voluntario en prisión, ya que entiende que se trata de un "lapso temporal suficiente" para que, entre tanto, "se de respuesta al indulto solicitado". No obstante, determina que se trata de un plazo "improrrogable" para su ingreso voluntario en prisión "dada las nuevas condenas del reo recientes". El pasado mes de octubre de 2015, los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, PP, Ciudadanos, Participa e IU-CA, suscribieron una declaración institucional en la que apoyaron la petición de indulto formulada por el joven. En esa declaración, los grupos municipales daban cuenta de que "el delito se cometió cuando Adrián tenía 18 años de edad", pero "en la actualidad se encuentra completamente rehabilitado", porque "tiene trabajo en un restaurante y es el único sustento de sus dos hijos, uno de ellos recién nacido, y de su mujer". "El Ayuntamiento, como entidad titular del servicio municipal del préstamo de bicicletas, quiere interceder ante las autoridades judiciales para evitar los citados efectos indeseados de una entrada en prisión a todas luces innecesaria", señala la declaración institucional, según la cual "si Adrián entrara en prisión, se dañará el proceso vital de esta persona perfectamente integrada en el mundo socio-laboral y el de toda su familia, que en un marco de creciente precariedad, depende económicamente por completo de su salario".