Monterde es un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza de poco más de 150 habitantes. Pocas veces el foco se ha puesto en esta pequeña localidad, sin embargo, sus vecinos llevan más de un año haciendo todo el ruido posible para que se les escuche.
La razón, las inmatriculaciones que ha venido haciendo el Ayuntamiento, liderado por el representante del Partido Popular José Gracia. Afectan a más de 200 propiedades e incluyen viviendas, campos y hasta bodegas de este municipio y de la pedanía de Llumes, situada a solo 8 kilómetros.
Los afectados llevan dede principios de 2024 en lucha con el primer edil, hasta el punto que la asociación que han constituido para defenderse se llama Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde,
Todo comenzó cuando falleció Marcelina y su familia fue a arreglar la herencia. Entonces se encontraron con que su propiedad había pasado a pertenecer al Ayuntamiento. A partir de ahí comenzó una batalla que incluye más de una decena de movilizaciones y que ha acabado en los tribunales.
El alcalde "ya ha perdido un juicio y perderá los demás", apunta a ELPLURAL.COM Arturo Pardos, portavoz de la asociación de afectados. "El Ayuntamiento no tiene papeles y los propietarios sí". Sin embargo, no tienen más remedio que pasar por los tribunales, lo que conlleva mucho gasto y mucho disgusto, teniendo en cuenta que una parte importante de los afectados ronda los 80 años.
En un principio estos vecinos de Monterde confiaban en resolver el asunto fácilmente. "Nos parecía tan absurdo y surrealista que pensábamos que habría alguna institución del Gobierno de Aragón que puediera intervenir y mediar", recuerda Pardos, que lamenta también que el Ejecutivo autonómico no haya querido tomar cartas en el asunto.
No lograron solventar las cosas. Trataron en vano de reunirse con el primer edil y con el Partido Popular, pero nada. "No sabemos cuál es el fundamento, por qué nunca se comunicó ni se reunió con nosotros y hasta se ha permitido decir que no sabe quién vive en esas casas", indice el representante de la asociación, que subraya como ejemplo que el primer edil ha estado "enredando con una propietaria dos años para al final allanarse". "Dijo que ella había presentado un papel que demostraba que la propiedad era suya y que el Ayuntamiento entonces se allanaba, pero ese papel ya lo tenía el Constorio desde hace año y medio", resume con desconcierto.
Actuar era obligado porque, además, cuando pasan dos años desde que se publica la inmatriculación en el BOE, la propiedad puede ser vendida por el Ayuntamiento. Así que se emprendió una lucha que continúa. Este mismo viernes ha tenido lugar la última de sus movilizaciones, una manifestación en Zaragoza, de corto recorrido, pero muy simbólico, puesto que ha partido de la sede del PP y ha finalizado en el monumento a la Justicia de Aragón.
Un proceso "irregular" y "peligroso"
La forma en la que el Ayuntamiento se ha hecho con estas propiedades es "irregular" y "peligrosa", El 30 de marzo de 2023 solicitó la inscripción de las propiedades como si fueran parcelas dentro de dos montes públicos existentes en Monterde. Lo hizo a espaldas de sus propios concejales y compañeros de partido, con "su equipo", dijo, aunque a día de hoy sigue sin conocerse el nombre de quienes lo integraron.
Pardos recuerda que este tipo de procedimientos debe ir precedido de un proceso de investigación que "no se cumplió", pero, además, se han incumplido muchas normas, "la más flargramte", la Ley 33/2003 del 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 47 recoge que se requiere lo siguiente: estudio previo, informe del secretario, preaporbación por el pleno, traslado a DGA, publicación e información pública, plazo de alegaciones, nuevo informe y aprobaciíon final en pleno. Ninguno de estos requisitos se cumplió.
Otra irrgularidad es que las parcelas que estaban fuera del monte se registran como parte del mismo. En concreto, la forma de proceder de José Gracia se basó en cuatro pasos, explican desde la asociación de afectados.
El primero fue el relativo a la titularidad catastral, dando de baja referencias que pasaron a pertenecer a la parcela lindante, cuando los propietarios llevaban décadas pagando el IBI correspondiente. El segundo, la limitación del monte, decidiendo de forma arbitrárea los límites del mismo,cuando según la Ley de Montes de Aragón es el Gobierno autonómico el que gestiona los mismos y realiza los informes. En este punto, cabe subrayar que "el departamento la propiedad de los Montes de Aragón certifica que los inmuebles no están dentro en monte público", algo que acreditan también los documentos de 1968 del Consistorio de Monterde, aún en vigor.
El tercer paso tiene que ver con el inventario. En el correspondiente a 2007 las propiedades inmatriculadas no figuran y no consta pleno alguno en el que se haya actualizado, por lo que se entiende que "el alcalde y su equipo lo habrán hecho sin la aprobación pertinente", enfatiza Pardos. El último paso es de la Inscripción en el registro de la propiedad. Se inmatriculó de golpe casi todo el pueblo y el registrador lo hace sin pestañear. "Se publicó por edicto, por lo que pasó inadvertido para los vecinos".
Hace un par de meses, el asunto pasó por la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humamnos del Congreso de Aragón y, gracias al diputado socialista Victor Ruiz ha llegado también al Congreso de los Diputados.
Los afectados alertan de que se ha utilizado "una forma muy curiosa y extraña de saltarse la ley" y precisan que "estas inmatriculaciones no solo amenazan los derechos de los afectados, sino que deterioran la confianza en las instituciones democráticas".
Se preguntan qué hubiera pasado si Marcelina no hubiera fallecido y lamentan todo el dolor que esto les está causando. Aunque en un principio focalizaron la resposabiidad en el alcalde, a estas alturas consideran al resto de concejales del PP, Antonio Blancas, Sergio Pascual y José Colás, "cómplices", al igual que al Partido Popular provincial.
