Pérdida de archivos cruciales en la investigación del "caso Matadero"
Archivos informáticos del Ayuntamiento de Cádiz que iban a ser investigados dentro de las diligencias abiertas para estudiar un posible delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas sociales de la ciudad han desaparecido de los ordenadores municipales. Se trata del "denominado caso Matadero" y esta "pérdida" de documentos va a causar un nuevo parón en la investigación. Funcionarios deñ Ayuntamiento de Cádiz han asegurado que es imposible acceder a esta documentación que reclama el juez.
Según ha informado Radio Cádiz los ordenadores municipales habrían sido atacados por un virus que ha borrado la documentación que había sido requerida por la Policía dentro de la investigación abierta sobre el llamado "caso Matadero".
Posible prevaricación de dos concejales del PP
La Policía investiga este caso por orden del juzgado de instrucción número 1 de Cádiz, al que la Fiscalía de Cádiz remitió en mayo del año pasado una denuncia porque encontró indicios de prevaricación en varios cargos políticos del Ayuntamiento de Cádiz al detectar arbitrariedad en el proceso de selección para la adjudicación de las 102 viviendas de alquiler social de la promoción "Matadero". El fiscal ve delito de una posible prevaricación en la actuación de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, dos concejales del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano.
Un nuevo parón en la instrucción
El ministerio público tramitó esta denuncia al juzgado después de abrir una investigación sobre el proceso a partir de las denuncias que le habían trasladado el PSOE, la Junta de Personal del Ayuntamiento y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Este hecho va a provocar un nuevo parón en la investigación, que se suma al hecho de que el juez instructor, Jorge Bartolomé Moriano, abandona el juzgado numero 1 de la capital gaditana.
Funcionaria que "renuncia" al cargo
Las sospechas sobre el proceso se hicieron públicas meses antes, cuando el sindicato Autonomía Obrera denunció que la coordinadora de programas municipales de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Pilar Tubio, había renunciado a su cargo porque se habían recibido presiones políticas para cambiar los criterios en la adjudicación de viviendas sociales de esta promoción.
Más dimisiones de funcionarios
El Ayuntamiento insistió entonces en que la renuncia de Pilar Tubio se debía a cuestiones laborales y que el proceso de adjudicación había seguido la normativa y había sido fiscalizado por la Junta de Andalucía, aunque a la de ella siguieron las dimisiones de otras responsables de los servicios sociales municipales.
Sospechosa concesión de viviendas
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía las viviendas no fueron dadas en alquiler social a gente que no las hubiera necesitado, pero presuntamente se otorgaron sin cumplir la legalidad. Para esta entidad, en más de un 80 por ciento de los casos las viviendas se otorgaron a casos excepcionales, cuando la normativa estipula que este porcentaje debe ser mucho menor y los cargos políticos investigados habrían limitado la actuación de los técnicos competentes, al no permitirles valorar a todos los solicitantes.
Dentro de la investigación abierta por el juzgado, la Policía habría requerido al Ayuntamiento de Cádiz diversa información en soporte documental e informático, y esta última es la que ha quedado borrada.
