Todos contra Imbroda. Esa parece ser la agria consigna de directivos de centros escolares, sindicatos, profesores, madres y padres y alumnos y hasta el Defensor del Pueblo ante lo que consideran una escandalosa falta de previsión de la Consejería de Educación para garantizar un regreso a las aulas sanitariamente seguro.

La Consejería de Educación debe “dar certidumbre en el reparto de recursos de los que van a disponer los equipos directivos para poder cumplir con las medidas sanitarias ante la crisis del Covid-19".

En estos términos ha planteado el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, su queja oficial ante el departamento que dirige Javier Imbroda tras constatar el clamor de la comunidad escolar por la vaguedad de las medidas adoptadas por la Junta ante el inicio del curso.

La queja del Defensor

El Defensor del Pueblo –que a efectos escolares ejerce de Defensor del Menor– expone en su queja de oficio que “no se deben escatimar recursos en la educación, tanto en el escenario previsto, como en el que puede acontecer, con el objetivo de que no vuelvan a repetirse los problemas que se dieron tras el impacto de la pandemia, con efectos devastadores para la educación como consecuencia de la brecha digital”. 

Ante las quejas que ha recibido la institución, el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto esta actuación de oficio dirigida a la Consejería andaluza de Educación y Deporte en la que, en concreto, “se interesa en conocer, en primer lugar, las iniciativas adoptadas, en su caso, por la Consejería educativa fin de promover actividades de clarificación de las instrucciones dictadas entre los profesionales destinatarios; en segundo lugar, los dispositivos o canales de consulta y apoyo en la adopción de los criterios organizativos para los centros y, por último, la asignación específica por centro del repertorio de medios de refuerzo personal y material anunciados”.

Los sindicatos, todos en contra

La queja del Defensor es el último eslabón de la cadena de reproches de la comunidad educativa al consejero Javier Imbroda. La última Mesa Sectorial de Educación, celebrada esta semana y en la que están representados todos los sindicatos del sector, no sirvió para calmar los ánimos del profesorado y demás trabajadores públicos.

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación –ANPE, CCOO, CSIF, FeSP-UGT y Ustea– acusaban unánimemente ayer a la Consejería de Educación de exhibir “un escaso talante negociador, adoptando decisiones de forma unilateral y demostrando irresponsabilidad al no dotar de los recursos materiales y de personal necesarios para iniciar la actividad lectiva con seguridad sanitaria".

A poco más de cuatro semanas –todas ellas de agosto– del inicio del curso escolar, los sindicatos reclaman con urgencia una negociación que concrete y clarifique las medidas que las autoridades de la Junta han previsto de cara al curso escolar.

Los sindicatos volvieron a recordar la gran reivindicación a la que Imbroda no ha dado respuesta: la reducción de la ratio en las aulas. De no llevarse a cabo, advierten, será imposible “el cumplimiento e implementación de medidas de seguridad reales y efectivas", un hecho que "se ve incrementado, incluso, por la supresión de muchas unidades escolares públicas para el próximo curso escolar".

Entienden las organizaciones sindicales que la Consejería de Educación "está haciendo recaer" en el profesorado y, más especialmente, en los equipos directivos, "la responsabilidad en el diseño y gestión de las medidas contra la Covid-19 en los centros educativos, sin contar con los medios, materiales y humanos, ni con la formación e información necesarias y que compete a los responsables sanitarios".

Centros, AMPAS y partidos

También los centros escolares parece opinar lo mismo. Las direcciones de 329 centros educativos de la provincia de Sevilla han difundido esta semana un manifiesto denunciando la "escasez de medios materiales, humanos y técnicos" y advirtiendo del "riesgo evidente de contagio" de coronavirus Covid-19 en la reanudación de la actividad docente presencial en el nuevo curso escolar.

A las direcciones de los centros se sumaban ayer las asociaciones de madres y padres de alumnos de cinco colegios y dos institutos de la capital: si no obtienen respuesta, habrá movilizaciones en el mes de septiembre.

A su vez, la oposición de izquierdas en el Parlamento andaluz también exigen explicaciones al consejero. Las razones del Partido Socialista y de Adelante son las mismas que las de la comunidad educativa: la ausencia de planificación, la falta de medios para reanudar el curso o la derivación de responsabilidades sanitarias a los profesores y la dirección de los centros.

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, elevaba ayer el tiro hacia el presidente: "A Moreno Bonilla le da igual la inseguridad con la que la comunidad educativa afronta el inicio de curso porque no le duele la educación pública".

Cientos de millones, miles de profesores

Mientras, desde la consejería y desde el propio Gobierno andaluz se repite como un mantra –que a nadie convence– la cifra de 600 millones de euros que invertirá la Junta en el denominado Plan de Acción, que contempla “un refuerzo extraordinario de las plantillas docentes y no docentes de más de 8.000 profesionales, que se incorporarán al sistema el próximo 1 de septiembre para el inicio del nuevo curso”.

Serán –añade la información oficial de la Consejería de Educación– un total de 6.260 maestros y profesores entre refuerzo extraordinario y aumento neto de plantilla, de los que 5.290 irán a centros públicos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional y 970 a centros concertados sostenidos con fondos públicos de Primaria y Secundaria.

Algo falla. Lo abultado de las cifras reiteradamente difundidas por el equipo de Imbroda no hace mella en el escepticismo con que la comunidad educativa percibe el inicio del curso.

El consejero y los suyos tendrán que emplearse a fondo en las cuatro semanas que restan hasta septiembre para aplacar las iras sindicales y familiares. Un otoño escolar caliente tendría un alto coste político no ya para Imbroda, sino para Moreno.