Corría mayo de 2007 cuando Tita Cervera, la baronesa Thyssen, decidió convocar a los medios y rodearse de cadenas para protestar por el ambicioso plan de remodelación que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, había ideado para una de las arterias más importantes de la capital, los Paseos del Prado y de Recoletos. La baronesa aseguró entonces que el proyecto, dirigido por el arquitecto portugués Álvaro Siza, se llevaría por delante 700 árboles.

Ideada la ‘performance’, rodeada de periodistas, ecologistas que se habían sumado a la protesta y de escoltas que protegían a la Thyssen, la baronesa exigió al alcalde “una rectificación” y aseguró tener la “promesa” de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de que “no se va a talar ni un solo árbol”. “Primero, me tendrían que cortar a mí un brazo. Ni yo, ni Esperanza Aguirre, que tiene mucho carácter, lo vamos a permitir. Me subiré a un árbol y me ataré hasta que no vea esto solucionado”, sentenció.

Tita Cervera afirmaba que contaba con el apoyo de Aguirre. No porque la lideresa madrileña fuera una gran defensora de los árboles (ese mismo año 2007 la Comunidad de Madrid destruyó 200 ejemplares para ejecutar el desdoblamiento de la carretera de los pantanos), sino porque la campaña iniciada por la baronesa en el centro de Madrid suponía tocar las narices al gran rival político de Esperanza en esos momentos, su compañero de partido Ruiz-Gallardón.

La enemistad entre Aguirre y Gallardón ha sido tan famosa y prolongada en el tiempo que incluso años después (cuando los dos ya estaban retirados de la política), la primera soltó una pullita de las suyas cuando Isabel Díaz Ayuso presentó en mayo de 2022 el retrato de la expresidenta Aguirre que cuelga ya en las paredes de la Real Casa de Correos. “El de Alberto es más grande” dijo envidiosa medio en broma medio en serio.

Al margen de anécdotas, Aguirre decidió, tras el pollo que montó la Cervera, que había que sacar tajada y potenciar la Dirección General de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo. Esta dirección podría ser uno de los arietes para contrarrestar las ambiciosas políticas del alcalde de Madrid. Para ello, a la lideresa madrileña le recomendaron que pusiera a un jurista al frente para que pudiera revisar la legislación en materia de patrimonio histórico y cultural. Pero, ¿quién podría ser el candidato?

Una de sus asesoras de entonces, que estaba en el cargo por ser hija de una modista muy amiga de la presidenta madrileña, comentó que un amigo de su marido podría encajar en el perfil, un abogado del Estado muy preparado, militante del PP desde los 19 años en la agrupación del distrito de Tetuán pero que nunca había pisado un cargo público. Aguirre decidió entrevistarle y citó en su despacho de Sol a José Luis Martínez-Almeida, que entonces tenía 32 años. La entrevista de trabajo fue un poco surrealista, porque a los 20 minutos Almeida le dijo a la todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid que tenía que dejarla porque había quedado para jugar al golf.

“Fue increíble. Para cualquier otro mortal hubiera supuesto no conseguir el puesto. Te entrevista la presidenta de Madrid para un trabajo y le dices que te tienes que ir en mitad de la misma. Pero a Aguirre le hizo gracia porque jugaba a golf como ella, así que tras compartir opiniones sobre este deporte tan elitista le dio el puesto”, señalan fuentes del equipo de Aguirre. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge el nombramiento de Almeida como director general de Patrimonio Histórico el 12 de julio de 2007.

Así se escribe la historia. Almeida llegó a la política para intentar salvar unos árboles en un contexto de rivalidad política entre compañeros de partido. Hoy, quince años después, otros árboles vuelven a poner en el foco de la polémica al actual alcalde de la capital. Hace unos días miles de vecinos se manifestaban en Madrid Río para protestar por la tala de 1.027 ejemplares (el Ayuntamiento rebaja la cifra a 242) que contempla la construcción de la nueva estación de la Línea 11 de Metro.

Aunque el proyecto corresponde a la Comunidad de Madrid, el permiso definitivo para retirar los árboles depende del Ayuntamiento de Madrid. Las protestas vecinales sirvieron para que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso anunciase un amago de rectificación y comunicara que analizará de nuevo el alcance que van a tener estas obras en la masa arbórea de la zona. La Comunidad, no obstante, habló de “trasplantar el mayor número de ejemplares posibles”, lo que deja abierta la tala de los mismos y su posterior ubicación, si es posible, en otra zona.

Para ello, la Consejería de Transportes e Infraestructura encargará un análisis individualizado de cada árbol. En cualquier caso, la estación se mantendrá en el lugar en el que había sido fijado. El proyecto inicial cifra en 1.433 los ejemplares que se verán afectados: 1.027 se iban a talar, 348 se iban a trasplantar y solo 58 se conservarían.

Entre los árboles afectados hay 299 plataneros, 218 pinos, 120 ‘sophoras japónicas’, 74 falsas acacias (‘robinia pseudoacacia’), 54 ‘ulmus pumila’ u olmos de Siberia, una veintena de cedros y 11 tilos, por citar solo algunos ejemplos. Comunidad y Ayuntamiento señalan que para compensar estas pérdidas, como marca la ley, se iban a plantar 19.000 nuevos árboles.

La movilización vecinal en defensa de estos árboles ha motivado el enfrentamiento entre el alcalde y la oposición. Este lunes 20 de febrero, durante la comisión de Medio Ambiente, Más Madrid puso unas cifras encima de la mesa. “La capital de España ha pasado de 400.739 árboles maduros en 2019 a 322.123 en 2023, 78.000 menos (un descenso del 20%) en solo tres años”. Son datos referentes a calles, parques y jardines, no grandes masas forestales como la Casa de Campo.

El PP hace otro balance. Dice que cuando llegó al Gobierno en 2019 se encontró con 15.000 alcorques vacíos, y que ya ha rellenado 13.000 de ellos con nuevos árboles. “Somos conscientes de la necesidad no solo de recuperar nuestro patrimonio verde, sino también de incrementarlo y mejorarlo. En estos cuatro años se ha llevado a cabo la plantación de 210.000 árboles, 185.000 en el ámbito de la ciudad y otros 25.000 en el nuevo Bosque Metropolitano”, aseguran desde el Consistorio. En esta guerra de cifras, la estadística oficial del ‘Arbolado en zonas verdes de distritos y calles’ desvela que la ciudad ha pasado de 645.316 ejemplares en 2019 a 655.860 en 2022, es decir, un salido positivo de casi 10.000 árboles.

Almeida ha acusado de cinismo a la oposición, ya que asegura que Adif (organismo dependiente del Gobierno central) ha pedido la autorización municipal para talar otros 400 árboles para remodelar la estación de Atocha y los grupos municipales del PSOE y Más Madrid “no protestan. Ahora parece ser que los árboles tienen ideología”.

Posdata. Para que el lector no se quede con la intriga, ¿qué pasó con los árboles que defendía la baronesa Thyssen y que llevaron a Almeida a su primer cargo público en 2007? En junio de 2011 Esperanza Aguirre tumbó el plan de Gallardón con la excusa de la austeridad en el contexto de una crisis económica que ya era galopante. “No tenemos un puto duro”, se le escapó en un micrófono abierto. “Armamos un escándalo. ¡Fue mágico! ¡Se salvaron los árboles!”, explicaría Tita Cervera años después en una entrevista.