Mari Carmen Cruz, de 31 años, y Cristian Sirres, de 35, padres de dos niños de 2 y 12 años de edad, han sido desahuciados por no poder pagar el alquiler de la vivienda. A las 11,30 de la mañana, acompañados de miembros de la plataforma Stop-Deshaucios-Jaén, abandonaban su hogar, situado en el barrio de El Valle, entre lágrimas de la familia y la mirada perdida de ellos ante el futuro incierto que se le avecina. Adeudan a los propietarios de la casa 3.000 euros. Los dos se encuentran en el paro. Ella, como autónoma, no percibe ningún tipo de prestación, mientras que él ha empezado a cobrar ahora el subsidio de ayuda familiar para desempleados, 426 euros al mes. Una cantidad insuficiente para hacer frente a un alquiler que asciende a 360 euros, más los gastos restantes de luz, agua y comida. Cristian lleva meses tratando de encontrar un trabajo, pero de momento la suerte le ha dado la espalda. ADIÓS A TODO ESTO La desolación ha hecho mella en esta joven pareja que en cuestión de meses ha visto cómo ha perdido todo: trabajo y casa. La madre de ella no ha podido aguantar las lágrimas cuando los ha visto salir de la vivienda, mientras vecinos y amigos les arropaban en un momento tan difícil. Ni siquiera esperaron a que la comisión judicial fuera a echarlos; abandonaron antes la vivienda. Asesorados por la Plataforma de Afectados por el Derecho a la Vivienda han mantenido durante este último mes reuniones tanto con la Administración local como autonómica para poder acceder a algunas de sus viviendas. La plataforma responsabiliza a ambas administraciones de "no garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna". Como medida de fuerza, el colectivo Stop Desahucios, junto a la pareja, se encerraron en la sede de la delegación de Fomento y Vivienda hasta que se les consigne una vivienda. "Estaremos aquí el tiempo que sea necesario", asevera Cristian mientras los niños se encuentran en casa de los abuelos maternos. A primera hora de la mañana eran desalojados por la Policía. MEDIAR CON LOS BANCOS Cristina Téllez, de la plataforma Stop-Desahucios, ha expresado su malestar por la actitud de ambas administraciones que "se echan la pelota", pero no hacen nada para remediar una situación de extrema gravedad para una familia "que lo ha perdido todo". Una situación complicada pues no hay propietario que quiera alquilar su vivienda si el inquilino no tiene ningún tipo de ingreso, ha explicado Téllez, que considera que sí existen otro tipo de soluciones que las administraciones pueden tomar como "es mediar con los bancos que tienen viviendas cerradas". También ha recordado la existencia en Jaén de unos 7.000 pisos vacíos de obra pública, "algunos de ellos son de alquiler, están adjudicados pero no están ocupados, por tanto, son personas que no tienen la necesidad inmediata de una vivienda, mientras nos encontramos con familias desesperadas como la de Cristian y Mari Carmen que se han quedado sin techo". Téllez ha reclamado para esta pareja una vivienda de alquiler social, que junto a los 420 euros y las ayudas de los familiares más directos puedan salir adelante hasta que la situación económica se estabilice, al tiempo que ha lamentado la actitud pasiva del Ayuntamiento de Jaén y del alcalde que en un momento dado llegó a presumir de que en Jaén no se había producido ningún desahucio, un comentario que desde la Plataforma Stop-Desahución se desmiente al asegurar que es imposible cuantificar el número dado el pudor y la vergüenza que sienten muchas personas para informar de un momento tan humillante, "pero si podemos confirmar que en la provincia se produce al menos uno al mes". COMPETENCIA MUNICIPAL Por su parte, el titular de la delegación de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, aseguraba que la familia le merece todo su respeto, y que no pensaba adoptar ningún tipo de fuerza para echarlos de la delegación, aunque horas después serían desalojados. No obstante, esta actitud de respeto no quita para mostrar su malestar por la utilización política que, a su juicio, se está haciendo de una cuestión tan seria como la que atraviesa esta pareja. Ha vuelto a insistir en que la competencia de este asunto le corresponde al Ayuntamiento de Jaén y a la empresa municipal de Somuvisa, quienes deben prestar la ayuda de emergencia social que sea necesaria a la familia, dejando claro "que el cometido del Gobierno andaluz es otro". Según Valdivielso, la administración autonómica se hizo cargo hace unos días otra familia afectada por desahucio porque contaba con un informe de emergencia social del Ayuntamiento, entregándole una vivienda que estaba disponible. La situación actual, es totalmente diferente, la Junta "no tiene viviendas, y si en el futuro las tuviera, tendría que aplicar los principios de igualdad de oportunidades entre todos los casos que tenemos. Tenemos que velar por el cumplimiento de la Ley". Pese a ello, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas con la familia se le ofreció una vivienda en Martos o en Bailén, pero la pareja se negó a trasladarse fuera de la capital, algo que el delegado provincial de Fomento no logra entender cuando se ha tratado de hacer todo lo posible para evitar que esta familia se quedara en la calle.