Como cuando Camilo José Cela confesaba medio en broma que había logrado no acabar ninguna carrera universitaria, lo cual no era lo mismo que no haber logrado acabarla, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha logrado no emitir ningún dictamen sobre el polémico decreto de la Junta de Andalucía que el sector audiovisual considera lesivo, entre otros motivos por amparar a las radios pirata. ‘Lograr no emitir’ se parece, pero no es lo mismo que ‘no lograr emitir’.
Aunque coloquial, la expresión ‘hacerse el sueco’, que la Academia define como ‘desentenderse de algo’, es la que mejor parece cuadrar a la conducta del CAA, cuyo Pleno se reunió ayer de forma telemática para concluir que "no tiene potestad para realizar valoraciones sobre una normativa vigente cuya observancia tiene encomendada".
¿Un Parlamento en miniatura?
La decisión de inhibirse contó con el voto favorable de los cinco miembros del CAA designados por el Parlamento a propuesta de los partidos que sostienen al Gobierno autonómico –PP, Cs y Vox–, mientras que los consejeros nombrados a propuesta de PSOE y Adelante votaron en contra y además presentaron un voto particular en el que defienden no ya legitimidad del CAA para pronunciarse, sino también el deber inexcusable de hacerlo.
El comunicado difundido ayer por el CAA señala que la decisión de no pronunciarse sobre el decreto gubernamental se tomó “por mayoría”, aunque sin precisar qué votó cada uno de los 9 miembros del Consejo, cuya composición reproduce la del Parlamento, pero cuyas votaciones en asuntos embarazosos para el Gobierno no tienen por qué reproducir las habidas en la Cámara, ya que en tal caso la existencia misma del Consejo estaría en cuestión.
Quo vadis, presidente?
El voto en sintonía con el Gobierno emitido por los cuatro consejeros de la mayoría no resulta sorprendente, y de hecho entraba dentro de lo previsible, pero no sucede lo mismo con el voto crucial del presidente del CAA, Antonio Checa.
Elegido por unanimidad por todos los grupos parlamentarios para presidir el Consejo, el veterano periodista puede ver comprometido su prestigio profesional al inclinar la balanza de las votaciones en un sentido llamativamente contrario al que ha venido avalando en su trayectoria intachable de independencia profesional.
No hay motivo
En el comunicado emitido al término de la reunión de ayer, el órgano de extracción parlamentaria que se define a sí mismo como “autoridad audiovisual pública” justifica su inhibición con este argumento:
"Entre las funciones que nos otorga la ley no hay ninguna que nos habilite para pronunciarnos sobre textos normativos ya aprobados, como sí se hace, por ejemplo, en la Ley de creación del Consejo Consultivo".
Este argumento a favor de la inhibición que choca con lo prescrito por la propia Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, cuyo artículo 4.2 señala que el CAA tiene encomendada la función de "asesorar al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno y a las corporaciones locales de Andalucía en materias relacionadas con la ordenación y regulación del sistema audiovisual, así como elaborar los informes y dictámenes oportunos en materia de su competencia".
Enfado del sector
Como se sabe, el decreto de la Junta ha puesto en pie de guerra al sector. Tras su aprobación por el Gobierno andaluz el pasado 2 de abril, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) emitió un duro comunicado en el que alertaba de que el decreto era “contrario a la legislación estatal básica” y “dinamitaba la seguridad jurídica”.
Además de la AERC, 13 entidades de distinto signo –organizaciones sociales, facultades de comunicación, periodistas, sindicatos y oenegés– coincidían en pedir al Gobierno andaluz la paralización del ‘megadecreto’, ya que entre otras cosas, amparaba y propiciaba "la privatización de emisoras municipales, la contratación de publicidad por parte de emisores piratas, la competencia desleal y el intrusismo”.
En este sentido, el ‘dictamen sueco’ parece desautorizar al propio Consejo que lo ha emitido y que, en su informe del pasado 20 de abril, calificaba de “alarmante" el número de 72 televisiones que siguen emitiendo sin licencia en la comunidad y conminaba a la Junta a resolver "esta anómala situación que se viene manteniendo en el tiempo".
Preguntas sin respuesta
A las mencionadas 13 entidades se sumaron varias más en un escrito dirigido expresamente al presidente Checa, para que se pronunciara sobre lo que a su entender es una situación de “indefensión e inseguridad jurídica” y “un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios”. El Consejo no ha respondido a la interpelación de los profesionales.
En el ámbito parlamentario, PSOE y Adelante Andalucía también se han opuesto con rotundidad tanto al contenido del decreto como a que un texto que modifica más de una veintena de leyes no fuera tramitado como proyecto de ley.
El PSOE ha promovido un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Gobierno de la nación estudia hacer lo mismo si la Junta no introduce modificaciones en artículos que invadirían competencias estatales.
Echando balones fuera
Tras la sesión plenaria de ayer, el Consejo Audiovisual de Andalucía se limitó a hacer “un llamamiento al diálogo y el consenso sobre los contenidos del decreto-ley 2/2020”, dado que “el anuncio de que la norma vaya a ser debatida en el seno del Parlamento andaluz y negociada entre los gobiernos andaluz y central, en los dos artículos que el Ejecutivo quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional, abre una oportunidad de diálogo, y ese es el ámbito, y no otro, donde debe producirse el deseable consenso en lo que se refiere a los contenidos del citado decreto ley”.
Hasta tal punto echa el Consejo balones fuera que ha decidido “trasladar a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, toda la información derivada del debate que se ha mantenido en el Consejo en relación al Decreto Ley 2/2020, incluyendo los escritos recibidos desde el sector audiovisual, el informe jurídico del CAA y el texto de este acuerdo”.
El organismo dice haber “analizado en profundidad, durante sus dos últimas reuniones plenarias, la situación planteada con esta reforma legal” e incluso llega a admitir delicadamente que dicha reforma “puede tener influencia en el futuro de empresas e instituciones audiovisuales” y, además, “modifica también la propia Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía”. Aun así, no ve motivos para pronunciarse.
Detallado pero no concluyente
También recuerda la nota difundida ayer que los servicios jurídicos del CAA elaboraron, a petición del presidente, “un informe exhaustivo” sobre la incidencia del decreto “en el ámbito competencial del Consejo y las principales novedades que presenta la nueva regulación”.
En efecto, el pasado 7 de abril el Área Jurídica del Consejo hacía público su informe de 10 páginas, aunque de su lectura era difícil extraer conclusiones claras.
De hecho, también lo era fácil saber qué opinión jurídica le merecía exactamente el controvertido decreto a los letrados del CAA, que se limitaban a hacer una descripción detallada de las modificaciones que introduce en las diferentes legislaciones en materia audiovisual, pero sin llegar a plantear ningún reproche explícito, ni tampoco ningún tipo de alegaciones, recomendaciones o sugerencias.
