Esta semana el Gobierno de Aragón, encabezado por Jorge Azcón, ha adjudicado a la empresa SSG el contrato del transporte sanitario programado, un contrato que incluye una rebaja del 4,01% respecto al precio inicial y que solo contempla una subida salarial del 0,75%, lo que "deja fuera cualquier mejora real para la plantilla". Así lo ha denunciado el grupo de Izquierda Unida, que subraya también que estos profesionales arrastran desde 2018 "una pérdida del 20% del poder adquisitivo". 

La formación acusa dal Ejecutivo autonómico de deteriorar la sanidad utilizando "dinero público para alimentar beneficios empresariales a costa de las personas". y le exige adoptar medidas para acabar con la precariedad. “Este contrato es un insulto a los trabajadores y trabajadoras del sector. Se prometieron mejoras del 22% en retribuciones y ahora vemos que ese dinero, más de 8 millones de euros, va directo al margen de beneficios empresariales”, apunta Álvaro Sanz, coordinador de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes.

En este sentido, subraya que la Consejería de Sanidad "ha fracasado en la resolución de este problema mediante cláusulas de mejora laboral que no garantizan que la subida destinada a salarios se destine a estos". Y lo mismo sucede, dicen, con el transporte sanitario urgente, por el que la empresa "se está llevando mensualmente 600.000 euros que se debían destinar a salarios, sin que la administración haga nada para corregirlo".

IU recuerda que los técnicos de las ambulancias de todo Aragón llevan casi siete años en huelga, pidiendo un convenio laboral autonómico que regule la situación de sus 1.200 trabajadores."La huelga continúa y la empresa no recibe penalización alguna por los servicios que no presta", enfatiza Sanz. “La externalización del transporte sanitario está generando una precariedad crónica y el deterioro del servicio. La salud pública no puede seguir siendo un negocio redondo para las empresas a costa de derechos laborales y calidad asistencial”, apunta. 

Un modelo para valorar la discapacidad colapsado

Otro de las cuestiones que evidencia la "deriva mercantilista" del Ejecutivo de Jorge Azcón es, a juicio de IU, el recorte en el refuerzo estable de los equipos encargados de la valoración de la discapacidad del IASS. "Aunque se ha prorrogado uno de los planes de refuerzo temporal, el Gobierno ha decidido no renovar la contratación de dos equipos completos de valoración que en 2024 supusieron una inversión de más de 446.000 euros", recuerdan. 

La única prórroga que se mantiene es la del periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, con una financiación de 230.123,06 euros, así como la continuidad de algunos profesionales en Zaragoza y Huesca, algo que, indican desde la formación de izquierdas es "claramente insuficiente". “El plan temporal es eso: temporal. Y no es capaz de responder al colapso estructural que aún arrastra una lista de espera de más de 7.000 personas, con incumplimientos flagrantes del nuevo baremo que obliga a resolver en seis meses”, denuncia Sanz.

IU pide explicaciones al Gobierno regional por esta situación, así como por la cobertura de plazas vacantes en los Centros Base y reclama estabilizar los refuerzos con convocatoria pública. “No se puede jugar con los derechos de las personas con discapacidad ni alargar eternamente soluciones provisionales. La ley se está incumpliendo, y nadie asume responsabilidades políticas ni se apuesta por soluciones estructurales”, lamenta. 

“Nos encontramos con una administración que renuncia a garantizar derechos básicos, como el transporte sanitario digno y el reconocimiento de la discapacidad, mientras permite que empresas privadas se lucren con fondos públicos sin mejorar las condiciones laborales ni los servicios”, zanja.