127.363 euros brutos. Una cifra muy superior a la que cobra su jefe político el presidente de la Junta. Esta es la cantidad que, según su declaración de IRPF correspondiente a 2020, cobró ese año el consejero de Hacienda de la Junta y vicesecretario general de Economía del Partido Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la formación, Juan Bravo. Juan Manuel Moreno, que está entre los presidentes autonómicos que menos cobran, percibió ese año 69.243,84 euros.
En el cuadro de retribuciones de altos cargos de la Junta de Andalucía, disponible en la web de la Consejería de Presidencia, el salario oficial del consejero de Hacienda en 2020 fue de 68.150,30 euros. El salario real fue, sin embargo, casi 60.000 euros superior a esa cifra. Así lo revela hoy una información de elDiario.es firmada por sus redactores Antonio M. Vélez y Aitor Rivero.
Juan Bravo percibió en 2020, según su declaración de IRPF, 127.363,57 euros. Aun así, asegura que “estar en política me cuesta dinero”. Ese plus de 59.213,27 euros lo justifica Bravo en que los altos cargos que llegan a la Junta procedentes de la Administración tienen derecho a cobrar el sueldo que percibían en su puesto de funcionario. El consejero andaluz es inspector de Hacienda.
¿Y qué inspector de Hacienda cobra casi 130.000 euros al año? Ninguno, salvo que ocupe un cargo designación política como era el caso de Bravo, que había sido nombrado delegado especial de la Agencia Tributaria en Ceuta, cargo que ocupó hasta 2015 en que se presentó a las elecciones y fue elegido diputado por la ciudad autónoma. Como miembro del Congreso de los Diputados no cobraba el plus, que comenzó a percibir cuando se incorporó al Gobierno andaluz.
El sueldo bruto de Pedro Sánchez, que no cobra pagas extras, es actualmente de 86.542,08 euros anuales. El salario anual de las tres vicepresidentas (Nadia Calviño, Teresa Ribera y Yolanda Díaz) es de 81.341,16 euros y el de los ministros asciende 76.355,28 euros.
La explicación de cómo es posible que Bravo cobre lo que cobra está, según cita la información, en una cláusula de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, cuya disposición adicional séptima establece que el funcionario público designado para ocupar un cargo en la Junta “que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”.
En consecuencia, señala la ley, recibirá “un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual”.
Según la información de elDiario.es, el consejero alega que un informe avala ese plus, ya que la Agencia Tributaria certificó que el sueldo que percibía como funcionario era el que cobraba como Delegado Especial, un destino al que solo pueden aspirar los miembros del Cuerpo de Inspectores de Hacienda pero que es de libre designación política.
¿Ser delegado especial de Hacienda, que es a fin de cuentas un cargo político, es lo mismo que ser funcionario raso o jefe de área? Así lo computa la Administración andaluza en el caso de Bravo, que defiende que no hay nada reprochable en sus abultadas retribuciones.
Sin embargo, el hecho de que dichas retribuciones fueran opacas y no se hayan conocido hasta ahora revela, como mímino, una actitud deliberada de ocultación: al fin y al cabo, siempre es poco ejemplar poner al frente de la Hacienda de una comunidad pobre a un político que cobra mucho más que el presidente de la Junta, los ministros o el presidente del Gobierno de España.
