El incumplimiento sistemático de los mínimos exigibles para la seguridad y el correcto funcionamiento de las ambulancias que prestan servicio en Málaga y Sevilla amenaza con convertirse en un auténtico rompecabezas para el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Sindicatos y oposición llevan tiempo denunciando la indefensión a la que se enfrentan pacientes y conductores por el estado de deterioro y falta de materiales de la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L, adjudicataria durante el plazo el plazo comprendido entre los años 2014-2022.
Estas mismas voces no se quedan ahí y destacan la connivencia del gobierno regional. Según denuncian, la Junta de Andalucía, en su condición de contratante, no ha hecho anda para paliar los déficits sistemáticos de los requisitos exigidos en el pliego de contratación, con una connivencia que “ha supuesto un riesgo para la seguridad clínica, la salud y la vida de los pacientes durante los años de prestación de servicio, considerándose la concesión del servicio y la falta de supervisión de estos requisitos mínimos por parte del organismo concesionario contrario a los principios básicos exigidos en las normativas relativas a la contratación pública”.
Estos motivos han provocado que desde UGT hayan realizado una inspección técnica y un posterior informe que expone, negro sobre blanco, los déficits estructurales que arrastra Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L. y a los que el Gobierno de Moreno Bonilla no pone solución. Según el citado informe, realizado a modo de denuncia administrativa, “previa a otras que se pudieran presentar ante las jurisdicciones pertinentes”, las ambulancias no disponen de camilla de transporte de cuatro posiciones de silla, pulsioxímetro portátil con alarmas o bomba de infusión con soporte y sistemas para infusión volumétrica.
A la falta de estos equipos se suman las deficiencias en los monitores desfibriladores o la falta de homologación del oxígeno embotellado. Además, y tal y como figura en el pliego y denuncian desde UGT, todos los vehículos que operan en 17 puntos de urgencias sevillanos deben ser de techo sobreelevado; algo que las Mercedes Vito utilizadas no pueden tener: “Se trata de un flagrante incumplimiento del contrato y la Administración no ha hecho nada al respecto”, denuncian.
“Todo ello pone de manifiesto el flagrante incumplimiento por ambas partes en el marco de la integridad de la contratación pública, poniendo en riesgo el citado incumplimiento la seguridad clínica del trabajador y paciente, así como la vida y la salud de las personas atendidas por los vehículos de transporte sanitario de la empresa adjudicataria, y no siendo objeto de revisión ni supervisión del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por parte de la Junta de Andalucía”, prosigue el informe. Todo ello, a ojos de los sindicatos, supone que la Junta de Andalucía “denosta” la profesionalidad de los trabajadores que prestan sus servicios como técnicos de emergencias.
Una empresa bajo lupa, ¿y con prórroga?
Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L. se hizo con el contrato adjudicatario de estos servicios en un pliego que le daba la concesión en un plazo comprendido entre los años 2014-2022. Ahora que llega a su fin esta franja temporal, esta empresa se encuentra como una de las posibles adjudicatarios de un nuevo lote para la provincia de Sevilla entre los años 2022 y 2026.
Pese a las críticas y las evidentes carencias que arrastran, denunciadas de forma sistemática y recurrente, la Mesa del Parlamento andaluz ya preadjudicó el pasado 21 de julio a esta empresa el nuevo lote.
Con todo, desde UGT piden a la Junta de Andalucía que se adopten las medidas oportunas para que no se continúe con los meditados incumplimientos; que se informe de las consecuencias que pudieran haberse acaecido para con los pacientes en los múltiples servicios realizados; que se adopten las medidas oportunas sobre las actuaciones de los funcionarios actuantes que por su omisión de su deber de inspección; y que se aparten a cuantos funcionarios debieran de haber conocido estas deficiencias y a la vez estén valorando el nuevo expediente de adjudicación.
Las críticas de la oposición
El Gobierno de Moreno Bonilla tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Las inspecciones técnicas realizadas por los sindicatos y denunciadas por la oposición han llegado a la mesa de la consejería de Sanidad con asiduidad, tal y como ya expuso el pasado 31 de julio la diputada socialista María Ángeles Prieto, responsable de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública: “Se trata del transporte sanitario de personas muy vulnerables. Exigimos al Gobierno que solucione este problema ya. Un problema que lleva toda la legislatura sucediendo, que el comité de empresa ha denunciado sistemáticamente, del que el Gobierno andaluz tiene conocimiento gracias a los informes realizados por los sindicatos”.
“Es urgente solucionar este problema que afecta a más de 3,5 millones de ciudadanos. Se está poniendo en riesgo su vida al ser transportados en estas ambulancias. En los pasados meses se han incendiado cinco vehículos con el riesgo que eso supone. Además, las condiciones en la que se realizan los transportes son totalmente precarias”, sentenciaba la socialista.
