El denominado 'Caso Mascarillas', que se sustanció con la detención del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, responsable del área de Fomento y concejal de Medio Ambiente y Juventud en el Ayuntamiento de Fines, Óscar Liria, y que ha llevado a prisión preventiva, comunicada y sin fianza a este veterano político del PP (desde hace una década es diputado provincial), amenaza con más revelaciones y está dejado en evidencia un amplio entramado empresarial en el que su entorno familiar se hallaba. Liria, que en el staff del PP Andaluz aparece en la Vicesecretaría General (Organización y Electoral) como coordinador de Marketing, fue detenido acusado por adjudicaciones irregulares y por supuestamente cobrar mordidas en las compras de mascarillas y otros equipos de protección contra el covid-19 por parte de la Diputación.

Sospechas y runrún

A partir de ahí son muchos los datos que se desvelan y sospechas sobre relaciones empresariales dudosas que están saliendo a la luz. Ahora, un valiente alcalde de un pequeño municipio almeriense habla y pone las cosas claras. Se trata del regidor de Lubrín, Domingo José Ramos Camacho. Este alcalde socialista de una población de tan solo 1.440 habitantes situado en el extremo oriental de la Sierra de los Filabres y a unos 75 kilómetros de Almería,

Hace tres días, el alcalde de Lubrín hizo pública una carta en la que bajo el título “Hablemos de la gestión del área de fomento en Diputación”, Domingo Ramos en la que denuncia “malas prácticas, arbitrariedad y el conchabeo” en esa área de la Diputación que ha llevado a su titular a prisión. Una situación anómala e irregular que según Ramos viene existiendo “desde hace años”.

Esta es la misiva del alcalde reproducida en su integridad:

Hablemos de la gestión del área de fomento en Diputación
“¿Les asombra lo ocurrido en la Diputación de Almería? Pues a mí de un tiempo para acá no. Soy alcalde de un pequeño pueblo de interior de la provincia, que sencillamente, viene padeciendo malas prácticas, arbitrariedad y el conchabeo de parte del área de Fomento de esta institución desde hace años, -espero que no sea por el color político de mi municipio-, gran parte de esa discriminación desde que el ex vicepresidente Óscar Liria ha estado al frente. Les voy a contar un caso de entre muchos sufridos por mi municipio. Se trata del Plan Acelera, un programa relacionado con la pandemia del Covid-19 puesto en marcha por la Diputación para todos los pueblos de la provincia. En el caso de Lubrín, la obra, en principio, parecía sencilla, por  un montante económico de 40.000 euros. Pero pronto surgió el desprecio hacia mis vecinos, una despreocupación por la seguridad, mala praxis en la higiene y un sinfín de despropósitos que condicionaban la movilidad de los lubrinenses, por lo que no me quedó otro remedio que parar la obra, expulsar a la empresa adjudicataria de los trabajos y terminarla con medios propios.

A los pocos días de tomar esa decisión me encontré con una denuncia penal por parte de la empresa contratada por Diputación Provincial, Inversiones y Promociones Tágilis S.L, que a día de hoy aún me queda la duda de si su acción judicial estuvo asesorada por el ex vicepresidente. Dicha denuncia malintencionada, afortunadamente fue archivada por la Jueza, solo hubiera faltado que la culpa la tuviéramos nosotros por defender la seguridad de mis vecinos. A modo de ejemplo les diré que tuvimos que pasar el féretro de un vecino por encima de los escombros en la calle Iglesia para poder decirle la misa antes de su entierro, ¿Se imaginan los pensamientos de la familia? Esto sucedió el 27 de diciembre de 2021.

Tuve la esperanza, en una reunión virtual con Óscar Liria y cuatro trabajadores del área, de que todo podía tener arreglo. Ignorancia la mía. Descubrí por sus quehaceres y comentarios que estaban del lado de la empresa, lo que me provocó la mayor vergüenza jamás padecida. En aquel momento me pregunté qué había sido del Ente Provincial de principios de la democracia, cuando se tenía claro para que servía.

Cobrar sin terminar trabajos
Pues bien, la empresa en concreto no sólo ha cobrado gran parte de la obra, sino que se le ha certificado la 2ª y 3ª fase, por lo que entiendo abonado más de 6.000 euros que sencillamente no ha ejecutado. Se trata de la colocación de bordillos por más de 4.000 euros que no están, o la partida de gestión de residuos con más de 2000 euros que aún siguen amontonados en el polígono industrial, a la espera de que el tiempo y la erosión los hagan desaparecer en un par de cientos de años. Es decir, que entre todos pagamos con nuestros impuestos por trabajos que no se hacen.

Esta es una muestra, un hecho tangible, visible por cualquiera que venga a Lubrín, ya sea técnico o agente de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial. Es, en definitiva, un ejemplo del tipo de gestión que Óscar Liria ha desplegado en los municipios de la provincia y que me consta que muchos compañeros-alcaldes sufren.

La otra manera de hacer las cosas ya la sabernos, al menos en parte, y también sus consecuencias, la prisión incondicional y sin fianza.

Los pueblos, el interior, no nos podemos permitir el retraso que ocasiona en nuestras posibilidades de crecimiento una gestión interesada e ineficaz. Pero mucho menos nos podernos permitir que el dinero que debía repercutir en obras, en preservar nuestro entorno, se pague tan alegremente, sin que se cumpla ni tan siquiera el trabajo encargado.

Y luego se preguntan ¿de verdad que son capaces de todo eso? Pues sencillamente sí, lo son, y está a la vista de todo el que quiera ver la verdad.”


* Domingo José Ramos Camacho, Alcalde de Lubrín