La gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el conflicto del Parque de Montecarmelo está bajo el escrutinio público, tras la imposición de multas de hasta 601 euros a vecinos que participaron en una sentada pacífica para proteger más de 200 árboles. Estos hechos se producen en un contexto de denuncias vecinales por la tala masiva y la supuesta intención de construir una central industrial en la zona, un proyecto que la Justicia ha anulado.
La situación ha generado una fuerte crítica hacia el Ayuntamiento, al que se le acusa de recurrir a la "motosierra" en lugar del diálogo. Vecinos de Montecarmelo se movilizaron durante tres semanas para defender el "corazón verde" del barrio de la tala, que, según el alcalde, era un "trasplante". Sin embargo, el resultado ha sido la destrucción de más de 200 árboles, muchos de los cuales, tras el supuesto trasplante, muestran signos de muerte.
La indignación vecinal se ha acentuado con la llegada de multas. Tras unas primeras sanciones de 100 euros por supuestamente "remover" vallas, ahora se han impuesto multas de 601 euros a cinco vecinos por "desobediencia a la autoridad" durante una sentada pacífica el 11 de abril. Los vecinos, respaldados por publicaciones en redes sociales, aseguran que solo realizaron una sentada para proteger los árboles amenazados, incluyendo el cedro central del parque que fue talado días después.
La controversia se intensifica al revelarse que la empresa IGM, enviada por el Ayuntamiento y Urbaser, compañía adjudicataria del megacantón, mostró permisos caducados el 9 de abril, el primer día de la tala. Los permisos solo eran válidos entre octubre y marzo. A pesar de una supuesta ampliación de estos, los representantes vecinales denuncian no haber tenido acceso a dichos documentos justificativos, lo que añade una capa de opacidad a la actuación municipal.
Defensa del medio ambiente y denuncias legales
Los representantes vecinales, basándose en el artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho y el deber de defender el Medio Ambiente, han interpuesto denuncias por presunto delito medioambiental, malversación y prevaricación. Paco Arranz, portavoz de la Plataforma de Afectados, ha declarado que "tanto el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo como el alcalde de Madrid han demostrado sobradamente que el diálogo del que presumen con los vecinos es el de la mentira y la motosierra".
La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma de Afectados por el Cantón han recordado al alcalde Almeida que siguen esperando una respuesta a las 14.000 firmas que registraron hace más de un año a favor de la protección del parque y la reubicación de la macroinstalación industrial. La falta de respuesta y de una reunión solicitada recientemente, pese a las promesas de diálogo del alcalde en los medios, es calificada de "inaceptable" por los afectados. Los vecinos han propuesto una alternativa viable para la reubicación de la central industrial, a solo 2 kilómetros de distancia, en una zona industrial con mejores accesos, demostrando su compromiso con una solución que respete tanto el medio ambiente como la labor de los trabajadores.
