La portavoz de Educación del PSOE de Andalucía, Susana Rivas, ha denunciado que la “pésima gestión” que hace el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de la educación pública, y en concreto de la formación profesional (FP), repercute directamente en las familias andaluzas, a las que cuesta 4.000 euros anuales.
Rivas ha reseñado que jóvenes que quieren cursar formación profesional en el sistema público de educación no pueden hacerlo porque el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía no crea plazas, lo que obliga a las familias “a endeudarse cuando pueden y, cuando no pueden, los jóvenes se quedan fuera del sistema”.
Esta circunstancia la socialista la ha calificado de “aberrante”, ya que, tal como ha subrayado, “la educación es un derecho y no un negocio”. No obstante, Susana Rivas ha remarcado que esta situación se da, precisamente, cuando al Ejecutivo de Moreno Bonilla “le ha llegado más dinero que nunca del Gobierno central de Pedro Sánchez para impulsar la nueva Ley de Formación Profesional”.
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado un “550% más de lo que enviaban los gobiernos de Mariano Rajoy”.
Al tener en cuenta esta circunstancia, la socialista ha señalado que Moreno Bonilla y su Gobierno han preferido “seguir promoviendo y apostando por el desembarco de los fondos de inversión y de las empresas privadas y volver a desencadenar también en la FP una enseñanza excluyente”.
Una gestión cuestionable en Educación
La formación profesional no es la única modalidad que recibe quejas con la gestión de Moreno Bonilla. Las aulas públicas eliminadas, los colegios públicos cerrados o el dinero que ha quedado sin invertir son otras cuestiones que no dejan de recibir críticas.
Así, además de las 2.600 aulas públicas que ha eliminado Moreno Bonilla desde que llegó a la Junta de Andalucía, este curso ha cerrado seis colegios públicos enteros: El CEIP Adolfo Castro de Cádiz, la Escuela Infantil El Vaporcito de El Puerto; los CEIP Alfonso Churruca y Dique de Rivas en Córdoba; la Escuela Infantil Adelfa en Málaga y El Nuestro Padre Jesús en Ronda.
En paralelo, la Agencia Pública Andaluza de Educación, que gestiona la realización de infraestructuras educativas, dejó sin ejecutar el año pasado el 65% de lo previsto. Dejó sin invertir 335 millones para arreglar los colegios de Andalucía.
Por su parte, el sindicato USTEA denunció que, aunque el plazo para retirar el amianto de los centros educativos acabó en diciembre de 2022, todavía hay colegios que contienen este material, con el riesgo que esto representa para la salud.
Y, en cuanto a la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020, solo el 10% de las medidas de bioclimatización se han implementado, con lo que en la inmensa mayoría de los centros educativos andaluces profesores y alumnos andaluces siguen sin beneficiarse de las medidas prometidas para adaptar las aulas a temperaturas más adecuadas.
Sin embargo, todas estas deficiencias en la educación pública andaluza contrastan con las políticas relativas a la educación concertada, una situación similar al comparar la sanidad pública y la privada en la comunidad gobernada por Moreno Bonilla.
Así, Moreno Bonilla ha cerrado 2.600 aulas públicas mientras la red de concertada no solo no se reduce, sino que se incrementa un 5%. Mientras algunos colegios públicos se caen a trozos por falta de inversiones, se aumenta un 22% la financiación para la educación concertada, que ha superado por primera vez los 1.000 millones de euros.
