El Ayuntamiento de La Adrada, localidad de Ávila en la que se encuentra el chalet que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, disfruta en la comunidad castellanoleonesa habría puesto al frente de la documentación relativa al inmueble a un secretario interino que fue en listas por el Partido Popular.
Se trata de Joaquín Pablo Pérez Gómez, que ha figurado en dos convocatorias municipales de Arévalo (2015 y 2019), situado a algo más de hora y media en coche del municipio en el que se encuentra el chalet. La cuestión no ha pasado desapercibida y alimenta más la polémica sobre la vivienda del magistrado, que lleva años cercada por la polémica, tal y como denuncia el activista que pone pie en pared contra el chalet, Fernando Jabonero. Actualmente, aparece como abogado en el pueblo mencionado.
¿Vulneración de la ley?
En declaraciones a este periódico, la que es seguramente la persona que más pie en pared pone sobre respecto de la situación de la casa situada en La Adrada, expone a ElPlural.com sus dudas entorno a la persona que, al menos estuviera, vinculada a los ‘populares’. “Entiendo que nunca debió presentarse a secretario interino”, señala, haciendo hincapié en una posible “incompatibilidad” a la que había aludido previamente en X, antiguo Twitter, y conversación con este periódico que, el pasado 29 de octubre, el Consistorio tornó en compatible.
En este sentido, añade que un funcionario interino “tiene que ser por una convocatoria y pasa pro un nombramiento”. “Un alcalde o alcaldesa no puede nombrarle secretario interino, salvo que se trata de un nombramiento en el que no tengas capacidad por los plazos, por ejemplo, y tengas un pleno. En ese caso puedes nombrar a un funcionario del Consistorio con titulación, o pedir que se cubra una acumulación”, ejemplifica.
De manera más concreta, expresa que cabría la posibilidad “irregularidad”. “Por otro lado, ya se sabía que era procurador, por lo que debía disponer de alguna autorización previa en el plazo en el que él toma posesión hasta que se conceda la interinidad”, acentúa. Sea como fuere, apuntala que “serían nulas todas las resoluciones, plenos y cualquier cuestión que lleve su firma”.
A juicio de Jabonero, el Ayuntamiento podría haber vulnerado la Estatuto General de los Procuradores de Tribunales concediendo el secretario interino del consistorio la compatibilidad para ejercer de procurador, lo cual es contrario a lo que se recoge en el artículo 24.1.
El activista ha presentado denuncia ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), el Colegio de Procuradores de Ávila y la Dirección General de Administración Local”.
En otro orden de cosas, el activista sigue esperando la respuesta del equipo ‘popular’ en lo que a la documentación del chalet se refiere, una información que todavía no ha llegado a pesar de que el Comisionado de Transparencia de Castilla y León le llamó la atención de forma reiterada.
A final del pasado 2025, emitía que “para dar cumplimiento completo a la citada resolución del 2 de agosto de 2025, el Ayuntamiento de La Adrada debe facilitar al reclamante (…) su dirección CM Forestal, copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y las de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores y, por último, copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso evacuaciones de agua”.
Investigación a Begoña Gómez
En otro orden de cosas, sigue abierta la causa judicial contra Gómez y su asesora Cristina Álvarez en el marco de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. El juez recurría el pasado martes a los magistrados adscritos ante la negativa reiterada de ambas investigadas a entregar sus pasaportes, una documentación que el juez considera clave en la investigación a Gómez por un presunto delito de malversación.
A principios del pasado mes de noviembre, Peinado emitió un auto de 44 páginas en el que pedía los pasaportes para ver si habían coincidido en viajes al extranjero, concretamente a Londres para llevar a cabo gestiones realizadas con la cátedra universitario de Gómez.
La controversia por la última decisión del juez amplía también la controversia, dado que la jurisprudencia prohíbe explícitamente exigir la entrega de documentos al entender que la misma vulnera derechos fundamentales.
