Se fugan aunque no tenga adónde ir. La Subsecretaría de Estado de Seguridad, órgano dependiente del ministerio del Interior, ha iniciado una investigación para esclarecer la fuga de en torno a 35 inmigrantes ilegales que se encontraban en el Centro de Internamiento de La Piñera de Algeciras (Cádiz), cuyo ciderre vienen reclamando desde hace años numerosas organizaciones humanitarias y partidos de izquierda. Según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, "se ha detenido ya a unos diez", mientras que se busca al resto de internos que se fugaron durante la noche del sábado. Aunque es complejo determinar la nacionalidad de estas personas, según las citadas fuentes la mayoría son argelinos. Cabe recordar que en los últimos días han sido varias las pateras que han llegado a la costa de Tarifa y por tanto los inmigrantes, casi todos de origen subsahariano, han sido trasladados al CIE de Algeciras que tiene capacidad para 190 personas. En cualquier caso, la fuga, que no es la primera aunque se confían en abortarla por completo en las próximas horas, pone de manifiesto las carencias existentes en lo que era la antigua prisión de la ciudad algecireña. En numerosas ocasiones grupos de izquierda, colectivos sociales e incluso sindicatos policiales han pedido el cierre del mismo. PODEMOS, CONTRA EL CIE El último pronunciamiento en este sentido partía de Podemos el pasado 18 de junio. Podemos Andalucía exigía que se cierre "inmediatamente" el Centro de Internamiento de Extranjeros por "la situación inhumana que caracteriza a este centro, el único que queda en Andalucía". La semana del 15 al 20 de junio, por tercer año consecutivo, diversos sectores, movimientos y colectivos sociales se organizaron para celebrar el 15J, Día por el Cierre de los CIE. Según exponía Luis de los Santos, miembro de Podemos Andalucía en materia de Derechos Humanos, el "CIE de Algeciras debe cerrarse ya porque su propia existencia lo hace situarse al margen de los derechos humanos como el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad, y el derecho a la salud, entre otros". Para ello, desde el área de Derechos Humanos de Podemos Andalucía se propondrá al grupo parlamentario una Proposición No de Ley (PNL) al objeto de que se clausure este establecimiento, así como se establezcan en Andalucía "mecanismos de prevención participados por la sociedad civil para evitar la vulneración de derechos humanos en el mismo, de acuerdo a las recomendaciones europeas en esta materia".