El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuya supresión exige Vox, puede haber dado esta semana un paso más contra sí mismo al suprimir la principal herramienta con que contaba para medir el grado de pluralismo de las emisoras públicas Canal Sur, TVE Andalucía y las televisiones municipales.

Con los votos únicamente de los cinco consejeros designados a propuesta de los partidos de la derecha, el acuerdo adoptado el pasado martes 3 de noviembre decidió “sustituir los indicadores cuantitativos aprobados en 2015 por una valoración que tenga en cuenta tanto la realidad de las televisiones como la realidad política local”.

Los cuatro consejeros restantes, nombrados por el Parlamento a propuesta de la izquierda, formularon un voto particular contra el acuerdo, por cuanto “supone en sí mismo un retroceso en la función encomendada a este Consejo por las leyes”, hasta el punto de que “el cumplimiento o no del deber de observar el pluralismo político queda a partir de ahora en las manos de los consejeros y consejeras, llamados a interpretar situaciones o circunstancias que pueden influir decisivamente en el mismo”.

Una herramienta imperfecta pero útil

Los indicadores de pluralismo venían aplicándose y reflejándose en los informes del CAA desde el 1 de enero de 2016, lo cual permitía señalar públicamente con el dedo acusador a las televisiones que incumplían la proporción 60/40.

Es lo que ocurría en no pocas emisoras locales, aunque más infrecuentemente en Canal Sur, cuya amonestación pública por falta de pluralismo habría puesto en aprietos a sus directivos y al propio Gobierno andaluz. La eliminación del baremo impedirá saber si Canal Sur respeta el pluralismo político.

El acuerdo –publicado en la web del CAA, aunque difícil de localizar para un usuario de a pie– explica que la decisión de sustituir los indicadores cuantitativos “por una valoración que tenga en cuenta tanto la realidad de las televisiones como la realidad política local” está “en consonancia con lo que ya hacen la práctica totalidad de los organismos reguladores europeos –a excepción del Conseil Supérieur de l’Audivisuel de Francia– y como respuesta a la propia experiencia del CAA”.

Además de buscar esa sintonía con los reguladores audiovisuales europeos, el CAA aduce “dificultades técnicas en la valoración del pluralismo de las televisiones locales”, como habría puesto de manifiesto un informe técnico de marzo de 2020 según el cual "los gobiernos de coalición pueden presentar serios problemas a la hora de aplicar criterios numéricos".

Los consejeros de ascendencia conservadora –Paulino García, Pilar Jimeno, Ana Millán y Mateo Risquez y el presidente Antonio Checa– entienden, según refleja el acuerdo, que, a la hora de realizar anualmente su Informe sobre Pluralismo Político, “se ha comprobado que los indicadores existentes no han resultado determinantes ni suponen un mecanismo imprescindible y útil”.

Una regla demasiado subjetiva

No piensan lo mismo los cuatro consejeros que ocupan su cargo a propuesta del PSOE y Adelante –Joaquín Durán, María Luisa Suero, Amalia Rodríguez y Pilar Távora–, según los cuales “el cumplimiento o no del deber de observar el pluralismo político queda a partir de ahora en las manos de los consejeros y consejeras”.

Creen también los firmantes del voto particular que “el CAA se ha dotado de una regla absolutamente subjetiva que permite al Pleno hacer cuantas valoraciones considere necesarias sin ningún tipo de indicador objetivo”, a lo que hay que sumar que “los propios prestadores no tendrán a partir de ahora ninguna garantía de que sus emisiones sean consideradas plurales o no”.

No niegan los consejeros de la minoría que, en efecto, ha habido dificultades técnicas para “adjudicar tiempos de palabra de coaliciones difíciles de ser sumados por su composición a gobiernos u oposiciones”.

Aun así, proponen mantener los indicadores cuantitativos y, llegado el caso, “valorar el cumplimiento del pluralismo teniendo en cuenta las situaciones que pudieran producirse, en caso de que los tiempos de palabra ‘de difícil asignación’ pudieran provocar distorsiones decisivas en el cumplimiento de los indicadores de pluralismo.”

Malo para el Consejo, bueno para Vox

La polarización política que se observa en la gestación de este acuerdo y en otros episodios recientes es una mala noticia para un organismo regulador y políticamente transversal como el Consejo Audiovisual, pues sugiere que estaría guiándose por criterios ideológicos más que profesionales al reproducir automáticamente la relación de fuerzas del propio Parlamento de Andalucía.

No es, por lo demás, la primera vez que el CAA con una mano parece tirar piedras contra su propio tejado y con la otra proteger los intereses de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno andaluz de PP y Cs.

Ya ocurrió seis meses atrás, cuando optó por hacerse el sueco ante el decreto gubernamental que amparaba a las radios piratas. En el Pleno celebrado a finales de abril de forma telemática, los consejeros de la mayoría impusieron su criterio de que el CAA no emitiera informe alguno sobre el polémico decreto porque la institución reguladora, decían, “no tiene potestad para realizar valoraciones sobre una normativa vigente cuya observancia tiene encomendada”.

Con inhibiciones tan escandalosamente progubernamentales como aquella del decreto de las radios y con supresiones tan sospechosas como esta del baremo de medición del pluralismo, la mayoría que hoy domina la institución ayuda a Vox a cargarse de razón cuando sostiene que el Consejo es un organismo perfectamente prescindible.

Dado que exigiría una modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la eliminación del CAA que reclama el partido ultra es más que improbable, pero no así su paulatina conversión en un organismo vacuo. Su existencia estaría garantizada. Su futilidad, también.