Sería un hecho si no histórico sí extraordinariamente novedoso en la política española que dos comunidades gobernadas por partidos congénitamente contrarios como son el PSOE y el PP consensuaran una posición conjunta en un asunto de tanta trascendencia como el modelo de financiación autonómica.

Pero justamente eso es lo que, en principio, se desprende del hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE), hayan acordado mantener el martes 21 de septiembre en el Palacio de San Telmo de Sevilla una reunión cuyo propósito es unir fuerzas para que haya cuanto antes un nuevo sistema de reparto de fondos entre los territorios y que éste no resulte tan escandalosamente lesivo para ambas comunidades como lo es el actual.

Valencia y Andalucía comparten diagnóstico sobre el actual sistema, aprobado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. San Telmo viene repitiendo desde hace meses que Andalucía pierde cuatro millones de euros al día con el actual sistema: también los perdía, en todo caso, cuando gobernaba Mariano Rajoy, pero entonces el PP andaluz guardaba silencio. Simultáneamente, las prisas que tenía entonces del PSOE andaluz han menguado mucho desde que Pedro Sánchez gobierna.

No es imposible, ciertamente, que Puig y Moreno alcancen algún tipo de posición común, pero no habría hacerse muchas ilusiones al respecto: principalmente porque, como ilustra desde hace décadas el funcionamiento del Senado, el criterio de pertenencia a un partido suele primar sobre el criterio de pertenencia a un territorio. Para Moreno es un aliciente desgastar todo cuanto esté en su mano al Gobierno socialista de Pedro Sánchez porque ello fortalece al PP; pero a su vez Puig hará todo cuanto esté en su mano para contrarrestar la estrategia de erosión de Moreno.

El PP andaluz y Moreno han asumido el dictamen sobre financiación autonómica promovido en 2017 por la ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero y aprobado por el Parlamento andaluz con el voto favorable de todos los partidos salvo Ciudadanos.

El PP también votó favorablemente, aunque lo hizo a regañadientes pues quien entonces gobernaba en Madrid era Rajoy: a menos de un año de las elecciones autonómicas, para Javier Arenas tenía un coste político más elevado rechazar que respaldar un modelo de financiación bien armado técnica y jurídicamente y además muy favorable a los intereses andaluces.

Probablemente a Ximo Puig le suceda hoy algo parecido. Aunque sospeche de la sinceridad del gesto, le sería difícil explicar por qué rechazaba de entrada la mano tendida de Moreno, cuando es un hecho incuestionable que Valencia y Andalucía son dos de las comunidades más perjudicadas por el actual sistema.

Sobre el encuentro del día 21 en San Telmo, cabe preguntarse cuánto va a tener de política y cuánto de mera comunicación, cuánto de contenido real y cuánto de puro teatro. Que a ambos presidentes les interese unir fuerzas permite albergar algunas esperanzas, desde luego, pero no tantas como para pensar que Moreno vaya a defender un modelo de financiación que, por poner solo un ejemplo, la poderosa presidenta Isabel Díaz Ayuso considere perjudicial para Madrid.

Lo más probable es que de la cita de San Telmo y de cuantas pudieran producirse en el futuro acabe saliendo uno de esos comunicados llenos de buenas palabras con los que los firmantes suelen quedar bien pero cuya operatividad política es más bien nula. Aunque relativa únicamente a la financiación autonómica, pensar que pueda llegar a materializarse una ‘grosse koalition’ entre la Valencia socialista y la Andalucía conservadora parece poco realista en estos momentos.

Simultáneamente, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y Ximo Puig mantuvieron este fin de semana un encuentro de trabajo en la provincia de Jaén para "reforzar el acuerdo y la posición común del PSOE en ambas comunidades autónomas en torno al nuevo modelo de financiación territorial".

El objetivo de la reunión, de la que informó el PSOE-A en una nota, era "avanzar de forma conjunta y con propuestas compartidas con el Gobierno de España para que se alcance un acuerdo en torno a la modificación del sistema que se aplica desde 2009, de forma que se adapte a la situación actual y permita una distribución más justa y en igualdad de los recursos entre los territorios".