Vecinos que no se hablan
La situación a la que han llegado en Monterde va más allá incluso. Este asunto ha supuesto una auténtica ruptura social en esta pequeña localidad. “Hay vecinos que no se hablan, aunque no se hayan hecho nunca daño. Es un desastre", lamenta Pardos que también subraya que esta táctica de división ya la puso en marcha el alcalde antes de destaparse lo que estaba ocurriendo con las propiedades. "Ha creado un ambiente enrarecido y feo" que nunca había existido. "La conviviencia, en general, era buena", pero ha generado, incluso, por unos votos, rivalidad entre LLumes y Monterde, cuando "jamás la ha habido".
La posición del Ayuntamiento
Preguntado por este asunto, el alcalde responde a EPLURAL.COM que "lo único que ha hecho el Ayuntamiento es regularizar una documentación muy antigua" existente en el Consistorio. José Gracia insiste en que no se ha seguido ningún procedimiento "irregular", puesto que "no nos inventamos nada". Sobre el hecho de que no haya pasado por pleno defiende que "son papeles de toda la vida que hay en el Ayuntamiento" y que, por tanto, no era necesario, pues "lo único que yo he hecho es coger el inventario de bienes y llevarlo para que lo regularicen y lo dejen en condiciones".
Sobre si las propiedades están dentro o no del monte, el primer edil asegura que lo están y que así lo acredita la documentación de 1940 aproximadamente de la que dispone el Consistorio. "El monte es de utilidad pública desde hace mucho tiempo", recalca.
No obstante, insiste en que no se quiere echar a nadie de su casa, simplemente regularizar la situación, que paguen un canon por el uso del espacio público y que comuniquen al Ayuntamiento cualquier modificación que realicen.
Asimismo invita a todo aquel que crea que es suyo a "que vaya a la justicia y si la justicia le da la razón no tengo nada que decir". Pero advierte, "hay documentación muy grande firmada por sus abuelos y bisabuelos reconociendo que es el Ayuntamiento el que les deja el terreno", "Eran tiempos de mucha necesidad y había muchas tierras, así que el Consistorio se las cedía", precisa.
Gracia explica que el origen de este problema está en que se dejó hacer casetas de aperos de 10-15-20 metros en terreno público que luego han acabado siendo auténticos "chalés". "Se han hecho las casas en terreno que no es suyo". "Tendrán unos derechos, pero sabiendo que son mmunicipales", porque "es una aberración para el resto de vecinos". "LLevan más de 16 años sin pagar la contribución, porque se les quitó porque era propiedad municipal".
El primer edil sostiene que los afectados llevan "muchos años revolviendo, antes de ser yo alcalde" y les acusa de haber emprendido en los últimos tiempos "una campaña de acoso y derribo contra mi persona". Denuncia que recibe amenazas", pero advierte de que no le van a doblegar. "Yo no soy Venezuela, que doy o quito, Yo soy el defensor de lo público y voy a llegar hasta el final".
Insiste en que lo primero que tenían que haber hecho en su día los afectados es ir al Ayuntamiento con su documentación para demostrar que las propiedades son suyas.. "Algunos lo hicieron y reconocieron que no lo eran, enfrentándose a ellos, claro". Pradas asegura que él también tiene tierras de su abuelo por las que pagó en su día la contribución, pero que "siempre supimos que era suelo público". "Yo podría haberlo puesto a mi nonbre e, incluso, intentaron comprármelas, pero yo sé que no es mió", aclara.
Ahora serán los tribunales los que decidan. "Se quejan de que les cuesta más", reconoce el alcalde, precisando que no es así porque si el Ayuntamiento pierde pagará las costas. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio han podido saber que no hay condena automática en costas, solo si el juez aprecia temeridad o mala fe.
Sobre el caso en el que el Consistorio ha acabado allanándose, Gracia enfatiza que "no tiene nada que ver con lo de las inmatriculaciones" y que no se perdió ningún juicio, sino que lo que ocurrió fue que "se llegó a un acuerdo entre las partes sobre una era dentro del caso urbano que se valoró que no valía la pena"
Un alcalde con varias polémicas e investigado
El primer edil de este pequeñísimo pueblo aragonés no solo está en el punto de mira por este asunto, sino también por "presunto fraude electoral", el cual está siendo investigado en el Juzgado de Calatayud, tras la decisión de la Audiencia Provincial de no archivar el caso por detectar indicios de delito. La clave estaría en supuestos empadronamientos irregulares, un asunto que en su día denunció ya el concejal socialista Jorge Colás. "Monterde no solo tiene empadronados que no residen todo el año, como pasa en muchos pueblos, sino que hay personas empadronadas que ni siquiera son del pueblo, ni tienen ningún interés aquí", insiste a este medio Pardos, cuya asociación se ha personado como acusación particular en esta causa.
Otra de las polémitcas que ha protagonizado tiene que ver con la asignación de "un contrato de 14.990 euros de dinero público del Ayuntamiento a su abogado personal, Luis Novel". Cabe destacar que si la cuantía hubiera sido de 15.000 euros, tendría que haberse sacado a concurso público.
En la actualidad, el alcalde tiene dos letrados, una para cada una de las causas, la de las elecciones y la de las inmatriculaciones. Se da la paradoja de que los vecinos de este municipio van a acabar pagando por partida doble. Por un lado, han de pagar la defensa de sus propiedades en los tribunales y por otro, abonan como vecinos de Monterde los gastos de defensa del primer edi. "Dispara con pólvora del Rey. Nosotros pagamos a nivel individual, como asociación los pleitos también nos cuesta dinero y la defensa del Ayuntamiento la pagamos nosotros también", zanja Pardos.
