El juez del Juzgado de Instrucción nº1 de Calatayud, Álvaro Sáez, ha dictado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Monterde (Zaragoza), el 'popular' José Gracia, por presunta prevaricación administrativa y fraude electoral.
Se acusa al primer edil de haber incluido de forma irregular en el censo a un total de 14 personas, alguna de las cuales, "no han residido nunca de forma habitual” en la localidad. Otras cinco, solo se desplazaban hasta allí “para el ejercicio de la caza" y tres viajaban desde Santander para ejercer su actividad profesional. Todas estaban censadas en el mismo inmueble, una vivienda, según figura en el auto, “absolutamente imposible de habitar”; “una casa en ruinas”. Posteriormente lo habrían hecho en otra “de apenas 50 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con una habitación superior que ni siquiera tenía ventanas”.
En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, los comicios en los que Gracia salió reelegido, votaron doce de esas personas; nueve lo hicieron en las generales de julio de ese mismo año y cinco en las europeas del 9 de junio de 2024.
Aunque el Ministerio Fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no estaba "debidamente acreditada la perpetración de los hechos delictivos denunciados y recogidos en atestado” y que los presuntos hechos debían resolverse por vía administrativa, el magistrado ha decidido seguir adelante. En este sentido, argumenta que "la correcta formación del censo electoral y el adecuado desarrollo de los procesos electorales afectan a bienes jurídicos colectivos y, por tanto, justifican la legitimación de la acusación popular", representada por la Asociación de Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. Esta agrupación solicita para Gracia hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, dos años de prisión y multa, con una cuota diaria de diez euros.
En el auto dictado el pasado 9 de julio, contra el que no cabe recurso, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado, el juez expone “que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, siendo atribuido a José Gracia Ruiz”.
La causa, no obstante, será enjuiciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, dado que las penas previstas superan los límites de competencia del juzgado de instrucción.
El PSOE exige a Azcón que tome medidas
Tras conocerse la apertura de juicio oral, desde el Partido Socialista de Zaragoza han reclamado al presidente autonómico y líder del PP en la región, Jorge Azcón, que retire su confianza a Gracia y fuerce su dimisión.
A su juicio, mantenerlo en el cargo supone “hacer trampas a la democracia”, por lo que urgen a que sea relevado al frente del Consistorio.
“¿Le parece honesto, decente y ejemplarizante mantener al frente del Ayuntamiento a una persona imputada?”, preguntan al líder autonómico en un comunicado. Su continuidad es "insostenible".
El partido recuerda que en este pequeño pueblo en el que los habitantes estables apenas superan las cuatro decenas, el censo electoral lo conforman 128 personas, pero antes de cada convocatoria electoral la cifra crece, una situación que, aseguran, "beneficia al alcalde". A cambio, el primer edil podría haber ofrecido, dicen, "ventajas en el uso del coto de caza o de la cantera municipal".
Desde las filas socialistas señalan directamente a Azcón por "tolerar y proteger” las prácticas de un representante público más que polémico, teniendo en cuenta que Gracia está directamente vinculado a otro asunto que ha ocupado varios titulares, las polémicas inmatriculaciones que ha llevado el Ayuntamiento.
El escándalo de las inmatriculaciones
Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde llevan meses luchando contra el procedimiento ejecutado por el primer edil, por el cual más de 200 propiedades, entre viviendas, campos y bodegas, han pasado a pertenecer al Consistorio. Un proceso, denuncian, plagado todo él de irregularidades, pues no estuvo precedido de la investigación pertinente y no se cumplieron diferentes normas obligadas.
El asunto se destapó cuando falleció una vecina de la localidad, Marcelina y su familia fue a arreglar la herencia. Entonces se encontraron con que su propiedad había pasado a pertenecer al Ayuntamiento. A partir de ahí comenzó la batalla: movilizaciones, paso por la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Congreso de Aragón y por el Congreso de los Diputados, y así hasta llegar a los tribunales, porque si bien en un principio confiaban en que todo se pudiera resolver de forma sencilla, el tiempo ha demostrado que el paso por la justicia es obligado.
