La causa judicial abierta contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez suma un nuevo episodio con la intervención directa de la Policía Judicial. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha recurrido a los agentes adscritos a los juzgados ante la negativa reiterada de ambas investigadas a entregar sus pasaportes, documentación que el magistrado considera clave para avanzar en la investigación por un presunto delito de malversación.
Según ha adelantado Okdiario, Gómez y Álvarez llevarían más de dos meses desatendiendo el requerimiento judicial. Fue a principios del pasado mes de noviembre cuando Peinado dictó un extenso auto de 44 páginas en el que reclamaba los pasaportes de ambas para comprobar si habían coincidido en viajes al extranjero. En concreto, el instructor quiere esclarecer si realizaron juntas desplazamientos a Londres para realizar gestiones relacionadas con una cátedra universitaria.
La falta de colaboración de las investigadas ha provocado, según el juez, un retraso en el desarrollo de la investigación. Peinado trata de determinar si Begoña Gómez habría utilizado a una trabajadora adscrita a la Presidencia del Gobierno para actividades vinculadas a sus negocios privados, lo que podría constituir un uso irregular de recursos públicos. Las defensas de ambas tampoco han facilitado la documentación solicitada, lo que ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 a dictar una providencia solicitando la intervención de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla.
En el escrito judicial, fechado el 12 de enero, el magistrado deja constancia de que “no habiéndose aportado por las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez los pasaportes expedidos a su nombre a día de la fecha”, se ordena oficiar a la Unidad Adscrita de Policía Judicial para que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta ese momento tras el requerimiento efectuado de manera personal a las investigadas. Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante el propio Juzgado de Instrucción número 41.
La defensa de Cristina Álvarez ha reaccionado públicamente a esta decisión. Su abogado, José María de Pablo, ha recordado en un mensaje publicado en la red social X que la jurisprudencia prohíbe a los jueces de instrucción exigir a los investigados la aportación de documentos, al considerar que dicha exigencia vulnera el derecho fundamental a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo.
Paralelamente, el juez Peinado ha dado traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los informes remitidos por las empresas Google y Devoteam en relación con las reuniones vinculadas a los proyectos en los que habría participado Begoña Gómez.
En su informe, Google señala que, tras revisar la información disponible, no constan actas formales de dichas reuniones, aunque no descarta que se produjeran encuentros o contactos entre los participantes. La compañía explica que existió un seguimiento del proyecto mediante reuniones periódicas, con una frecuencia semanal y asistencia variable, centradas en analizar la evolución de los trabajos. Según precisa, este tipo de encuentros no suele generar actas oficiales salvo que alguna de las partes decida elaborarlas expresamente.
Por su parte, Devoteam Drago asegura haber entregado toda la documentación de la que dispone y enmarca el proyecto como un trabajo desarrollado junto a distintos socios, cada uno con responsabilidades concretas en áreas como el desarrollo técnico, la analítica o el diseño. La empresa añade que la coordinación global del proyecto se llevaba inicialmente desde la Universidad Complutense de Madrid y que, con posterioridad, se incorporó Deloitte como responsable de la coordinación general.
